En momentos de incertidumbre, sobre todo cuando hay mucho en juego, Colombia siempre puede contar con la irresponsabilidad de sus líderes. Así ocurrió en los días previos al 26 de mayo, cuando los colombianos nos preparábamos para votar en la primera vuelta de estas elecciones con cuyos resultados ambiguos estamos tratando de lidiar. En ese país atemorizado por los unos y exacerbado en sus ánimos oscuros por los otros, no se les ocurrió a algunos políticos mejor idea que agitar con todas sus fuerzas los fantasmas del fraude y la conspiración. Y uno se tiene que preguntar si no están viendo la misma realidad que vemos otros, donde las redes sociales ya viven su propia versión de un enfrentamiento civil y donde a veces parece que sólo faltara una chispa de nada para lanzarnos a un incendio mayor.
Así fue como el expresidente Andrés Pastrana, experto en desperdiciar cada buena ocasión de quedarse callado, creyó oportuno denunciar sin una sola prueba un “golpe de Estado” en curso y exigirle al presidente Iván Duque que lo detuviera. El golpe, según Pastrana, se estaría dando por medio del software de la compañía cuyas máquinas contaron los votos, y los que hemos tenido el infortunio de seguir muy de cerca la política estadounidense pensamos de inmediato en la teoría análoga de Trump: que las máquinas contadoras estaban conspirando con los demócratas y la Venezuela de Maduro para falsear los resultados. Por otra parte, Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, denunció en el cierre de su campaña que había en el Gobierno de Duque un plan para suspender las elecciones: un “golpe al voto popular”, lo llamó, una semana antes de convertirse en el claro ganador de la primera vuelta. Por supuesto que nada de eso ocurrió: al día siguiente de las elecciones, la gran noticia aparte del resultado fue la sorprendente normalidad del conteo.
Pero quedaron sembradas las semillas de la discordia, y ahora, cuando nos acercamos a la segunda vuelta, esos fantasmas toman un carácter todavía más amenazante. Contra todos los pronósticos, el contendiente de Gustavo Petro no será Federico Gutiérrez, el candidato que agrupó a las fuerzas más tradicionales de la derecha, incluidas las más intolerantes y violentas, sino Rodolfo Hernández, un populista de manual al cual me referí con más detalle hace una semana. Este personaje de ignorancia notoria convenció a millones de incautos con una sola cantinela sin ideas: acabar con la corrupción. En un país que hace mucho tiempo perdió la confianza en su clase política, este hombre de temperamento irascible y lenguaje de matón de barrio (hay vídeos en los que propina una cachetada a otro político y audios en los que amenaza a alguien con pegarle un tiro) se convirtió, por arte de TikTok, en una alternativa viable, sobre todo para millones de votantes que nunca se han dejado incomodar por eso que llamamos cultura política: las varias preguntas, algunas muy difíciles, que nos hacemos para llegar a una conclusión cualquiera sobre el país que queremos.
Y el problema, a pocos días de las elecciones, es que las encuestas más recientes hablan de empate técnico entre los dos candidatos. Esa situación, en un escenario convulsionado y tirante, puede convertirse en un verdadero estallido social si los que son percibidos como líderes no echan mano de la moderación y la sensatez en proporciones que hasta ahora no han demostrado. Por eso es tan importante la presencia entre nosotros de Humberto de la Calle, el jefe de los negociadores de esos acuerdos de paz que se han convertido para mí en el mayor de los desvelos. De la Calle, una de las pocas figuras de nuestra política que conserva intacta su autoridad moral, acaba de lanzar un documento abierto de acuerdos mínimos con la intención de que no se pierda, en la maraña de nuestros enfrentamientos mezquinos, la única cosa en la que se ha puesto de acuerdo la mayoría: la jubilación (por decirlo con cariño) de la clase política tradicional. Para consolidar esa exigencia de cambio, De la Calle propone que los candidatos acepten una especie de pacto de seis puntos: seis propuestas para el próximo cuatrienio.
¿Y cuáles son? Por ejemplo, aceptar los resultados de las elecciones sin alentar rumores de fraude; por ejemplo, respetar la Constitución y sus mecanismos en caso de cualquier inconformidad. Tan frágil es la situación de nuestra democracia, a juzgar por los ánimos que se sienten, que estas propuestas suenan hoy como un acto de osadía digno de un verdadero estadista. (Claro, De la Calle está asumiendo el liderazgo que no tiene, pero debería tener, el presidente Duque). Otras propuestas tienen nombre propio, aunque no se mencione. Lo de “preservar el modelo de economía abierta” va dirigido a Petro, que se ha labrado a pulso la fama de verlo con malos ojos; lo de decretar estados de excepción únicamente “con sujeción estricta a las normas constitucionales”, en cambio, va dirigido a Hernández, que absurda y peligrosamente ha amenazado con empezar su gobierno decretando la Conmoción Interior: una figura que le permitiría suspender la Constitución durante 90 días.
La quinta de las seis propuestas de Humberto de la Calle es la que más me interesa, y de alguna forma todo este artículo era una manera de comentar este punto. Allí se hace, en poquísimas palabras, un verdadero programa de gobierno que me ha llenado de melancolía por el hecho simple de que no sea De la Calle el candidato. Pues bien, uno de los compromisos que el documento les pide a los que sí lo son, a los dos que irremediablemente se disputarán la presidencia en poco más de una semana, es la aplicación íntegra de los acuerdos de paz que se firmaron en el Teatro Colón. Otros votarán con distintas prioridades en mente; para mí, este aspecto de nuestros desacuerdos es de una importancia definitiva. Si la primera vuelta de las elecciones dejó algo en claro, aparte del repudio de la clase política de siempre, es la transformación brutal que ha ocurrido en el país desde aquel malhadado plebiscito de 2016 que sigue marcando nuestras vidas.
En aquellos días, una campaña de mentiras y desinformación inventada de cero por la derecha uribista sembró divisiones innecesarias entre nosotros, calumnió el proceso de paz y puso a los ciudadanos en su contra, y estuvo a punto de sabotearlo por completo. Ahora, cuando el tiempo ha pasado y la gente se ha dado cuenta de que las acusaciones de los enemigos del proceso eran mentiras grotescas —ni el país ha caído bajo el castrochavismo, ni ha desaparecido la propiedad privada, ni los acuerdos han destruido la familia cristiana—, resulta que todos los candidatos con posibilidades reales han prometido defenderlo. Más allá de la honestidad o la hipocresía con que lo dijeran, eso fue lo que todos creyeron conveniente decirles a los ciudadanos: porque eso era lo que los ciudadanos, o al menos su amplia mayoría, querían oír. Para los que hemos defendido desde el principio las negociaciones y los acuerdos, ver este cambio es una satisfacción enorme; para los que han arriesgado la vida (o la han perdido) tratando de llevar los acuerdos a la realidad, es una vindicación.
El presidente actual llegó al poder hace cuatro años sobre la desconfianza o el franco rechazo que una mayoría aparente sentía contra los acuerdos; el presidente que viene comenzará su gobierno bajo el mandato claro de implementarlos. En este país que nunca se mueve, o que tantas veces ha preferido moverse hacia atrás, esto parece ser una buena noticia.
Juan Gabriel Vásquez es escritor. Su último libro es Los desacuerdos de paz (Alfaguara).