Machado decía que podía tener aprecio por los conservadores siempre que no fueran como el sarnoso que lo que quería conservar era la sarna. Los llamados "paramilitares" colombianos corresponden a esta categoría. Grupos armados promovidos por terratenientes y ganaderos inicialmente para enfrentarse a la guerrilla que se han convertido de hecho en una fuerza política vinculada a algunos sectores del "uribismo" (el conglomerado heterogéneo que apoya al presidente Uribe) y que representan el peor conservadurismo colombiano: la violencia masiva para defender los privilegios más anacrónicos y clasistas de la sociedad rural y su influencia sobre el Estado.
Escribo desde Bogotá, donde los medios de comunicación, en especial los semanarios Semana y Cambio, han confirmado y divulgado algo que se sabía y comentaba pero que no trascendía a la escena pública: las estrechas relaciones entre paramilitares y políticos de los ocho partidos que constituyen el uribismo institucional. Una veintena de senadores y diputados están ya detenidos, procesados o sometidos a investigación. Y es la punta del iceberg puesto que por ahora sólo se ha investigado la región atlántica a partir de las declaraciones de un funcionario de la DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Se supone que en otras regiones se repetirá la historia. Evidentemente, no todo el "uribismo" está con los paramilitares pero la influencia de éstos en los aparatos del Estado es ahora indiscutible.
Los paramilitares se han distinguido por su crueldad, han asesinado poblaciones enteras así como a miles de cargos electos y activistas sociales, han establecido estrechas relaciones con el narcotráfico que en buena parte los financia y a la vez se han introducido en la maquinaria política uribista. El último detalle que está en primera plana: la canciller ha intervenido ante la cúpula de la judicatura a favor de su hermano, senador y conocido paramilitar para evitar su procesamiento.
Se ha demostrado que los narcos y paramilitares han financiado campañas políticas de congresistas, gobernadores, alcaldes y otros políticos integrados en el uribismo y han utilizado su capacidad de coacción para forzar el voto en las zonas que controlan, y también su inserción en aparatos del Estado (como la DAS) para organizar el fraude cuando era necesario. Desde el poder regional o local han desviado recursos públicos destinados a la sanidad y obras públicas hacia los paras y las mafias a ellos vinculados. Se ha dado a conocer el documento firmado por cincuenta líderes políticos hoy uribistas de colaboración con los paramilitares en una reunión convocada por éstos en 2001, un año antes de la primera elección de Uribe. Se ha constatado la complicidad o el consentimiento de parte del uribismo con las masacres cometidas por los paras, y ya se han descubierto más de un millar de fosas comunes.
La colusión entre sectores del uribismo (estatal y local), militares, jueces y funcionarios públicos con paramilitares y narcos ha contaminado al conjunto del Estado y les ha garantizado hasta ahora el poder y la impunidad. Pero ahora el edificio se resquebraja. Una mayoría de la Corte Suprema ha reabierto las investigaciones que la fiscalía había suspendido y un fiscal general nuevo ha debido actuar en consecuencia. La máquina de la justicia, con resistencias internas sin duda, se ha puesto en marcha.
Para entender mejor la dialéctica entre violencia y guerra sucia por una parte y democracia y Estado de derecho por otra, pues de todo hay, conviene recordar algunos precedentes. La muerte es una constante en la política colombiana desde el asesinato del líder más popular que ha tenido el país, Jorge Eliécer Gaytan en 1948, hasta el de Luis Carlos Galán cuarenta años después, en ambos casos para impedir su acceso a la presidencia. Candidatos a presidente, electos nacionales y locales, líderes sociales... los asesinados son innumerables. La guerrilla nació en los sesenta como rebelión social. El asesinato sistemático de los que optaban por promover cambios en una sociedad de privilegios y un Estado excluyente la consolidó y radicalizó. A principios de los noventa se forma la UniónPatriótica, coalición de las izquierdas democráticas que obtuvo senadores y diputados y muchas alcaldías y concejalías facilitó que la guerrilla redujera considerablemente su actividad y que sectores de la misma se incorporaran a la política legal. En poco más de un año un millar de electos y de responsables de la UP son asesinados. Y otros muchos deben exiliarse o clandestinizarse para sobrervivir. La guerrilla entonces se reactiva.
Pero en la última década la fuerza del narcotráfico no solo refuerza a los paramilitares al servicio de la derecha más conservadora. También contamina a la guerrilla que pierde progresivamente la legitimidad que había adquirido en importantes sectores de la opinión pública y ahora es percibida como una organización violenta, no democrática y que para muchos parece confundirse por sus métodos con los paras.
El debilitamiento de la izquierda y el liberalismo después de la presidencia fallida de Samper en los noventa (acusado a su vez de conexiones con el narcotráfico y hoy próximo a Uribe) ha conducido a la peor situación posible: en nombre de la paz, la seguridad y la democracia ocupan posiciones de poder unas derechas autoritarias, con ramalazos facistoides, que utilizan a los paramilitares, toleran y se benefician de los narcos, se apoyan en la colusión de sectores del Ejército y de la Justicia con paras y narcos y garantizan la impunidad de todos. El bloque narcos-paras se convierte progresivamente en una fuerza política inserta en las instituciones y en uno de los pilares del uribismo, en el cual los sectores liberales o democráticos cada día parecen contar menos.
Y sin embargo el país va adelante. Ha recuperado tasas anuales de crecimiento del 4% y atrae inversiones. Vive un momento de intensa creatividad cultural, en cine y literatura especialmente. He constatado en múltiples reuniones como se construye un tejido social de base, de organizaciones populares articuladas en muchos casos con alcaldías, que crean espacios de paz y de cooperación. Y Bogotá es hoy una ciudad en plena transformación, que se ha convertido en un centro atractivo para los latinoamericanos.
Y emergen alternativas políticas. EL viejo partido Liberal, democrático, da signos de renovación, con líderes populares como Piedad Córdoba. Y destaca el espectacular desarrollo del Polo Democrático Alternativo, la coalición de izquierdas constituida hace pocos años y que conquistó ya alcaldías (la de Bogotá entre otras) y gobernaciones y obtuvo el segundo lugar en las últimas elecciones presidenciales. Estos días el Polo celebra su congreso. Mas de medio millón de sus miembros han participado en la elección de 2000 delegados y se presenta como una fuerza ascendente y una alternativa real.
La Justicia en marcha difícilmente dará marcha atrás. Se multiplican declaraciones y se comprueban denuncias que se reflejan en los medios de comunicación. El uribismo reacciona histéricamente, algunos de sus dirigentes piden una ley de "punto final" para legalizar los crímenes y mantener sus posiciones, otros proponen disolver la Cámara de Representantes para abrir las puertas a un régimen presidencialista de excepción, hacia una dictadura legal.
Pero a uno le parece que es el uribismo el que está herido, quizás de muerte. La sociedad colombiana, incluso importantes sectores económicos, está perdiendo la confianza en un presidente que hace solo algunos meses obtuvo un fuerte respaldo electoral. El actual proceso de exigencia de responsabilidades políticas y legales puede incluso culminar en el inicio de una actuación institucional y popular que promueva la destitución o fuerce la dimisión de un presidente cuyo discurso sobre la paz y la seguridad se ha demostrado una falacia.
Jordi Borja, geográfo y urbanista.