Cómo enfrentar la crisis de liquidez que se avecina

Este mes, los líderes del G20 se encontrarán en Antalya, Turquía, en su décima reunión cumbre desde la crisis financiera mundial de 2007. Pero, a pesar de todas estas reuniones –eventos de alto perfil en los que participan los principales tomadores de decisiones de las economías más influyentes del mundo– no se han logrado avances reales en la reforma de la arquitectura financiera internacional. De hecho, el grupo no se ha involucrado seriamente en el proyecto desde la cumbre de 2010, en Seúl. En términos simples, el G20 está fracasando en su propósito principal y original: mejorar la estabilidad financiera y monetaria mundial.

Una parte importante del problema es que con el transcurso del tiempo la agenda del G20 está cada vez más abarrotada. En una época de agitación financiera en ciernes, el G20 debe dejar de intentar ocuparse simultáneamente de una amplia gama de problemas –algo que ha resultado imposible– y volver sobre las cuestiones básicas.

La Reserva Federal de Estados Unidos se está preparando para aumentar las tasas de interés, que ha mantenido cercanas a cero desde la crisis. Aunque este ajuste de la política monetaria puede ser necesario, se arriesga a disparar una grave crisis de liquidez en los países en vías de desarrollo, con un importante impacto sobre el crecimiento económico y el desarrollo. Por eso, en la cumbre de este mes del G20, los participantes deben enfocarse en generar una red institucional de protección creíble para los difíciles tiempos que nos esperan.

Específicamente, el G20 debe tomar medidas para fortalecer al Fondo Monetario Internacional, exigiéndole que haga más con sus poderes existentes y abogando por una reforma institucional. Raghuram Rajan, el gobernador del Banco Central de la India, enfatizó esto en las recientes reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Lima, Perú, cuando solicitó que el Fondo cree una red mundial sostenible de protección para ayudar a los países en las futuras crisis de liquidez.

El acuerdo institucional necesario ya existe: se trata del Departamento de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI. Dentro de este departamento, las entidades oficiales pueden intercambiar DEG –el activo de reserva internacional propio del FMI– por otras monedas. Además, el FMI puede designar a un país con una sólida posición en su balanza de pagos para que proporcione la liquidez que otro miembro necesita. A través de este «mecanismo de designación» –que nunca ha sido utilizado– el FMI puede garantizar el acceso a monedas globales en épocas de crisis.

Por supuesto, si el Departamento de DEG del FMI ha de convertirse en un centro mundial de liquidez capaz de mitigar crisis futuras, su reforma es fundamental. Lo ideal sería que las grandes potencias apoyaran los esfuerzos para fortalecer al FMI, pero hasta el momento, EE. UU. no se ha mostrado dispuesta a hacerlo y sus políticas internas partidarias alientan al Congreso a bloquear las reformas relevantes.

Si bien el G20 no debe renunciar a las reformas para fortalecer al FMI, debiera cubrir sus apuestas. Específicamente, debiera trabajar con una «coalición de los países voluntarios» –que incluya a las principales economías emergentes, los países avanzados preocupados y otros países en vías de desarrollo– para crear un mecanismo institucional con el cual responder eficazmente a la próxima crisis mundial de liquidez.

Una opción obvia sería replicar el diseño institucional del Departamento de DEG, incorporándolo en un acuerdo entre los países de la coalición. El Banco de Pagos Internacionales, que fue la contraparte en los swaps o permutas de monedas bajo el sistema de paridad de Bretton Woods en la década de 1960, podría administrar este sistema.

Este enfoque indudablemente presenta grandes defectos. De hecho, se perdería la principal ventaja del Departamento de DEG del FMI: su condición de sistema casi universal, dirigido por los gobiernos, a través del cual se intercambian monedas con «garantías» confiables (los DEG).

Pero la búsqueda de la perfección no debe impedir la implementación de lo bueno. Si no hay posibilidades de poner en funcionamiento un sistema ideal, habrá que arreglárselas con una opción imperfecta. Mientras se intensifica el riesgo de una crisis de liquidez y la arquitectura financiera internacional existente no está bien equipada para responder a una crisis de ese tipo, la inacción no es una alternativa.

En los últimos años, el sistema financiero internacional se ha fragmentado cada vez más. Un ejemplo de ello es la proliferación de acuerdos bilaterales y multilaterales de swaps de divisas. Por ejemplo, la Multilateralización de la Iniciativa de Chiang Mai incluye a los países de la ASEAN junto con China, Japón y Corea del Sur. Y el Acuerdo Contingente de Reservas (CRA) fue creado por los BRICS (Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica).

Los contratos de swaps implican el compromiso de recursos con antelación, que no se transfieren a una organización internacional con una misión institucional específica. En lugar de ello, las reservas de divisas –esto es, la liquidez en monedas aceptadas para pagos internacionales– se mantienen agencias nacionales hasta que los swap se activan.

Esto significa que no hay garantía de que en caso de una crisis un banco central proveerá realmente la línea de swaps a la que se ha comprometido, al menos, no sin condiciones políticas. En el CRA, por ejemplo, los miembros renunciar a su oferta de apoyo y solicitar una cancelación temprana si surgen necesidades en sus balanzas de pagos.

Claramente, la creciente red mundial de acuerdos de swaps de monedas dista de ser un mecanismo confiable para responder a las crisis. Esto es especialmente problemático para las economías emergentes, que hoy día son particularmente vulnerables.

Turquía –que actualmente mantiene la presidencia del G20– y China –que la asumirá el año entrante– debieran tener motivos más que suficientes para exigir la creación de salvaguardas contra los riesgos de liquidez actuales. Más allá de urgir a EE. UU. para que apruebe las reformas a la gobernanza del FMI, ambos países debieran trabajar duramente para crear una coalición con quienes se muestren dispuestos y diseñar un mecanismo eficaz para responder a las crisis.

Hasta el momento, Turquía no parece a la altura de las circunstancias: promueve una agenda saturada e ineficaz. Esperemos que sus líderes entren rápidamente en razón, para que la próxima cumbre pueda producir los resultados que no se lograron en las anteriores... y que el mundo necesita más que nunca.

Camila Villard Duran, a professor of law at the University of São Paulo, is an Oxford-Princeton Global Leaders Fellow in the Global Economic Governance Program, University of Oxford. Traducción al español por Leopoldo Gurman.

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