Colombia necesita el apoyo de Estados Unidos para que la paz perdure

El 29 de noviembre, una niña colombiana de 6 años, Yisely Isarama, murió a causa de una mina en el departamento del Chocó. El mismo día, el senado colombiano votó con 75 votos a favor y cero en contra para ratificar los acuerdos de paz que ponen fin a la guerra de 52 años entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En un microcosmos, los dos acontecimientos encapsulan el pasado de Colombia y su posible futuro.

En el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz que pronunció en Oslo el sábado, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el arquitecto del acuerdo de paz, llamó a la guerra “una pesadilla de medio siglo” que reclamó las vidas de 220.000 colombianos, la mayoría civiles, y alejó a seis millones más de sus hogares. En términos de la población de Estados Unidos, eso se traduciría en 1,3 millones de estadounidenses muertos y 36 millones desplazados. Año tras año, minas terrestres asesinaban o lesionaban a los colombianos a tasas más altas que las de cualquier otro país, con excepción de Afganistán.

Según el acuerdo, los combatientes de las Farc depondrán las armas y se retirarán en el transcurso de 180 días bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Para la mayoría de los colombianos, será su primer día viviendo en una nación en paz. Sin embargo, el acuerdo de paz, que se logró sacar adelante en La Habana tras cuatro años y medio de negociaciones y que se revisó después de perder en un plebiscito, tiene el objetivo de hacer mucho más que silenciar las armas, tan bienvenido como es el final del conflicto.

El acuerdo de paz cierra la brecha entre la división histórica de lo que el presidente Santos llama “las dos Colombias”: la Colombia de los desarrollados, con centros urbanos modernos, y la vasta Colombia empobrecida del interior, donde históricamente ha habido poca o nula presencia gubernamental y, en consecuencia, poca seguridad, justicia, Estado de derecho o acceso a carreteras, servicios de salud y educación. Ahí es donde se peleó la guerra.

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos en el concierto del Premio Nobel de la Paz 2016 en Oslo, el 11 de diciembre Credit Vegard Grott/European Pressphoto Agency
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos en el concierto del Premio Nobel de la Paz 2016 en Oslo, el 11 de diciembre Credit Vegard Grott/European Pressphoto Agency

Para cerrar esta brecha, el gobierno se ha comprometido a implementar un programa de gran alcance de desarrollo rural para la población, en su mayoría campesina, que incluye reparto de tierras, títulos de propiedad, créditos, carreteras y programas de sustitución de cultivos. Para permitir que la tierra de cultivo se trabaje con seguridad, deben quitarse las minas terrestres.

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, que está supervisando que se haga cumplir el acuerdo, informa que la mitad de todos los acuerdos de paz negociados fallan y el conflicto se reanuda. Los que tienen éxito abordan no solo la seguridad, sino también las raíces sociales y económicas de la guerra. El instituto dice que el acuerdo de Colombia atiende las raíces de la guerra de forma más integral que cualquier otro acuerdo negociado.

No es casualidad. Más que en ninguna otra negociación de un conflicto, Colombia puso a las víctimas al centro del proceso. Los problemas de las víctimas no solo estaban sobre la mesa, sino que las víctimas mismas estaban ahí, con frecuencia y a menudo, haciendo valer sus derechos y preocupaciones. Por ello, el acuerdo estipula que los peores responsables de las atrocidades de la guerra, ya sean guerrilleros, paramilitares o actores estatales, deben confesar sus crímenes, reparar el daño y aceptar sentencias que incluyen hasta ocho años de “justicia restaurativa”, por la que harían actividades que incluyen quitar minas terrestres, lo que resulta aceptable para las víctimas, así como “restricciones efectivas a la libertad”. Se debe indemnizar o permitir el regreso a sus hogares a los desplazados y, en la medida de lo posible, los restos de los desaparecidos deben identificarse y entregarse a sus seres queridos.

Para cumplir con estos y otros compromisos, el gobierno debe crear programas y políticas de gran alcance que costarán miles de millones de dólares y que requerirán años para llevarse a cabo. Se debe establecer un sistema de justicia transicional, una comisión de la verdad, así como unidades de investigación y protección para salvaguardar la vida de los excombatientes retirados y los activistas de derechos humanos.

Colombia llevará a cuestas la carga más pesada, pero la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, debe continuar ayudando.

Estados Unidos no tiene a otro socio estratégico más cercano en América Latina que Colombia, y sus intereses en la región están entrelazados. Los instructores y tropas colombianos están trabajando en la actualidad con sus contrapartes estadounidenses para ayudar a México y a los países del Triángulo Norte de Centroamérica —El Salvador, Guatemala y Honduras— a combatir la violencia de los carteles del narcotráfico que están ocasionando el incremento del flujo de refugiados, principalmente de menores solos. Si, a su vez, con ayuda de Estados Unidos, Colombia puede revertir su reciente incremento de producción de hoja de coca, quitará presión a los gobiernos e instituciones asediados del Triángulo Norte.

Hace dos décadas, Colombia estuvo a punto de ser derrocada por los ejércitos de guerrilleros, paramilitares y carteles de narcotráfico. Los colombianos, a un costo muy elevado, contraatacaron, fortalecieron sus instituciones democráticas y crearon la oportunidad de paz que vemos hoy. Los líderes y los ciudadanos colombianos merecen la mayor parte del crédito. Sin embargo, el apoyo bipartidista continuo y sostenido de Estados Unidos y la asistencia de dieciséis años a través del Plan Colombia hicieron una diferencia fundamental.

Si el acuerdo de paz tiene éxito, Colombia emergerá como la democracia más fuerte de América Latina, y se convertirá en un modelo político y económico para la región. Al igual que en el pasado, Estados Unidos deberá ayudar a Colombia a alcanzar esa meta con apoyo bipartidista continuo. La aprobación del presidente Obama de una solicitud de 450 millones de dólares en el año fiscal 2017 para un programa de asistencia económica llamado Paz Colombia enviará al hemisferio, donde el apoyo al proceso de paz de Colombia es universal, una señal alentadora de que Estados Unidos sigue siendo una nación poderosa.

En septiembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado John Kerry y su contraparte noruego, Borge Brende, aseguraron compromisos por 106 millones de dólares de una coalición de 25 países para ayudar a Colombia a limpiar sus minas terrestres para 2021. El presidente Santos mostró al grupo un panfleto que enseña a los niños colombianos cómo esquivar minas terrestres camino a la escuela.

Santos manifestó que soñaba con el día en que dichos panfletos enseñaran solo ciencia, artes, matemáticas o poesía a los estudiantes colombianos, cuando Colombia ya estuviera libre de minas terrestres. Ayudar a hacer ese sueño realidad sería un homenaje adecuado para Yisely Isarama.

Bernard Aronson, enviado especial de Estados Unidos al proceso de paz en Colombia, fue subsecretario de Estado para asuntos interamericanos de 1989 a 1993.

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