La propagación del coronavirus COVID-19 a lo largo y ancho de Europa y Estados Unidos ha llevado a una fuerte corrección en los mercados financieros y ha provocado llamados a favor de la implementación de políticas monetarias y fiscales activas, con el propósito de evitar una recesión. Sin embargo, un análisis más profundo sugiere que tal abordaje podría no ser de ayuda en absoluto.
La epidemia de COVID-19 está marcada por la incertidumbre. Técnicamente, no se constituye en un evento de “cisne negro”, debido a que anteriormente no hubo otras pandemias. Pero fue, hasta hace unos meses, imprevisible, al menos en términos específicos. Y, tendrá un impacto duradero, incluso si hoy no se puede predecir su evolución precisa.
Por ahora, parece que el virus se está desplazando hacia el occidente. En China, lugar donde surgió el virus, las infecciones están disminuyendo tras que las autoridades aplicaran medidas radicales – incluyendo cierres que paralizaron la economía durante más de dos semanas. Si bien es demasiado pronto para saber si realmente se contuvo el virus, parece que la vida económica ahora se está normalizándose gradualmente, lo que implica que el “shock en China” puede estar apaciguándose.
En Estados Unidos y Europa, por el contrario, es shock parece estar sólo empezando, con un número rápidamente creciente de nuevas infecciones que elevan el espectro de perturbaciones económicas graves. Este riesgo es particularmente pronunciado en la eurozona, misma que quizás no tenga la capacidad para capear una recesión severa sin entrar rápidamente en crisis.
Sin duda, las consecuencias fiscales directas de la epidemia parecen manejables. Incluso Italia, que es el país que más sufre en la actualidad, podría aumentar el gasto público en medidas de contención del virus sin infringir las normas fiscales de la Unión Europea.
Si estos costos se disparan – como parece probable, ahora que una cuarta parte del país, que representa la mayor parte de la actividad industrial y financiera, se encuentra cerrada – la Unión Europea debería poder ofrecer apoyo a Italia, además de permitir que el gobierno tenga un déficit mayor. El artículo 122.2 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite al Consejo Europeo conceder ayuda financiera a un Estado miembro que se enfrente a “dificultades graves” causadas por " acontecimientos extraordinarios que dicho Estado no pudiera controlar”. Este procedimiento debería activarse ahora.
En cualquier caso, la trayectoria de COVID-19 sugiere que probablemente se extenderá más lejos, obligando a otros Estados miembros de la UE a adoptar medidas de salud pública a expensas de la actividad económica, especialmente en sectores importantes como los viajes y el turismo. Además, las cadenas de suministro se verán afectadas, no sólo por el cierre temporal de la máquina de exportación china, sino también por las perturbaciones dentro de Europa. Ni los recortes de las tasas de interés, ni los nuevos gastos públicos contribuirían mucho para compensar los efectos a corto plazo de tales perturbaciones.
Es probable que los problemas más graves surjan del sistema financiero. Aunque muchas empresas pueden reducir la producción rápidamente, mantener un negocio en funcionamiento en “modo de recuperación frente a desastres” sigue costando dinero, y las deudas siguen llegando a su fecha de pago. En Europa, lugar donde los costos laborales no se pueden reducir a corto plazo, los desafíos que esto plantea podrían ser particularmente graves.
Afortunadamente, la mayoría de los miembros de la UE tienen algún sistema en vigencia en virtud del cual el gobierno cubre los salarios de los trabajadores que son despedidos temporalmente por razones ajenas al control de sus empleadores. Estos mecanismos, que sostendrían los ingresos personales durante la crisis, son la razón principal por la que es poco probable que se produzca una caída duradera del consumo. Una vez que se contenga el virus, los consumidores europeos tendrán pocas razones para no gastar tanto como gastaban antes.
Sin embargo, otros dos posibles escenarios que se desarrollen a futuro podrían llevar a la eurozona a la recesión. El primero es una fuerte desaceleración del comercio mundial, sobre la cual la UE tiene poco poder para contrarrestar. El segundo es un colapso de las inversiones, que la UE puede y debe trabajar para prevenir.
La última crisis de la eurozona demostró que la inversión colapsa cuando el sistema financiero deja de funcionar. En los sistemas basados en el mercado, como el de Estados Unidos, esto es una interrogante ligada a las primas de riesgo y el acceso al crédito, situación sobre la que los responsables de la formulación de políticas difícilmente pueden influir. En el caso de Europa, con su sistema financiero centrado en la banca, la clave para capear la crisis COVID-19 es, por lo tanto, mantener saludable al sector bancario.
Para cumplir con este cometido, es esencial una respuesta calibrada respecto a la supervisión. El traspaso de la supervisión bancaria al Banco Central Europeo ha dado lugar a políticas crediticias más rigurosas y selectivas por parte de los bancos comerciales. Si bien esto ha reducido los riesgos bancarios, la aplicación de normas de préstamo estrictas en un momento de grave tensión económica ocasionada por medidas de salud pública podría castigar a empresas que están enfrentando pérdidas temporales, pero que bajo otras circunstancias serían empresas con solvencia crediticia.
El Gobierno de Italia está prestando apoyo financiero directo a las empresas directamente afectadas por los cierres patronales. Pero si la crisis se extiende, el número de sectores afectados (a menudo indirectamente) aumentará. Los gobiernos no pueden prestar apoyo financiero a todos ellos. Los bancos pueden hacer mucho más, pero sólo si están dispuestos a pasar por alto que las empresas presenten estados financieros malos. Los supervisores deben permitir, e incluso fomentar, tal abordaje.
Un abordaje basado en la indulgencia de morosidad – junto con estabilizadores fiscales “automáticos” incorporados dentro de los sistemas de seguridad social de Europa – haría mucho más a favor de mitigar el riesgo de crisis en comparación con lo que se lograría mediante recortes microscópicos de las tasas de interés.
Entretanto, sólo se necesitaría un estímulo fiscal adicional en el caso improbable de que la perturbación económica fuera seguida por un período de depresión de la demanda. Las normas fiscales de la eurozona no constituyen un obstáculo para esa combinación de políticas, debido a que son lo suficientemente flexibles como para permitir déficits temporales que son resultantes de la reducción de los ingresos fiscales, o el apoyo fiscal a los sectores más afectados por circunstancias excepcionales. No obstante, la epidemia de COVID-19 debería servir para recordar el valor de mantener una política fiscal prudente en tiempos normales. Los países con menores déficits y deudas están en una posición mucho más fuerte para responder frente al shock del COVID-19 que aquellos, como Italia y Francia, que no han creado espacio fiscal.
Frente a un shock severo, las autoridades públicas deben actuar, y ser vistas actuando. Pero, en este caso, es poco probable que los instrumentos macroeconómicos habituales funcionen. Los bancos centrales y las autoridades gubernamentales deben explicar esto al público; y, posteriormente, deben centrar su atención en la labor menos glamorosa de salvaguardar la salud pública, los ingresos de los hogares y el sistema financiero.
Daniel Gros is Director of the Centre for European Policy Studies. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.