Siempre se dice que, si queremos cambiar algo y obtener resultados distintos, el primer paso es hacer las cosas de manera diferente. Esta lección sin duda sirve para muchos ámbitos de la vida, pero desafortunadamente también se aplica en el panorama actual de la violencia de género en América Latina y el Caribe. Se trata de un fenómeno demoledor y persistente: se estima que una de cada tres mujeres en la región ha sido abusada física o sexualmente por su pareja y que, solo en 2018, se produjeron al menos 3.527 feminicidios.
Para impulsar un cambio contundente es necesario que miremos más allá de las herramientas tradicionales de la política pública. Solo así se podrán identificar nuevos recursos en la lucha contra esta epidemia tanto en el ámbito de la prevención como en el de la atención a las supervivientes.
Por este motivo, las ciencias del comportamiento presentan una oportunidad para mejorar la respuesta del Estado y las organizaciones no gubernamentales a este grave problema. La violencia machista es un desafío complejo porque involucra a múltiples actores, incluyendo a la superviviente, al agresor y a las personas con las que interactúan: miembros de sus familias, su comunidad, los agentes de policía o el personal de salud... Todos tienen comportamientos que influyen.
Las ciencias del comportamiento estudian cómo los seres humanos nos comportamos en la práctica, agrupando disciplinas como la economía conductual, la psicología social y la neurociencia. Aplicar este enfoque a la violencia de género conlleva descomponer este problema en actuaciones específicas que buscamos promover o desalentar para, así, diseñar y evaluar rigurosamente intervenciones informadas.
¿Cómo podemos aplicarlas para mejorar la efectividad de los servicios de atención a las supervivientes? El primer reto para reducir la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe es incrementar la proporción que accede a los servicios de ayuda. El silencio alrededor de estos casos a veces dura toda la vida. Una encuesta realizada en ocho países de América Latina y el Caribe reveló que casi la mitad de las mujeres que informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja nunca habían hablado de ello con otra persona.
A menudo, las campañas para promover que las víctimas denuncien estos casos retratan únicamente las instancias más graves de violencia física o sexual. Por causa de un sesgo cognitivo generado por la facilidad de recordar aquello que está más presente en nuestra memoria, las mujeres que sufren abuso psicológico u otras formas de violencia pueden no identificarse en dichas campañas y considerar que los servicios existentes no están dirigidos a casos como los de ellas.
Una vez que una mujer da el paso de buscar ayuda en las instituciones, la respuesta que reciba en esa primera interacción es vital. Afectará no solo a su bienestar inmediato, sino también la probabilidad de que busque ayuda en el futuro. Por ejemplo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la línea telefónica de ayuda 123 de Colombia determinó que las mujeres que recibieron asistencia dentro de los primeros 10 minutos de haber realizado la llamada tenían un 25% menos de probabilidades de informar sobre haber sufrido eventos de violencia doméstica posteriores, en comparación con las que tuvieron que dejar un mensaje con sus datos de contacto y esperar 36 horas a que la operadora les devolviese la llamada.
Los servicios para supervivientes en la región a menudo tienen recursos humanos limitados para hacer frente a una demanda creciente. Frecuentemente, los funcionarios sufren estrés laboral o desgaste debido a la alta carga emocional de su trabajo. Esto se ve agravado por el hecho de que, en la mayoría de los casos, solo vuelven a tener contacto con aquellas que requieren apoyo adicional y no con las que han logrado superar relaciones abusivas con éxito. Las intervenciones que muestren a los operadores el impacto positivo de su trabajo suponen una oportunidad para mantener su motivación. En otros contextos, dichas intervenciones han probado ser exitosas para mejorar el desempeño laboral.
Finalmente, la violencia de pareja es cíclica. Una vez que una mujer ha iniciado la búsqueda de ayuda, la interacción continua y el apoyo sostenido de los prestadores de servicios son clave para romper el ciclo de violencia. El abuso experimentado, junto a altos y prolongados niveles de estrés, puede haber destruido su auto eficacia o la confianza en su capacidad de perseverar para lograr metas y superar obstáculos.
Mejorar los servicios es solo una parte de las políticas necesarias para combatir la epidemia global que es la violencia contra las mujeres. Una respuesta integral debe incluir políticas y programas de prevención, en particular para abordar la conducta de los agresores, así como el comportamiento de la comunidad. Es esencial brindar servicios de alta calidad que protejan y empoderen a las sobrevivientes y a los suyos.
Un nuevo informe del BID y el Behavioural Insights Team recoge estas y otras ideas sobre cómo aplicar las ciencias del comportamiento a los servicios dirigidos a las supervivientes de violencia de pareja en América Latina y el Caribe.
Es necesario reflexionar sobre cómo podemos continuar construyendo alianzas y encontrar nuevos enfoques para abordar este problema. Acabar con la violencia contra las mujeres y niñas no es solo un deber moral, es también, fundamental para construir sociedades más equitativas y sostenibles.
Suzanne Duryea es especialista principal en el Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Marta Garnelo trabaja en Behavioral Insights Team.
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La autora propone, para disminuir la incidencia de este problema, los servicios de asistencia POST EXPOSICIÓN a la violencia de género. Creo que todo el esfuerzo debería ser preventivo, fundamentalmente a través de la educación. Por ejemplo, a mi no me interesa tanto que me atienda un excelente servicio sanitario DESPUÉS de un accidente grave (que también) sino sobre todo diseñar medidas PREVENTIVAS para no llegar a tener dicho accidente.