Cómo evitar la evasión fiscal de las multinacionales

La evasión fiscal y los paraísos fiscales son la justificación que suelen utilizar los gobiernos conservadores para reducir la fiscalidad sobre el capital y las rentas altas. Estos son los orígenes de la competencia fiscal a la baja. La derecha, ante la ausencia de una armonización fiscal internacional, vive como pez en el agua: la globalización, a través de la competencia impositiva a la baja, es una excelente excusa para “disciplinar a los gobiernos” en materia de dimensión del sector público y de las políticas de cohesión social.

Pero la evasión fiscal también es el origen en gran parte de la desigualdad del siglo XXI. En un doble sentido, porque una baja tributación de las multinacionales y del capital contribuye a que la variación de la rentabilidad del capital pueda ser superior al crecimiento del PIB, de forma que crece la participación del capital en la riqueza nacional y, además, porque la carrera hacía el fondo “race to the bottom”, que provoca la evasión fiscal de grandes empresas, causa una reducción de ingresos que pone en riesgo la financiación de las políticas redistributivas. El profesor Gabriel Zucman calcula que el patrimonio situado en paraísos fiscales asciende a 7,5 billones de dólares, el 8% de la riqueza mundial, y más de 6 veces el PIB de España.

El incremento de la desigualdad tiene unas consecuencias sobre el crecimiento económico y la salida de la crisis que ya prácticamente nadie discute. Por consiguiente, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, incrementan la desigualdad y pone en riesgo la citada salida de la crisis.

Sin duda alguna, el futuro de nuestras sociedades y el devenir de un crecimiento económico más robusto exigen una gobernanza de la fiscalidad internacional distinta a la que plantea la derecha en el mundo. Desde ese punto de vista, tenemos que dar la bienvenida al nuevo paradigma internacional sobre la tributación internacional que se abre camino gracias a los trabajos de la OCDE que se han concretado en el Plan de Acción ” Base Erosion and Profit Shifting”( BEPS en sus siglas en inglés). También, la Unión Europea se ha marcado entre sus objetivos acabar con la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales. Bien es verdad que todo ello no se está realizando con la celeridad que exige la situación de crisis económica que vivimos y las exigencias sociales.

En este contexto y mientras se avanza a nivel europeo e internacional, ¿ qué pueden hacer las autoridades españolas?. Otros gobiernos, como el de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, ya han tomado medidas.

Desde mi punto de vista, el Gobierno español, además de liderar a nivel europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, debería llevar a cabo una estrategia nacional. En dicha estrategia se deberían incluir actuaciones, que el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto en el Congreso, como las siguientes:

– ” El establecimiento de una tributación entre el 25 y 30% sobre los beneficios reales obtenidos en España por las empresas multinacionales por su actividad económica en nuestro país, y que luego desvían para tributar a otros países. En el mismo sentido que lo comunicado por Reino Unido con el anuncio de “Diverted Profit Tax”(o impuesto sobre los beneficios desviados).

Defender los intereses españoles formulando alegaciones en nombre de España en el expediente que se ha abierto a Luxemburgo por parte de la Comisión Europea por la práctica del “tax ruling” que permite a una empresa multinacional, de manera exclusiva, solicitar previamente información sobre cómo será tratada su situación fiscal.

– Adoptar las medidas necesarias para que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda investigar a las empresas multinacionales por la práctica del “tax ruling”.

– Llevar a cabo las medidas oportunas para obtener la información territorializada de las declaraciones de grandes empresas y grupos (país a país), así como de la base imponible o del resultado contable mundial antes de impuestos y su distribución territorializada (país a país). El objetivo es el establecimiento de una tributación por los beneficios no declarados en España y supeditar los incentivos fiscales de estas grandes empresas a la coherencia entre ingresos, beneficios contables y bases imponibles que declaran en España.

– Con el objetivo de aumentar la trasparencia de los recursos públicos, adoptar las iniciativas necesarias para incluir en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho a conocer la identidad de las entidades con un volumen de negocio superior a 6 millones de euros que se benefician de los incentivos fiscales y ajustes del Impuesto sobre Sociedades, con expresión individualizada de los importes.

– Informar al Congreso de los Diputados de las cláusulas anti-abuso aprobadas, de los medios, de las comprobaciones y los resultados en materia de la lucha contra la evasión fiscal de empresas internacionales.

– Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal”.

Sin duda alguna, la armonización fiscal internacional, la lucha contra la evasión fiscal, acabar con los paraísos fiscales, son temas decisivos en las sociedades del siglo XXI. Está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la defensa del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción, las políticas fiscales que reducirían la desigualdad, pero, también la salida de la crisis económica y un sostenido crecimiento económico.

Pedro Saura García es Portavoz de Hacienda del Grupo socialista en el Congreso.

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