En los últimos años, filtraciones de documentos como los “Panama Papers” y los “Paradise Papers” han expuesto el lado oscuro de la globalización. En todo el mundo se alzaron voces indignadas contra la elusión fiscal. Mientras el trabajador ordinario no tiene más alternativa que pagar sus impuestos, parece que las multinacionales y los ricos se las arreglan para no pagar casi nada.
El aspecto más sorprendente de los esquemas de elusión fiscal corporativa es que son legales. Cuando una multinacional crea filiales en el extranjero, estas se consideran entidades legalmente independientes. La empresa matriz puede entonces fijar precios a las transacciones entre sus filiales de modo de registrar las ganancias en países con baja imposición, en vez de hacerlo allí donde realmente tuvo lugar la actividad económica original.
Este sistema de “precios de transferencia” impulsó una competencia internacional de reducción de impuestos corporativos, que probablemente se intensificará ahora que Estados Unidos redujo el tipo impositivo de 35% a 21%. Ya hay políticos en la India, México, Brasil y otros países en desarrollo que piden que allí también se bajen los impuestos para mantener la competitividad, atraer la inversión extranjera y crear o conservar empleo.
Todos los países tienen derecho a buscar ser competitivos en la economía global, y hay muchos modos de hacerlo, por ejemplo, invertir en educación, financiar la investigación científica y tecnológica, y crear infraestructuras eficientes. Pero la competencia impositiva no es un modo adecuado, sobre todo porque reduce los ingresos necesarios para hacer esas inversiones. Esto afecta particularmente a los países en desarrollo, que (según un informe publicado en 2015 por el Fondo Monetario Internacional) pierden más de 200 000 millones de dólares al año por la elusión fiscal de las multinacionales.
Cuando los países crean regímenes tributarios cuyo diseño, en la práctica, les quita recaudación a otros, el resultado también es menos inversión en educación, salud, programas de reducción de la pobreza y medidas de lucha contra el cambio climático. Esto es inadmisible; y las multinacionales deben dejar de agravar el problema con amenazas de abandonar los países que no bajen sus impuestos. Después de todo, un principio básico de responsabilidad social corporativa es que las empresas deben pagar los impuestos que les corresponda allí donde operan.
El único modo de detener la competencia impositiva es por medio de la cooperación global. Hace tres años, la OCDE y el G20 dieron un paso en la dirección correcta, al presentar un paquete de reformas sobre erosión de base imponible y traslado de ganancias (conocido por la sigla en inglés BEPS). El proyecto BEPS introdujo un sistema para desglosar por país la contabilidad de ganancias e impuestos corporativos y facilitar el intercambio internacional de información.
Pero el programa resultó insuficiente, en particular para los países en desarrollo, porque no apuntó al problema central: el sistema de precios de transferencia. Las multinacionales todavía pueden trasladar legalmente ganancias a jurisdicciones con mínima imposición.
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que presido, evaluó propuestas alternativas para corregir el sistema actual. En un informe reciente, hallamos que el modo más justo y efectivo de asignar y gravar las ganancias corporativas es tratar a cada multinacional como una sola empresa con negocios a través de las fronteras internacionales. De modo que esa empresa tributará por el total mundial de sus ganancias atendiendo a factores como las ventas, la contratación de personal y el uso de recursos en cada jurisdicción (todo lo cual es reflejo de la actividad económica real). En tanto, la Unión Europea está analizando una propuesta similar, por la que trataría a cada multinacional que opere dentro de sus fronteras como una sola empresa.
Es verdad que aun con este sistema los países seguirán reduciendo sus impuestos corporativos, con el fin de atraer inversiones y operaciones empresariales. Por eso proponemos que todos acuerden un tipo mínimo de entre 15% y 25%.
Pero mientras tanto, los países en desarrollo no deben quedarse de brazos cruzados. Deben impulsar cambios, comenzando con acordar un valor mínimo para el impuesto corporativo en el nivel regional. También pueden aprovechar un sistema ya implementado en Brasil que establece una renta imponible mínima para las filiales locales, según los márgenes brutos de diferentes tipos de transacciones.
A futuro, ya es hora de que Naciones Unidas tome cartas en la cuestión. Sólo un esfuerzo conjunto verdaderamente global puede corregir un sistema disfuncional y poner fin a la destructiva competencia impositiva, de una vez y para siempre.
José Antonio Ocampo is a board member of Banco de la República, Colombia's central bank, professor at Columbia University, and Chair of the UN Economic and Social Council’s Committee for Development Policy. He was Minister of Finance of Colombia and United Nations Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs. He is the co-author (with Luis Bértola) of The Economic Development of Latin America since Independence. Traducción: Esteban Flamini.