Cómo abortar en España si eres una mujer migrante

Manifestación del 8M en 2018, en Madrid. Álvaro García
Manifestación del 8M en 2018, en Madrid. Álvaro García

Creo que muchas personas saben que en España, desde el año 2012, las personas extranjeras no pueden acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que las españolas. Lo que no sé es si todo el mundo se ha parado alguna vez a pensar qué supone esta restricción en la vida de las mujeres migrantes que, por diferentes circunstancias de su vida, necesitan abortar.

En España, como en muchos países que tienen despenalizado el aborto, aún persisten barreras que obstaculizan el acceso al aborto en la sanidad pública. Esto sucede a pesar de que, según la ley que regula el aborto, todas las mujeres tienen derecho a acceder a él sin ningún tipo de discriminación. Cuando se trata de mujeres migrantes, surge la siguiente paradoja: ¿cómo van a acceder al aborto sin discriminación si, en primer lugar, no pueden acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones?

El aborto es un servicio de salud que todas las mujeres pueden necesitar en algún momento de sus vidas, muchas veces con urgencia. Para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita, las mujeres migrantes tienen que acceder primero a la sanidad pública, pero este proceso no es fácil si no tienen permiso de residencia. Existen una serie de requisitos que deben cumplir, entre ellos, demostrar que llevan más de 90 días en España. Si no los cumplen (o no lo pueden demostrar), no pueden acceder al aborto gratuito al que tienen derecho por ley. E incluso aunque cumplan los requisitos, realizar los trámites para demostrarlo puede llevarles bastante tiempo, algo de lo que no disponen estas mujeres.

Imaginemos que una mujer no puede demostrar que lleva 90 días en España. Una de sus opciones sería intentar empadronarse y esperar esos 90 días, pero eso supondría estar más de 12 semanas sin atención sanitaria, sin seguimiento al embarazo ni acceso al aborto. Para cuando cumpliera los 90 días probablemente habría excedido el plazo legal de 14 semanas para el aborto libre. Además, para una mujer en estas circunstancias, cualquier tiempo de espera e incertidumbre tiene un impacto terrible sobre su salud física y psicológica.

Un ejemplo de ello es uno de los casos que Women’s Link y la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos en España presentamos hace unos meses en una queja ante el Defensor del Pueblo. En agosto de 2018, en Madrid, una mujer de origen nigeriano, víctima de trata con fines de explotación sexual, en situación administrativa irregular y embarazada de 9 semanas, tuvo que reclamar durante varias semanas a que le expidieran el documento de asistencia sanitaria que le permitía acceder a la sanidad pública y, posteriormente, al aborto. Tras varias denegaciones, gracias al acompañamiento de la Comisión de los Malos Tratos, pudo obtener el documento. Por esta burocracia injusta y discriminatoria, esta mujer estuvo muy cerca de no poder interrumpir el embarazo libremente, al estar cerca del límite de 14 semanas que establece la ley.

Podríamos pensar que esta mujer, al ser víctima de trata, debería haber estado especialmente protegida. Y así era hasta julio de 2018, cuando el gobierno eliminó en un nuevo decreto ley los grupos de vulnerabilidad que existían desde el año 2012 y que permitían asegurar, al menos sobre el papel, la asistencia sanitaria a mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo… Ahora todas las personas migrantes deben cumplir los mismos requisitos, sin excepciones, lo que supone un impacto enorme para las mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad que no pueden conseguir un aborto legal y seguro por otros medios, por ejemplo, pagando la interrupción de forma privada. Para ellas, la sanidad pública y gratuita es su única opción.

Todas estas situaciones nos demuestran que aún queda mucho camino por recorrer para que en España el aborto sea un servicio de salud plenamente asegurado para todas las mujeres, al que puedan acceder en igualdad de condiciones, sin ser discriminadas por su situación migratoria o por cualquier otra razón. Hasta entonces, muchas tendrán que seguir sorteando una carrera de obstáculos que pone en riesgo su salud y en la que el tiempo corre en su contra.

Estefanny Molina es abogada de Women’s Link Worldwide.

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