Colombia resiste

Frente a la inminencia de un acuerdo definitivo para cerrar el conflicto armado en Colombia entre el Gobierno de ese país y las FARC-EP, hace unos meses, el ex Presidente Álvaro Uribe llamó a la “resistencia civil” del pueblo colombiano. La resistencia civil se ha visto. Lo singular de su propósito es que, en la historia, ese tipo de acciones políticas se han desarrollado contra la discriminación o la tiranía, jamás contra la paz. Nunca en la historia de los procesos de paz en el mundo (como en Irlanda del Norte, El Salvador, Sudáfrica, Liberia, Nepal o Filipinas, entre otros) se ha visto a un popular dirigente político tan radical en su contra.

La “oposición sistemática” a los acuerdos de la Habana, como los miembros del Centro Democrático (partido político del dirigente de derechas) han definido el movimiento, no es algo novedoso para esa agrupación política que ha estado en oposición a Santos por su viudez de poder, pero es legítima. Divulgar mentiras e interpretaciones amañadas, además de premoniciones subjetivas y argumentos que explotan y promueven el temor, no lo es.

El acuerdo final es la integración de los más específicos acuerdos entre las partes respecto a los seis puntos de una agenda pactada en 2012, denominada “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Dichos puntos son: Política de desarrollo agrario integral; Participación política; Fin del conflicto; Víctimas del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas e Implementación, verificación y refrendación. Todo muy serio, todo muy claro.

El acuerdo de desarrollo agrario lejos de atentar contra la propiedad privada es una evolución hacia la formalización de la tierra bien habida, como lo ha señalado el ex Ministro conservador Juan Camilo Restrepo. El acuerdo sobre participación política no significa la entrega del poder al castrochavismo sino la garantía a todos los ciudadanos (sí, las FARC y sus bases son y se reconocerán, tras la firma, como ciudadanos colombianos) para participar en política sin un exterminio de por medio. El acuerdo sobre drogas ilícitas no supone que el país ‘nadará’ en cocaína, sino cambiar el paradigma en una guerra perdida y que se dé una verdadera sustitución de cultivos. Y el acuerdo sobre víctimas no es un acuerdo de “impunidad total”, porque conduce a los responsables de crímenes atroces como la violencia sexual, las masacres y el secuestro, entre muchos otros, ante jueces de la República para que respondan por sus hechos.

Por si fuera poco, es la primera vez en la historia moderna de la humanidad que un grupo armado organizado y un Gobierno democráticamente constituido acuerdan la creación de un modelo de justicia penal para que los responsables de crímenes internacionales respondan por ellos ante jueces independientes elegidos por entidades del más alto reconocimiento y dignidad nacional e internacional.

Con todo, mientras la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, el Vaticano, el FMI, el Banco Mundial, la OEA y las Naciones Unidas, por mencionar algunos, celebran los esfuerzos de paz, en Colombia algunos corren a sus trincheras. Algunos se cobijan bajo la falsa creencia de que en Colombia la ignorancia impera y bombardean de miedo al pueblo para blindar sus evidentes intereses particulares. Esos mismos intentan asustar con la intervención en Colombia de la Corte Penal Internacional, cuando la realidad revela que el Fiscal adjunto ante ese tribunal ha afirmado que es posible la reducción de las penas, si hay “reconocimiento de responsabilidad, desmovilización, desarme, garantía de no repetición, participación plena en los mecanismos de la verdad”, precisamente lo acordado en el punto de víctimas. Y pagará cárcel quien no cuente toda la verdad como lo quieren las víctimas, ni contribuya a la reparación de los daños causados. En todos los casos, los victimarios tendrán que verse acorralados por sus víctimas, quienes les enrostrarán el dolor y sufrimiento que les han causado. A veces, como decía Giorgio Agamaben, la pena es el juicio.

Otros señalan que la guerrilla tiene billones de dólares para financiar su inexorable llegada al solio de Bolívar, pero no dicen que los acuerdos prevén explícitamente un compromiso para que las FARC-EP contribuyan a la reparación material de las víctimas sobre la base de lo encontrado por el modelo de justicia penal creado.

Los acuerdos no son sino la confirmación y el fortalecimiento del estado social de derecho planteado en la Constitución Política de 1991 como una luz de esperanza en medio de la oscuridad creada por la violencia y los Carteles. Implican la profundización de la democracia, y en ellos se evidencian elementos de juicio suficientes para no dejar pasar esta oportunidad histórica. Y, en la vida, las oportunidades son para aprovecharlas.

En definitiva, es hora de la resistencia civil. Colombianos, ¡a la resistencia civil! pero frente a la guerra, frente a los discursos que aprovechan el terror y la incertidumbre, pero no frente a una paz que es posible gracias a un acuerdo histórico, viable, serio, reconocido internacionalmente y respetuoso de los derechos de las víctimas pero que permite conseguir -a mi parecer, en un ejercicio quizás presuntuoso-, los sueños por excelencia de los colombianos: el fin de las FARC, el fin del conflicto armado interno (el más prolongado en el hemisferio occidental) y la paz. Si, la paz. La paz de Colombia.

Juan Manuel Martínez Rojas pertenece al Centro Internacional para la justicia Transicional, en Bogotá.

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