Colombia nunca erradicará la producción de coca desde el aire

Un oficial de la policía antinarcóticos prueba un vehículo táctico para rociar herbicidas sobre un cultivo de coca en Tumaco, al sur de Colombia, en abril de 2018. (Fernando Vergara/AP)
Un oficial de la policía antinarcóticos prueba un vehículo táctico para rociar herbicidas sobre un cultivo de coca en Tumaco, al sur de Colombia, en abril de 2018. (Fernando Vergara/AP)

Cuatro años después de que Colombia suspendiera la polémica estrategia de fumigación aérea para erradicar los cultivos de coca, el presidente Iván Duque tiene intenciones de reiniciarla. Su gobierno ha planteado la necesidad de reactivarla —con el no tan sutil apoyo del gobierno de los EE.UU.— en un momento donde la producción de coca ha alcanzado niveles históricamente altos a pesar del esfuerzo de su antecesor, Juan Manuel Santos, de negociar los Acuerdos de Paz en 2016 para dar carpetazo a 52 años de guerra civil. Y aún cuando el mes pasado, la Corte Constitucional de Colombia decidió ratificar las restricciones para fumigar cultivos de coca desde el aire —decisión dictada a través de la sentencia T-236, prohibiendo al gobierno la implementación de dicha estrategia a menos de que se cumplan seis protocolos específicos— la interpretación de la sentencia deja una puerta abierta para que Duque reanude la fumigación.

El Acuerdo de Paz suscrito por Santos estaba destinado a proporcionar a los agricultores y excombatientes una ruta para insertarse en la economía legal, dejando atrás la producción de narcóticos como medio de sustento. Pero la estrategia hasta ahora ha fracasado. Sin los recursos ni la atención prometidos por la Reforma Rural Integral como elemento clave del plan, la fumigación aérea no será suficiente para reducir la producción de coca a los niveles registrados antes de que Santos asumiera el poder.

Proporcionar opciones legales para los agricultores colombianos que cultivan coca —el ingrediente base de la cocaína— es esencial. De acuerdo con Daniel Mauricio Rico Valencia, ex-asesor de políticas antinarcóticos del Ministerio de Defensa de Colombia, hasta el el 2017, al menos 200,000 familias recibieron un ingreso directo del cultivo de coca. Para estos agricultores, fumigar con glifosato —un concentrado del herbicida Roundup utilizado por hogares en los Estados Unidos para cortar el césped— significaría eliminar su principal cultivo comercial, y seguramente, otro tipo de cultivos legales derivado de la dispersión de la sustancia química a causa del viento.

Según el informe emitido en 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el cultivo de coca alcanzó la cifra más alta jamás registrada en 2017, cubriendo un total de 171,000 hectáreas, lo que equivale a un aumento de 25,000 hectáreas o 17 por ciento respecto al año anterior. El mayor aumento (64 por ciento) se registró en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Sin embargo, el optar por la extracción manual de cultivos —una estrategia complicada tanto por la ubicación lejana de los cultivos, como por el conflicto emergente en zonas rurales— en vez de la fumigación aérea no explica de manera exclusiva este aumento acelerado.

Además de la decisión del Tribunal Constitucional de detener la fumigación, Santos de cierta manera también dio un paso atrás en la lucha contra la producción de coca, a través sus firmes negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para asegurar la paz, siendo que muchos de los ex-combatientes participaron activamente en la protección de agricultores de coca, o bien produjeron y despacharon el producto final, la cocaína. Por otro lado, en un esfuerzo por mantener sus conversaciones de paz andando, Santos también evitó emitir crítica alguna sobre el presidente izquierdista Nicolás Maduro al mismo tiempo que este destruía por completo la institucionalidad en Venezuela, reprimiendo a su gente y llevando a la economía del país al caos. ¿La razón? Tanto Maduro como su predecesor, Hugo Chávez, al ser aliados de las FARC, ofrecían un refugio seguro para el grupo guerrillero, incluso permitiendo que Venezuela se convirtiera en un importante punto de transbordo de cocaína hacia otros mercados.

Para Santos, las concesiones logradas en el corto plazo generarían las condiciones para asegurar la paz en el largo plazo (y el Premio Nobel). Pero ese plan se quedó corto en dos áreas clave. Por un lado, el acuerdo de paz de 2016 no logró desmovilizar completamente a los ex-guerrilleros para luego integrarlos en la economía legal. Según un informe publicado recientemente por Global Americans y la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green de la Universidad Internacional de Florida sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, se estima que unos 3,000 militantes, algunos de ellos nuevos reclutas, han regresado a prácticas ilícitas y violentas, en lugar de incursionar en oficios de panaderos, barberos o pequeños agricultores.

Al mismo tiempo, los programas necesarios para desalentar a los agricultores de seguir produciendo coca carecen de fondos suficientes. El Ministerio de Hacienda de Colombia estima que el país necesitaría $40 millones de dólares (129.5 billones de pesos colombianos) durante los próximos 15 años para desarrollar la aislada economía rural e incentivar mercados alternativos y legales para reemplazar a la coca. Pero hacia finales de 2018, la Contraloría General de la República advirtió que faltarían aproximadamente $24 millones de dólares para cumplir con todos los compromisos acordados en el plan. Entre los programas más afectados se encuentra la ambiciosa Reforma Rural Integral para la sustitución de cultivos y la redistribución de la tierra. El Fondo de Tierras, creado mediante los acuerdos de paz para redistribuir la propiedad de la tierra entre los pequeños agricultores, ha registrado oficialmente solo 200,000 hectáreas (menos del 7 por ciento) de las 3 millones de hectáreas que se supone registrará para el 2028.

La decisión final de reanudar o no la fumigación recae en el Consejo Nacional de Estupefacientes, encargado de determinar si el programa de gobierno cumple con los seis protocolos exigidos por el Tribunal Constitucional en 2017. Uno de ellos requiere demostrar que la fumigación no causa daños directos a la salud ni al medio ambiente. Pero la reciente ratificación de la corte, que abre a la interpretación este protocolo, podría proporcionar al gobierno la luz verde necesaria para reiniciar el programa.

Los riesgos a la salud provocados por el glifosato han sido objeto de estudio, debate y regulaciones durante años. La Organización Mundial de la Salud catalogó al glifosato como un «probable carcinógeno humano», y en 2017, el estado de California agregó al concentrado a su lista de sustancias químicas que provocan el cáncer. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, sin embargo, determinó a finales de 2017 que «no era probable» que el glifosato causara cáncer en los seres humanos. Una revisión dirigida por científicos de la Universidad de Washington, publicada en febrero pasado, encontró que los trabajadores agrícolas que usaban grandes cantidades de glifosato presentaban un riesgo 41 por ciento mayor de contraer linfoma no-Hodgkin (NHL) durante toda su vida, contra las personas que lo usaban con poca frecuencia o no lo utilizaban en lo absoluto.

En esta discusión, se ha dejado de lado también los efectos a la salud y el medio ambiente de la producción de cocaína en sí. Uno de los ingredientes clave para convertir la coca en cocaína es la gasolina; se necesitan aproximadamente 75 galones de combustible para producir un kilogramo de pasta de coca. La gasolina y otros productos químicos utilizados en la producción de cocaína, se tiran a los ríos u otros cuerpos de agua cercanos, y por ende contaminan las fuentes locales de agua y alimentos. Esto sin mencionar las otras actividades ilícitas, destructivas —y a menudo inhumanas— asociadas con la producción y venta de cocaína, incluido el tráfico de personas, la minería ilegal y la violencia.

Dado el continuo aumento en la producción de coca, Duque, cuya popularidad rebasa apenas el 20 por ciento, deberá tomar una decisión pronto. De optar por reanudar la fumigación aérea, deberá reconocer no solo los riesgos de la fumigación per se, sino también los riesgos de la producción y el tráfico de cocaína para la seguridad y la política de Colombia.

El hecho de aniquilar plantas de coca mediante la fumigación, sin proporcionar ninguna fuente alternativa de ingresos o acceso a mercados lícitos para vender otro tipo de productos, solo aumentará la pobreza en las zonas rurales ya afligidas de Colombia, justificando también por qué varios gobernadores estatales se oponen a la reanudación de la fumigación. Las FARC y los narcotraficantes facilitaron a los agricultores una fuente de ingreso, recogiendo y transportando cultivos, con una retribución en efectivo. Esto significa que aunque se erradiquen por completo los cultivos de coca con glifosato, se requerirá mucha más inversión para igualar el incentivo monetario proporcionado por las FARC a los agricultores, pero hacia cultivos legales. Irónicamente, las concesiones hechas por Santos para asegurar la paz podrían terminar socavándola, si la producción de coca, los grupos criminales y la crisis venezolana no se abordan rápidamente.

Christopher Sabatini es profesor en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, director ejecutivo de Global Americans y senior fellow para América Latina en Chatham House en Londres. Victoria Gaytan es gerente de programas en Global Americans.

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