Cómo acabar con el bloqueo a Gaza

Tema: El presente ARI aborda el bloqueo a Gaza desde una perspectiva histórica y política y describe las opciones de las que dispone la comunidad internacional para poner fin a dicho bloqueo y evitar una nueva escalada del conflicto israelo-palestino.

Resumen: En este ARI se argumenta que no hace falta ninguna comisión de investigación de la matanza de civiles perpetrada en el Mavi Marmara. Lo que hace falta es poner fin al bloqueo, reconstruir la franja de Gaza e implantar controles fronterizos viables que permitan la entrada y salida de bienes y personas de la franja sitiada, sin que ello desate estallidos de violencia que precipiten la vuelta al bloqueo. Describe cómo la política israelí se ha deteriorado hasta prácticamente asfixiar económicamente a Gaza, explica por qué la comunidad internacional ha aceptado dicha política y sugiere qué puede hacerse para invertir dicha situación. Por último, recomienda la reconexión entre la franja de Gaza y Cisjordania como parte de un esfuerzo más amplio por restaurar el sistema político palestino.

Análisis

Cooperación internacional con el bloqueo a Gaza

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha criticado recientemente a los países que solicitan una comisión internacional de investigación de la matanza de civiles en el Mavi Marmara, tildando sus exigencias de “hipócritas”.[1] En realidad, muchos están de acuerdo con él, aunque no por los mismos motivos. ¿Qué es lo que hay que investigar? ¿Qué soldado disparó a qué civil? ¿Si la resistencia mostrada por los civiles a bordo de la flotilla había sido deliberadamente diseñada para matar a los soldados o debe interpretarse más bien como un derecho razonable a la defensa propia? El problema no surgió cuando los soldados tomaron el barco, sino cuando el gobierno israelí decidió bloquear la franja. Si el problema es la legalidad de este bloqueo, ¿por qué se está creando una comisión de investigación? El asunto es más político que legal y, como tal, deberá dirimirse en la esfera política, no en una comisión de investigación, ya sea internacional o de otra índole.

El concepto mismo de una comisión de investigación pretende, precisamente, ocultar el hecho de que la comunidad internacional ha aceptado y colaborado, ya sea de forma activa o pasiva, en el bloqueo israelí a Gaza desde que Israel retirara unilateralmente sus tropas en el verano de 2005. Los países colaboradores incluyen Egipto y la UE, que han enviado inspectores a la frontera entre la franja y Egipto, los países donantes que continúan subsidiando la ocupación israelí de facto de Gaza, quienes suministran ayuda humanitaria a través de Israel, así como los países árabes y representantes del mundo entero que hicieron frente común tras el bombardeo israelí de Gaza (Operación Plomo Fundido) y decidieron financiar su reconstrucción sin condicionar la entrega de fondos al fin del bloqueo israelí.

Los aspectos principales de la conducta israelí son de sobra conocidos, como también lo es la colaboración internacional con su gobierno. Por tanto, resulta sin duda hipócrita centrarse en el violento incidente ocurrido en el Mavi Marmara, por lamentable que éste sea, como si los únicos culpables, en el sentido más amplio de la palabra, fueran los soldados israelíes o a los pasajeros civiles a bordo del barco. La culpa ha de recaer, en primera instancia y por encima de todo, sobre el gobierno israelí, seguido de todos aquellos países que aceptan el bloqueo como una consecuencia legítima del “derecho a la autodefensa” israelí. Ante todo, la flotilla demuestra que la batalla real se libra entre los miembros de la sociedad civil internacional y sus respectivos gobiernos. Los miembros de la sociedad civil se comprometen moral y humanamente a poner fin a este bloqueo ilegítimo y luchan por levantarlo por su cuenta, pese a la colaboración tácita de sus gobiernos con el Estado de Israel. El Mavi Marmara representa una victoria de la sociedad civil sobre sus gobiernos que ha destapado la violencia inherente al bloqueo y conminado a los gobiernos a terminar con dicha colaboración. Netanyahu tiene razón: no hace falta ninguna comisión de investigación. Lo que hace falta es encontrar la forma más rápida de levantar el bloqueo, reconstruir la franja de Gaza e implantar controles fronterizos viables que permitan que personas y bienes entren y salgan de la franja sitiada sin que ello desate estallidos violentos que propicien un retorno al bloqueo. Es necesario reconstruir y volver a conectar Gaza con Cisjordania como parte de un esfuerzo más amplio por restaurar el sistema político palestino. En el presente análisis se describe cómo la política israelí se ha deteriorado hasta prácticamente provocar el estrangulamiento económico de la franja de Gaza, se exploran los motivos que han llevado al mundo a aceptar dicha política y se expone qué puede hacerse para invertir dicha situación.

El objetivo político del bloqueo

La historia comienza con la decisión israelí de retirar unilateralmente sus tropas de la franja de Gaza a finales de 2003 para crear la falsa impresión de que pretendía poner fin a la ocupación y a la colaboración internacional en esta farsa.[2]

En el periodo previo a la invasión estadounidense de Iraq, el presidente George W. Bush trazó un plan político para crear un Estado palestino en 2005 que se conoció con el nombre de Hoja de Ruta. El plan se concibió no tanto para resolver el conflicto histórico entre israelíes y palestinos, sino para contener las críticas arreciadas contra una invasión planificada de Iraq y el apoyo de Bush al ataque israelí que desmanteló la Autoridad Palestina en abril de 2002 (Operación Escudo Defensivo). EEUU presentó este supuesto “plan de paz” para legitimar sus agresivas políticas en Oriente Medio y demostrar que también pueden ser beneficiosas y contribuir a la paz.[3] Una vez ocupado Iraq, llegó el turno de Israel de apaciguar a los palestinos y comenzó entonces la presión diplomática sobre su gobierno para que cumpliera con los compromisos recogidos en la Hoja de Ruta. En tales circunstancias, el entonces primer ministro, Ariel Sharon, diseñó un plan de retirada unilateral (también conocido como Plan de Desconexión) cuyo objetivo no era otro que bloquear el proceso hacia la creación de un Estado palestino.[4]

En el período inmediatamente anterior a la retirada de Gaza, Israel se negó a alcanzar un acuerdo con la Autoridad Palestina y dejó abiertas cuestiones como las relaciones económicas y la seguridad, entre otras. Esto, en sí mismo, hacía presagiar un futuro tortuoso, pero en aquel momento la mayoría de los países se mostraron satisfechos con el hecho mismo de la retirada, sin caer en la cuenta del caos que las tropas israelíes habían dejado deliberadamente a sus espaldas. La atención israelí –y también internacional– se centró entonces en la resistencia de varios cientos de colonos judíos en la franja de Gaza a las órdenes de evacuación de sus hogares, en lugar de pensar en las terribles estrecheces económicas que depararía el futuro para el millón y medio de palestinos que viven en la Gaza y en cómo éstos sobrevivirán sin una circulación libre de personas y bienes por vía aérea, terrestre o marítima.

Huelga destacar que, pese a las frecuentes afirmaciones en contra, el gobierno israelí nunca priorizó las consideraciones de seguridad durante su retirada unilateral de la franja de Gaza y el posterior bloqueo. Sus consideraciones fueron, ante todo, políticas y, en algunos contextos, también económicas, pero en ningún caso estuvieron basadas en la seguridad. El Jefe del Estado Mayor y el Director del ISS (el Servicio de Seguridad Israelí) se opusieron a la retirada unilateral –precisamente porque no tomaba lo suficientemente en serio las cuestiones de seguridad, pudiendo propiciar actos terroristas– y, como consecuencia de ello, fueron retirados de sus cargos antes de que se materializara la retirada.[5] Si el objetivo hubiera sido reforzar la seguridad, se habría suscrito un acuerdo preliminar con la Autoridad Palestina para que ésta controlara las nuevas fronteras e impidiera atentados terroristas contra Israel. Esto hubiera requerido también la libre entrada de personas y bienes en un régimen consensuado de supervisión para evitar el tráfico de armas, en lugar de un bloqueo que terminaría obligando a la población asediada a traficar bienes a través de túneles que, naturalmente, serían utilizados también para el contrabando de armas. Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) saben que no son las flotillas humanitarias las que trafican armas, sino los aproximadamente 700 túneles en funcionamiento que se calcula existen hoy y que no pueden ser controlados.

En un primer momento, el cierre del tráfico en la frontera de Gaza logró satisfacer los intereses económicos de los empresarios y comerciantes israelíes, que deseaban que siguiera vigente el Acuerdo de París de 1994, que impone una “unión aduanera” a los palestinos y obliga a Israel a controlar todos los bienes que cruzan la frontera. El término “unión aduanera” es evidentemente engañoso, porque su traducción sobre el terreno equivale a la aplicación unilateral del acuerdo por parte de Israel, impidiendo que ambas partes salgan beneficiadas. Los palestinos salen perdiendo, pues se les obliga a comprar productos caros de Israel al tiempo que se les impide introducir bienes y mano de obra barata palestina en Israel. La petición israelí de mantener la vigencia de los Acuerdos de París, suscritos en el marco de los Acuerdos de Oslo, está motivada por dos intereses económicos interrelacionados: (1) por un lado, mantener un “mercado cautivo” obligado a comprar los costosos bienes israelíes al tiempo que se impide la importación de bienes baratos a través de Egipto; y (2), por otro, impedir el tráfico de productos baratos a Israel a través del denominado “paso seguro” (a través de territorio israelí) de Gaza a Cisjordania. Aunque algunos expertos en economía recomendaron la revisión del acuerdo y la sustitución de la “unión aduanera” por un área de libre comercio, los empresarios y comerciantes israelíes se mostraron contrarios y su oposición contó con el apoyo del Ministerio de Comercio e Industria.[6] Las negociaciones sobre el tráfico fronterizo, con mediación internacional, comenzaron varios meses después de la retirada y los palestinos fueron obligados a aceptar la aplicación continuada de la “unión aduanera”, sujeta a una supervisión internacional garantizada y a un “paso seguro” entre la franja de Gaza y Cisjordania.[7] Sin embargo, el acuerdo nunca fue plenamente implantado[8] e Israel comenzó a imponer cierres fronterizos para castigar al pueblo palestino por los misiles lanzados contra poblaciones israelíes.

La motivación política de la retirada unilateral israelí sólo se puso de manifiesto tras la victoria electoral de Hamás en las elecciones al Consejo Legislativo Palestino de enero de 2006. Desde entonces, Israel ha boicoteado al gobierno elegido y utilizado el cierre para castigar al pueblo de Gaza no sólo por lanzar misiles, sino también por votar a Hamás. El gobierno israelí se opuso a todo tipo de negociación con el gobierno de Hamás y comenzó a implantar una política de envelopment, o estrangulamiento económico, no sólo al impedir la libre circulación de bienes y personas, sino también la transferencia de dinero a la Autoridad Palestina. Esta política requería de cooperación internacional, algo que Israel obtuvo de EEUU y una serie de donantes europeos. Incluso Egipto, que en teoría debía controlar la frontera conjuntamente con Israel, aceptó en gran medida su política de estrangulamiento.

El bloqueo a Gaza es uno de los legados de las agresivas políticas de George W. Bush en Oriente Medio. Ahora bien, también refleja el temor de los regímenes árabes “moderados”, que se muestran aterrorizados por la creciente politización del islam. Estos son los motivos fundamentales de la colaboración internacional directa o indirecta con la política de bloqueo israelí. Durante el bombardeo de Beirut en el verano de 2006 y de Gaza en el invierno de 2008-09, los medios israelíes explicaron a la opinión pública que el mundo entero estaba del lado de Israel, no sólo EEUU, sino también Europa y los países árabes, y que nadie pretendía obligar a las Fuerzas de Defensa Israelíes a poner fin a la matanza. Triste, pero cierto.

La motivación política de la retirada unilateral de la franja de Gaza es perpetuar su control sobre la misma mediante otros medios y acentuar la división entre los habitantes palestinos de la franja y los palestinos de Cisjordania, con el fin de evitar una negociación política que pueda poner fin a la ocupación. Cualquier día de estos, a cualquier hora, el gobierno de Netanyahu puede anunciar su apoyo a la creación de un Estado palestino al tiempo que da pasos prácticos en la dirección contraria, siempre y cuando no exista ninguna fuerza política capaz de sacar a relucir este engaño y que la mayoría de los países opten por hablar sobre la paz en lugar de materializarla.

Israel se retiró unilateralmente de la franja de Gaza y siguió controlándola desde fuera para poder bombardearla “legítimamente”, dado que no tiene un control directo de Gaza sobre el terreno, de manera que no se le puede considerar un ocupante militar o un poder soberano responsable del bienestar de la población ocupada. Paralelamente, el lanzamiento de misiles por parte de Hamás se presenta como un acto de agresión “externa” contra Israel, algo así como si “Canadá bombardeara EEUU”. Siguiendo esta misma lógica, la reacción al lanzamiento de misiles se ha tergiversado y vendido como un acto de “defensa propia”, descontextualizándolo así de la violenta realidad del embargo, la hambruna y el aislamiento de todo un pueblo. La retirada unilateral y el bloqueo son actos de violencia que conducen a reacciones violentas y a una escalada. En la Operación Plomo Fundido del invierno de 2008-09, los bombardeos alcanzaron cotas sin precedentes, dejando más de 1.300 muertos y unas 80.000 personas sin hogar.

Condiciones necesarias para garantizar un final eficaz del bloqueo

La comunidad internacional colaboró tácitamente con el bloqueo israelí hasta que se produjo el último incidente, en el que Israel trató a los civiles a bordo del Mavi Marmara exactamente como trata a la población palestina en los territorios ocupados. Dicho de otra forma, los civiles de la flotilla tuvieron que plegarse a la autoridad del gobierno israelí y de las IDF, pese a encontrarse fuera de su territorio soberano. En caso de toparse con resistencia y amenazas, los soldados israelíes tenían derecho a defenderse disparando a matar. Esta es la rutina imperante en los Territorios Ocupados. La única forma de liberar a los palestinos e israelíes del círculo vicioso de violencia en el que los palestinos siempre salen perdiendo e Israel sigue percibiéndose y presentándose como la víctima eterna es a través de una intervención internacional que impida que Israel siga ocupando el territorio palestino. Esta intervención pasa por acabar con la colaboración internacional con la ocupación y levantar el velo de normalidad que reviste unas relaciones económicas en las que Israel siempre sale ganando a costa de asfixiar a los palestinos.

Ahora bien, las sanciones políticas y económicas contra Israel no bastarán si no están acompañadas de objetivos claros a nivel sociopolítico y económico destinados a poner fin al bloqueo y a restablecer el contacto de Gaza con el mundo exterior, permitiendo que los palestinos comiencen a reconstruir sus hogares e infraestructuras económicas, así como las instituciones políticas de la Autoridad Palestina y el sistema económico en su totalidad, que ha sido sistemáticamente destruido desde abril de 2002.

El principal objetivo político consiste en obligar a Israel a reconocer a todos los gobiernos elegidos por los palestinos, incluido Hamás, y empezar a negociar con dichos gobiernos, ya sea directa o indirectamente. El boicot sobre el gobierno de Hamás fue el primer paso hacia el abismo en el que nos encontramos hoy.

El objetivo económico, por su parte, consiste en renegociar un nuevo tratado que permita a los palestinos de Gaza importar bienes por vía terrestre, marítima y aérea y desarrollar una política aduanera propia, que incluya la implantación de un mecanismo destinado a la recaudación de aranceles aduaneros. Esta cuestión, que bien podría denominarse “soberanía económica”, es fundamental. Requiere supervisión internacional para garantizar que no se introduzcan armas en Gaza, así como un compromiso por parte de Hamás de cerrar todos los túneles que están siendo utilizados en la actualidad para el tráfico de bienes y armas. Si se dan las condiciones de una soberanía económica que permita al gobierno palestino recaudar aranceles aduaneros, bajo la supervisión de un organismo internacional, los palestinos tendrían una motivación económica clara para cerrar los túneles. Sólo los palestinos pueden hacerlo, pero para ello necesitan una motivación real, cosa que ahora, evidentemente, no tienen.

Por último, el objetivo sociopolítico no es otro que la restauración y reunificación del pueblo palestino. El “paso seguro” de bienes y personas entre la franja de Gaza y Cisjordania debe garantizarse, tal y como se comprometió Israel a hacer en varios acuerdos pasados Este paso es crucial para restablecer una entidad política unificada, representativa y legítima con la que Israel pueda negociar futuros acuerdos políticos en Cisjordania. La unidad del pueblo palestino es un requisito previo necesario para todo acuerdo a largo plazo, de la misma forma en que su desunión sirve para perpetuar la ocupación. Nótese que tal acuerdo permitiría a los palestinos de Cisjordania beneficiarse de la soberanía económica de la franja de Gaza, pues dejaría de ser un mercado cautivo obligado a comprar productos caros procedentes de Israel.

Evidentemente, estos son sólo los pasos iniciales que deben darse para sentar las bases de un acuerdo provisional y más amplio de no beligerancia (o hudna, en la doctrina islámica). Tal acuerdo deberá estar acompañado del envío de fuerzas internacionales a Cisjordania y de la suspensión del control directo israelí sobre los palestinos, incluso antes de establecer un estado soberano y definir la naturaleza de sus relaciones futuras con Israel.[10] Sólo entonces podrán los israelíes y palestinos construir la normalización que dé pie al progreso político y al debate sobre un asentamiento permanente. En las condiciones de violencia actuales, toda negociación internacional sobre un asentamiento permanente se percibirá como un esfuerzo hipócrita tanto por parte de los palestinos como de los israelíes. Es evidente que la comunidad internacional, en términos generales, se muestra indiferente al sufrimiento del pueblo palestino o la necesidad apremiante de liberarlo de la ocupación israelí, y mucho más interesado en pretender preocuparse para apaciguar a sus respectivas sociedades civiles.

Por tanto, resulta sin duda hipócrita cargar el peso de la culpa únicamente sobre el gobierno israelí. Para que los nueve civiles turcos no hayan muerto en vano, no basta con identificar a los asesinos y castigarlos. No se hará justicia hasta que no cese el bloqueo y se empiece a desmantelar la ocupación militar israelí.

Conclusión: Para poner fin al bloqueo a Gaza, la comunidad internacional deberá revocar su cooperación activa o pasiva con la política israelí de dividir y vencer al pueblo palestino. No hace falta una comisión de investigación para acabar con el bloqueo. Lo que hace falta es que se reconozca al gobierno elegido por los palestinos, que se abran las fronteras con un control internacional y que se permita una soberanía económica en la franja de Gaza. Debe permitirse un paso seguro entre la franja de Gaza y Cisjordania para reconstruir las instituciones y la unidad del pueblo palestino y allanar el camino para futuras negociaciones y compromisos bilaterales.

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[1] Haaretz, 3/VI/2010 (en hebreo).

[2] Para más información sobre la política israelí y los acontecimientos que condujeron a dicha decisión, véase el Capítulo 10 de mi libro Politics and Violence in Israel/Palestine, Democracy vs. Military Rule (Routledge, 2010).

[3] L. Grinberg (2002), “The BUSHARON Global War”, Foreign Policy In Focus, Washington DC, 1/VII/2002.

[4] Véase la entrevista realizada por Ari Shavit a Dov Weisglass, uno de los asesores más cercanos de Sharon, que describe la motivación política de la retirada de Gaza, en Haaretz, 8/X/2004 (en hebreo).

[5] Para más información sobre las declaraciones del Jefe del Estado Mayor, véase Yediot Ahronot, 8/III/2004 (en hebreo).

[6] S. Shelah (2005), “The Dark Side of Disengagement”, Maariv, 1/VII/2005 (en hebreo).

[7] “Agreement on Movement and Access”, 15/XI/2005.

[8] Informe final de Wolfensohn, Office of the Special Envoy for Disengagement, Periodic Report, abril de 2006.

[9] A. Hass, “Not by Cement Alone”, Haaretz, 9/VI/2010.

[10]Para más información sobre las sugerencias preliminares para un futuro arreglo, véase L. Grinberg, “The Israeli-Palestinian Union: The ‘1–2–7 States’ Vision of the Future”, Journal of Palestine Studies, vol. 39, nº 2, p. 46-53.

Lev Luis Grinberg, profesor de Sociología Política y de Economía Política en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Ben Gurion en Israel. Ha sido asesor político de líderes del movimiento laborista y autor de Politics and Violence in Israel/Palestine, Routledge, 2010