Las negociaciones para crear una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por su sigla en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos están siendo muy bien recibidas. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que esta asociación es "un premio que se da una vez en una generación", e hizo referencia a las potenciales ganancias de 80.000 millones de libras (125.500 millones de dólares) tanto para la UE como para Estados Unidos, y 85.000 millones de libras para el resto del mundo.
Para un mundo cansado de esperar que culmine de una vez la interminable ronda de negociaciones de Doha de la Organización Mundial de Comercio, hasta una iniciativa de comercio bilateral puede parecer una bendición, sobre todo, como señaló recientemente un editorial del Financial Times, cuando "bilateral" abarca a la mitad de la economía mundial. Pero existe una desventaja importante: el acuerdo podría afectar a los exportadores de los países en desarrollo, a menos que la UE y Estados Unidos hicieran un esfuerzo concertado para proteger los intereses de esos protagonistas.
La característica del pacto propuesto que genera mayor entusiasmo -su foco en las barreras regulatorias como estándares de productos obligatorios- en realidad es la que debería incitar la mayor preocupación. Dados los bajos aranceles en la UE y Estados Unidos -menos del 5% en promedio-, mayores reducciones preferenciales no van a perjudicar seriamente a los de afuera. Pero, cuando se trata de estándares –como los que rigen la seguridad, la salud y el medio ambiente-, los requerimientos de acceso al mercado son brutales y binarios: o alguien cumple con el estándar establecido o no vende.
En consecuencia, las opciones que tienen las empresas de terceros países dependerán de cómo se establezcan los estándares de la TTIP: mediante una armonización (adopción de un estándar común) o un reconocimiento mutuo (aceptación de productos que cumplen los estándares establecidos por ambas partes). La primera opción les permitiría a los productores de todas partes sacar provecho de las economías de escala. Pero, en algunos casos, el estándar armonizado podría ser más riguroso que los estándares originales de algunos países.
Si bien los nuevos estándares se aplicarían a los proveedores de todos los países exportadores, los costos de cumplimiento normalmente varían, lo que significa que aquellos que estén menos equipados para cumplir estándares superiores podrían verse afectados. A fines de los años 1990, cuando la UE decidió armonizar los estándares para las aflatoxinas (un grupo de compuestos tóxicos producidos por ciertos mohos), ocho estados miembro –entre ellos Italia, Holanda y España- elevaron sustancialmente sus estándares nacionales, lo que probablemente haya causado que cayeran las exportaciones africanas de cereales, frutas disecadas y frutas secas a Europa en 670 millones de dólares.
Con un reconocimiento mutuo, la UE y Estados Unidos aceptarían los estándares o los procedimientos de análisis de conformidad de uno y otro, lo que les permitiría a las empresas adherir a los requerimientos menos rigurosos en cada área. Si se extendiera la política a empresas de terceros países, esto tendría un fuerte impacto liberalizador. Por ejemplo, los productores de televisores de Malasia podrían optar por cumplir, digamos, con estándares de seguridad más relajados de Estados Unidos y luego vender el mismo producto en ambos mercados, recogiendo así los beneficios de las economías de escala a la vez que se reducen los costos de cumplimiento.
Por el contrario, si la TTIP excluyera a las empresas de terceros países de la política de reconocimiento mutuo, su competitividad frente a las compañías europeas y norteamericanas se reduciría sustancialmente. De hecho, nuestra investigación demuestra que cuando los acuerdos de reconocimiento mutuo incluyen reglas restrictivas de origen, el comercio intrarregional aumenta –a expensas del comercio con otros países- y los que más sufren son los países en desarrollo.
De hecho, las reglas de origen excesivamente restrictivas demostraron ser problemáticas para algunos de los acuerdos de reconocimiento previos de la UE, como los que rigen los estándares de los servicios profesionales. Mientras que una naranja brasileña autorizada a ser vendida en Portugal se puede vender en toda la UE, un ingeniero o un contador brasileño contratado en Portugal debe cumplir con otros requisitos diferentes de contratación para poder trabajar en otra parte en la UE. Esto afecta la movilidad laboral tan necesaria ya que obliga a los trabajadores no europeos a padecer procedimientos burocráticos costosos e ineficientes.
Es más, cuando se trata de aranceles y estándares, las reglas de la OMC no son equitativas. Si bien protegen a los países excluidos de los acuerdos arancelarios bilaterales o regionales, asegurando de esta manera que los mercados integrados no reciban ventajas adicionales, existen pocas salvaguardas para proteger a los terceros países de las repercusiones de los acuerdos sobre estándares obligatorios.
Inclusive en ausencia de reglas internacionales, la UE y Estados Unidos podrían tomar dos medidas para asegurar que la TTIP no tenga consecuencias adversas para las economías en desarrollo. Primero, podrían permitirles a todos los países recoger los beneficios de un acuerdo de reconocimiento mutuo bilateral al acordar no imponer reglas de origen restrictivas. Segundo, donde sí consideren una armonización, podrían favorecer los estándares originales menos rigurosos, a menos que exista una evidencia creíble de que esto no respaldaría el objetivo regulatorio relevante. Esto es similar a una prueba de la OMC de incumplimientos de estándares internacionales establecidos.
Si la UE y Estados Unidos pusieran en práctica estos dos compromisos, el resto del mundo seguiría las negociaciones de la TTIP con esperanza y no con inquietud.
Aaditya Mattoo is Research Manager of Trade and International Integration at the World Bank.