Cómo frenar al independentismo

Cincuenta y tres por ciento, 53%, es el porcentaje de catalanes –2.251.391 electores– que no han votado formaciones independentistas –que han obtenido 2.063.361 sufragios– en las elecciones del 21-D. Y, sin embargo, pese a la nitidez de la diferencia –188.030 votos– de nuevo nos vemos abocados a un bloqueo institucional debido a que nuestra ley electoral es propicia a facilitar una percepción ambigua de la voluntad expresada por los catalanes en las urnas.

Esa ley ha concedido una mayoría absoluta parlamentaria al independentismo, que, ni ahora ni nunca ha sido capaz de ganar en votos a las formaciones no independentistas. Y, sin embargo, los medios de comunicación que controla el independentismo insisten una y otra vez en referirse a «la mayoría absoluta independentista», pese a que se trata de una afirmación intrínsecamente falsa, porque la mayoría independentista en Cataluña solo es parlamentaria, pero no social.

Es bien cierto que la ley electoral para Cataluña es la réplica de la vigente para toda España. Sin embargo, independentistas y no independentistas coinciden en que la realidad de la distribución ideológica y territorial de la población catalana es diferente de la española.

Razonando en consecuencia se llega, así, a la necesidad de establecer mecanismos distintos de representatividad. No parece lícito, entonces, mantener un sistema electoral que beneficia unas ideologías en detrimento de otras. Es necesario considerar, además, el carácter presidencialista del régimen estatutario catalán, muy diferente del marcadamente parlamentario establecido por la Constitución para España en su conjunto.

No se explica la deriva independentista, pues, sin la hábil explotación de esa desproporción que ha privilegiado a las provincias tradicionalmente más nacionalistas con una mayor representación parlamentaria que las que lo son menos. Este 21-D, en la provincia, circunscripción electoral de Barcelona, tradicionalmente menos soberanista, se han requerido 48.521 votos para conseguir un escaño cuando, en cambio, en Lérida sólo se han precisado 20.915 votos; en Gerona han sido necesarios 30.048 y en Tarragona, 31.217.

Hay que reconocer al nacionalismo que ha sabido sacar el máximo partido a esa ventaja desde las primeras elecciones catalanas de 1980, que ya dieron la sorpresa de la victoria pujolista al imponerse la desde entonces vigente desproporción representativa frente a una mayoría social claramente socialdemócrata. Elección tras elección, gracias a esta mayoría parlamentaria que no social, unas veces en coalición y otras en solitario, ha logrado el gobierno de la Generalitat o las consejerías clave desde el que ha impuesto su programa ideológico, siempre ha gestionado la consejería de Educación, y ha ido consolidando sus posiciones. Pese a todo, no ha conseguido superar nunca el 50% de los votos emitidos, y, por tanto, su gobierno no ha sido el representativo de la mayoría de los catalanes.

Es, por tanto, el momento de iniciar el debate para que los catalanes nos dotemos de una ley electoral propia y representativa de nuestra diversidad territorial e ideológica que deje de favorecer los intereses de la minoría independentista que la ha utilizado para abocarnos al declive económico y la fractura social.

Jaime Gil Aluja, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

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