Colombia, la paz es el camino

Mi abuelo Antonio Torregrossa, un catalán exiliado de la guerra civil española, fue asesinado por unos sicarios cuando salía de un juicio en el que había defendido a dos sindicalistas. Fue la época del estallido de la violencia. Huyó de una guerra y murió en otra. En Colombia son muchas las familias que tenemos víctimas a causa de la violencia.

El conflicto armado colombiano deja al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y el 2014, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Imaginen frío, terror, angustia, muerte. Palabras que por sí solas provocan desazón pero que juntas suponen un dolor constante. El conflicto armado de Colombia las reúne todas. El primer recuerdo que tengo del conflicto es la imagen de una familia desplazada de sus tierras pidiendo limosna por las calles de Bogotá. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, por uno u otro bando, a veces sin ni siquiera saber a ciencia cierta quién había sido el causante de sus desgracias. En cualquier caso, despojadas a golpe de fusil de sus derechos, de su identidad, de su presente y de su futuro. Campesinos, la gran mayoría mujeres, niños y niñas, obligados a vagar por las zonas urbanas. Víctimas del odio de la guerra y de la estigmatización, a menudo calificados como intrusos o indigentes. Víctimas que las propias comunidades no reconocían como sujetos de derechos.

Actualmente, Colombia es el segundo país del mundo en número de desplazamientos forzosos, después de Siria. ¿El Estado? Lejos de ser garante de su seguridad, era el gran ausente. En los años 80 sufrimos la violencia política. Paramilitares, escuadrones de asesinos privados que exterminaron a opositores políticos y asesinatos selectivos para «salvar al país de la amenaza del comunismo».

El mal llamado primer mundo ha contemplado durante décadas como en el mal llamado tercer mundo (o eufemísticamente el mundo en vías de desarrollo) se han sucedido los conflictos y guerras internas. En algunos casos se han creado tribunales especiales para evitar la impunidad de los perpetradores de crímenes de guerra. Para el conflicto colombiano no se creó ningún tribunal, porque Colombia anheló buscar la paz por sí sola, y desde finales de los años 80 anda en ello.

El entonces presidente Belisario Betancur sembró una primera semilla para un proceso de paz. Virgilio Barco entabló diálogos de paz con el grupo M-19. En los años 90 César Gaviria mantuvo encuentros con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Y con Ernesto Samper se activó la participación de la sociedad civil colombiana en los procesos. El pueblo empezaba a soñar con un país sin conflicto armado, hasta que en el 2002, con Andrés Pastrana, se rompieron los Diálogos del Caguán. Con Álvaro Uribe fue el inicio del acabose. Lejos de dialogar con la guerrilla, señaló una estrategia antiterrorista para derrotarla, aniquilarla sin más. De ahí los falsos positivos que está investigando el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que consistían en asesinatos de jóvenes inocentes por parte de algunos miembros del Ejército, que presentaban sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

Con Juan Manuel Santos resurge la esperanza de una Colombia libre, justa y en paz. Después de cuatro años de deliberaciones en La Habana, el Gobierno colombiano y las FARC -la guerrilla de izquierda más antigua del hemisferio occidental- han alcanzado, por fin, un acuerdo para que el grupo deponga las armas y se transforme en una organización política. Esta y otras medidas persiguen una paz duradera.

Ahora que la esperanza ha dejado de ser un nombre y se convierte en verbo, esperancémonos en cerrar un conflicto de más de medio siglo. Es hora de dejar a un lado la avaricia política y los personalismos. No va de egos personales de otrora presidentes. Va de todo un pueblo que ha sufrido y que seguirá sufriendo si no coge las riendas de la construcción de la paz y de la libertad, con optimismo, con un sí que abarque los 1.142.000 kilómetros cuadrados del país.

No se trata de olvidar, se trata de conseguir un verdadero sistema de justicia y reparación, de un modelo para poner en marcha el cese del fuego bilateral y definitivo y el abandono de las armas. Pero sobre todo se trata de creer en que todo es factible y que hay garantías para hacerlo posible. Un país que no conoce su pasado no sabe reaccionar ante el presente y no puede afrontar el futuro.

Erika Torregrossa Acuña, jurista. Profesora criminología en la UB.

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