Cohesionar España y Europa

La Comisión Europea presentó la semana pasada su propuesta de Redes Transeuropeas de Transportes, cuya valoración para España ha de ser muy positiva, ya que recoge todos nuestros planteamientos: el establecimiento de una red mallada, la necesidad de impulsar la interoperabilidad y el establecimiento de objetivos basados en la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental.

Tras años de intenso trabajo, en el que España ha participado muy activamente, estamos asistiendo, sin duda, al que es el ejercicio de planificación más importante que se ha realizado nunca a nivel europeo en el ámbito del transporte.

En el caso español, esta planificación nos va a exigir la realización de un segundo gran esfuerzo modernizador para nuestro país, que además nos va a permitir superar la visión del viejo modelo radial defendida en 2003. Una visión que excluía a importantes partes de nuestro territorio en la planificación de las infraestructuras de transporte.

La propuesta de la Comisión prevé un modelo basado en una Red Global y en una Red Básica, ambas complementarias e interdependientes entre sí, que, en el caso español, abarca de una forma ordenada y coherente el conjunto del territorio nacional.

Entre otros proyectos incluye el Corredor del Mediterráneo, que engloba lo que a nivel interno hemos denominado como Corredor Mediterráneo y Corredor Central, y que entra en España por Figueres y discurre hasta Algeciras y Sevilla bifurcado en dos secciones.

En este punto me gustaría destacar que hemos conseguido que la Comisión lo incluyera en su propuesta, después de que en 2003 el propio Gobierno de España lo descartará como corredor prioritario. Un hecho incomprensible teniendo en cuenta que es un eje estratégico para Europa, al permitir la conexión del sur con el centro y norte del Continente, y, por supuesto también para España, al atravesar cuatro comunidades autónomas que engloban nada menos que el 40% de la población española y el 40% del PIB nacional.

Asimismo, se incluye un eje Lisboa-Estrasburgo, que en España comprende el denominado Corredor Atlántico y que vertebra todo el oeste español, desde la frontera portuguesa hasta Irún. Además, la Comisión recoge específicamente lo que denomina “otras secciones” de estos corredores de la Red Básica, en las que se encontrarían las conexiones a Galicia y a Asturias, así como el tramo Valencia-Bilbao que denominamos Corredor Cantábrico Mediterráneo, y el tramo Madrid-Valencia de lo que denominamos Atlántico-Mediterráneo. Todo ello supone hacer realidad un mapa mallado con cinco grandes corredores multimodales (Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo y Atlántico-Mediterráneo) conectados entre sí y que, en algunos casos, comparten algunos tramos.

Por otra parte, quisiera destacar que en la red global sigue incorporada a las redes transeuropeas la Travesía Central de los Pirineos, cuyos primeros estudios se están desarrollando actualmente, y que ha incluido la línea Pau-Canfranc, cuya reapertura hemos acordado impulsar con el Gobierno francés.

Esta inclusión nos permitirá seguir accediendo a financiación comunitaria para continuar realizando los estudios necesarios para su construcción, con el objetivo de incluirlo en la red Básica en el año 2023.

Además, en el marco del Reglamento financiero que también ha presentado la Comisión hemos elaborado un cuadro detallado con todas las actuaciones que deberán emprenderse para cumplir con las previsiones de la Red Básica en España durante el periodo 2014-2020. En concreto, la cantidad de inversión prevista es de 49.809 millones de euros para ese periodo, es decir, una cifra aproximada de 7.000 millones de euros por año, cantidad realista ante las ajustadas estimaciones de gasto que la actual coyuntura económica nos permite suponer.

En el marco de las ayudas contempladas por la Comisión para el periodo 2014-2020, España deberá ser diligente, como lo ha sido hasta ahora, para conseguir el mayor número de fondos para los diferentes proyectos.

Con el cumplimiento de estas previsiones, el Gobierno prevé que en el entorno de 2020 estén prácticamente finalizadas todas las infraestructuras incluidas en la red básica. Es decir, diez años antes del plazo máximo fijado por la Comisión.

En definitiva, lo que hemos planteado es un compromiso de Estado, con plazos concretos, con presupuestos verificables, con voluntad de cumplimiento. Pero es, sobre todo, un compromiso con el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos y empresas, independientemente de donde vivan. El Gobierno de España entiende que solo así, sumando y no enfrentando, ganaremos todos.

Por José Blanco, ministro de Fomento.

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