¿Cómo afecta el caso de Alex Saab a las negociaciones venezolanas?

Reunión en apoyo de Alex Saab, un empresario colombiano y enviado del gobierno venezolano que fue extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, en Caracas, Venezuela, el 17 de octubre de 2021. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Reunión en apoyo de Alex Saab, un empresario colombiano y enviado del gobierno venezolano que fue extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, en Caracas, Venezuela, el 17 de octubre de 2021. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, contratista y a la vez funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, generó una reacción previsible de las autoridades venezolanas. El 16 de octubre, a pocas horas de que se diera a conocer que Saab enfrentará ya los cargos de blanqueo de capitales por los que era buscado, en Venezuela fueron reencarcelados seis ejecutivos —cinco de ellos ciudadanos estadounidenses— de la empresa Citgo Petroleum y el gobierno madurista informó que suspendería su asistencia a la mesa de negociación con la oposición, la cual se realiza en México.

Ese fin de semana se llevaría a cabo la cuarta ronda de encuentros, en donde se tocarían temas difíciles. La Plataforma Unitaria —que agrupa a la oposición— llevaba los reclamos sobre el infame sistema de justicia y la situación de los presos políticos. La delegación de Maduro plantearía el asunto de los activos venezolanos en el extranjero, que están en manos del llamado gobierno interino.

El encuentro pintaba retador para el gobierno de Maduro tras el reciente fallecimiento del general Raúl Isaías Baduel en prisión, en condiciones no esclarecidas y víctima de violación a sus derechos fundamentales, lo cual confirmaba las denuncias sobre las condiciones de los presos políticos en Venezuela. El alto oficial, quien tuvo un papel protagónico al ayudar a la retoma del poder por parte del expresidente Hugo Chávez, en abril de 2002, pasó los últimos 12 años privado de su libertad.

Sin embargo, el impacto de la extradición de Saab sepultó esa y otras urgencias del país, como la activación de la mesa nacional de atención social, acordada el 6 de septiembre. Esta instancia se encargaría de articular acciones en las áreas de salud, alimentación y COVID-19. La reacción de Maduro confirma que no le interesa el problema de fondo: la profunda crisis que carcome a Venezuela, que ni él ni sus aliados están en capacidad de resolver sin acuerdos con sus adversarios.

Saab, de 49 años, fue presentado el 18 de octubre ante un juez de Miami, Florida, por un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios. De acuerdo con la imputación Saab contó con un socio, Álvaro Pulido Vargas, para cometer estos hechos que datan de 2011 a 2015.

La acusación sostiene que ambos hombres recibieron contratos para construir viviendas en Venezuela que nunca realizaron, y que se reunieron en Miami con otros cómplices para planificar los sobornos a funcionarios venezolanos del servicio de administración aduanera y tributaria, la Guardia Nacional y la comisión de control de divisas. También se señalan siete transferencias de dinero que ingresaron al sistema bancario de Estados Unidos, cuyos montos oscilan entre los 10,915 dólares hasta los 100,000 dólares.

Desde 2015 ya se habían reportado distintas irregularidades en los negocios de Saab mediante piezas periodísticas del sitio Armando.Info. Entre estas, su participación en la importación de productos alimenticios de dudosa calidad que fueron distribuidos en las cajas que entregaban los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Periodistas de ese medio independiente permanecen en el exilio desde 2018, luego de ser demandados por Saab.

Saab también fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense, que lo vincula a una red de corrupción que incluye empresas de maletín, a tres hijastros de Maduro y al lavado de cientos de millones de dólares. Fue investigado en Colombia, Ecuador y México. Sin embargo, se convirtió en una suerte de “superministro” en el gobierno al cual, paradójicamente, las autoridades venezolanas habían evitado públicamente.

Todo cambió cuando en junio de 2020 lo detuvieron en Cabo Verde por la investigación abierta en Florida. Ese año fue nombrado como “embajador plenipotenciario en África”, según su propio sitio web. En septiembre fue nombrado miembro de la delegación del gobierno en la mesa de negociación que se realiza en México. También se inició una campaña de propaganda en su defensa, destacando sus “virtudes revolucionarias”.

Su extradición ha generado altísimas expectativas sobre la posibilidad de que revele información contra el gobierno de Maduro y su entramado. Sin embargo, hay quienes son más cautos. El periodista Gerardo Reyes, autor del libro Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, dijo a El País que “la acusación es como si fuera la punta de un iceberg, pero no ofrece mayores detalles ni permite ver las cartas con las que va a jugar Estados Unidos si Saab va a juicio”. Reyes, a quien Saab intentó demandar en 2017, me dijo que aún falta por ver si habrá cargos que le serán retirados.

El gobierno venezolano ha buscado mostrarlo como un preso de conciencia. Recientemente Maduro dijo que “su único delito fue traer comida, traer medicinas para nuestro pueblo venezolano”, y que se trataba de un hombre bueno. A la vez, declaró que no saben cuándo volverán a la mesa de negociación: “Nosotros en protesta nos fuimos de México y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con estos diálogos, por ahora estamos indignados, protestando y enfrentando la injusticia”.

Durante los dos meses de encuentros hubo tensiones que lograron ser subsanadas. Aunque este episodio es el más fuerte, el gobierno madurista no ha sido enfático en dar por cerradas las negociaciones y solo habla de una suspensión. Normalmente el madurismo actúa con un sentido de drama y propaganda, por lo cual llama la atención esta suerte de mesura.

Quizá tenga que ver con que el Ministerio de Exteriores de Noruega, el país mediador en estos diálogos, publicó en su cuenta de Twitter: “Noruega sigue convencida de que la única solución en Venezuela será negociada. Seguimos trabajando para que las partes continúen, lo antes posible, su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano”. Además, la Plataforma Unitaria expresó su disposición a reanudar las conversaciones.

Quizá también con las elecciones regionales que se realizarán el 21 de noviembre, que siguen su marcha y serán observadas por organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. Maduro espera que la oposición tenga un mal desempeño en ellas y no ve amenazada su permanencia en el poder.

Tal vez por ello Maduro está buscando la manera de no cerrar las puertas a seguir dialogando, pues aún no ha alcanzado sus objetivos en esta mesa, como que las sanciones impuestas por Estados Unidos a su gobierno sean matizadas. Es muy posible que él también suba la vara y requiera otros incentivos para seguir en las conversaciones. Levantarse definitivamente de la mesa podría devolver al país al limbo político. Pero también implicaría menos posibilidades para atender el verdadero problema de fondo: el desastre humanitario que consume a Venezuela.

Luz Mely Reyes es periodista y analista política. En 2015 cofundó el medio independiente ‘Efecto Cocuyo’, del que es directora.

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