Tras la visita de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a Washington, DC, la semana pasada, la ocasión es propicia para considerar la forma en que algunos países como Brasil lograron liberarse de su anterior pobreza. Algunas instituciones dedicadas a asuntos de desarrollo, como el Banco Mundial, han defendido la idea de que para lograr estos avances es necesario mejorar las leyes que regulan la actividad empresarial. ¿Estarán en lo cierto? Esta idea puede rastrearse al menos hasta Max Weber, quien sostuvo que un entorno eficaz para las empresas requiere una estructura legal tan predecible como una pieza de relojería. Según esta postura, los inversores necesitan reglas claras y tribunales eficaces; para financiar el crecimiento económico es fundamental que haya seguridad jurídica y mecanismos sólidos que protejan a los inversores. Si la recuperación de las inversiones es incierta, los inversores potenciales no invertirán, las empresas no crecerán y el desarrollo económico se detendrá. Primero están las reglas y las instituciones, el desarrollo económico real viene después.
Pero aunque este argumento suena convincente, el ascenso de Brasil no le sirve de confirmación: allí, el crecimiento financiero y económico no fue precedido (ni siquiera acompañado) por mejoras fundamentales en el sistema de justicia y los contratos.
Que hubo crecimiento es innegable: los mercados financieros de Brasil han experimentado una firme expansión, durante la cual la capitalización bursátil creció desde el 35% del PIB en 2000 al 74% en 2010. En los ocho años que precedieron a 2004, solamente salieron a la Bolsa seis compañías; en los ocho años posteriores, fueron 137. El año pasado, Brasil desbancó del lugar de sexta economía del mundo al Reino Unido (que suele usarse como ejemplo de seguridad jurídica).
Sin embargo, el factor central del éxito de Brasil no fue la innovación jurídica. En el año 2000 los tribunales brasileños eran notorios por su manejo lento y deficiente de las demandas de los inversores, y eso no ha cambiado. Algunos expertos brasileños en derecho, como Bruno Salama, afirman que hay cuestiones básicas de organización empresarial (como el límite de obligación de los accionistas por las deudas corporativas) que todavía no están resueltas, lo cual expone a los accionistas a la posibilidad de una responsabilidad ilimitada (especialmente ante demandas laborales o impositivas).
Si no son los tribunales los que protegen a los inversores, ¿será alguna otra cosa? Un cambio importante se dio con la introducción de las nuevas normas bursátiles, que (en forma irregular) han fortalecido la confianza de los inversores externos, aunque solamente valga para las empresas nuevas. Diversos juristas (de los que se destaca John Coffee, de la Universidad de Columbia) consideran que, históricamente, las bolsas de comercio han sido el primer elemento de protección con que cuentan los inversores. Pueden citarse a favor de esta tesis investigaciones realizadas por Ronald Gilson, Henry Hansmann y Mariana Pargendler, quienes analizaron la protección que dio el Novo Mercado de Brasil (el nuevo segmento bursátil para ofertas públicas iniciales) a las compañías que salían por primera vez al ruedo.
Pero las bolsas de comercio tienen limitaciones, especialmente en Brasil. Si no hay tribunales confiables y eficientes, las bolsas no pueden hacer valer sus normas por vía legal. El único recurso que les queda es expulsar de la plaza a las empresas que se nieguen a respetarlas.
Ante este problema, la solución que encontró el Novo Mercado fue someter a arbitraje (por fuera de los tribunales) las disputas que involucraran a compañías nuevas. El arbitraje comercial (y los mandatos judiciales para imponer las decisiones de los árbitros) pueden dar seguridad a los inversores incluso si los tribunales, en general, no lo hacen.
Pero no parece que el éxito logrado por Brasil en los últimos años, después de un siglo de desarrollo financiero errático, pueda deberse exclusivamente al arbitraje (cuya capacidad de resolver disputas en el Novo Mercado todavía debe someterse a un intenso escrutinio). Después de todo, como estas innovaciones institucionales solamente se aplican a las empresas nuevas que inscriben voluntariamente sus acciones en el Novo Mercado, no abarcan a la enorme mayoría de las empresas que operan en la economía brasileña, que ya cotizaban en la bolsa principal y están atadas a normas e instituciones antiguas y a un sistema de justicia ineficaz.
Hubo, sin embargo, otros dos grandes cambios que pueden considerarse esenciales para el desarrollo financiero de Brasil; uno de ellos era obvio, el otro fue inesperado.
El cambio obvio es la proliferación de oportunidades de crecimiento económico que se produjo gracias a la mayor estabilidad monetaria, la desinflación y la abundancia de recursos naturales. La mejora de la política macroeconómica llevó a una aceleración del crecimiento del PIB que demandó financiación y motivó a algunos actores internos a abstenerse de maniobras perniciosas que hubieran espantado a nuevos inversores externos.
Hay buenos motivos para creer que entre los factores del desarrollo financiero, el crecimiento tuvo un papel tanto o más significativo que el desarrollo institucional. Si bien todavía se necesitarán mejoras en los mecanismos de protección jurídica públicos y privados para que la economía de Brasil suba otro escalón, hasta ahora el desarrollo financiero general del país no ha dependido de mejoras legales drásticas.
El segundo cambio, no tan obvio, pero más importante, fue la estabilidad política obtenida con la elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2002. El motivo de sorpresa aquí fue que Lula (un ex líder sindical que venía de la extrema izquierda) despertaba un amplio rechazo, incluso desprecio, en los círculos empresariales y financieros. ¿Cómo fue, entonces, que su victoria ayudó a impulsar el crecimiento financiero logrado en la década siguiente?
Es que a pesar de su pasado, Lula se comprometió a no alterar el funcionamiento del capitalismo corporativo brasileño y se presentó a las elecciones con un compañero de fórmula promercado. Es difícil determinar por qué lo hizo: probablemente se hayan combinado en esa decisión el realismo de Lula, su reacción a las bajas en los mercados accionarios (que se atribuyeron a sus posibilidades de resultar electo) y donaciones de campaña.
Ya elegido para el cargo, Lula gobernó desde la izquierda pragmática y continuó las políticas principales de la administración anterior. Es verdad que Brasil todavía tiene una izquierda “dura”, y hay algunos en el propio partido de Lula que se sienten cómodos con, digamos, los hermanos Castro en Cuba y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Pero en Brasil había surgido un consenso respecto de que un partido de izquierda no podía ni ganar ni gobernar con ideas de extrema izquierda, y la presidencia de Lula no fue un intento de demostrar lo contrario.
Tal vez ese consenso fuera reflejo del éxito del antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, sumado al éxito relativo de las privatizaciones y las economías de mercado liberales en todo el mundo y al crecimiento de la clase media brasileña. Como sea, para los líderes principales de la izquierda brasileña (incluida Rousseff), el capitalismo dejó de ser el problema fundamental para convertirse en parte de la solución.
Los inversores se enfrentan a toda clase de riesgos, y los más grandes no siempre son los riesgos jurídicos en los que insisten el Banco Mundial y los organismos de desarrollo, sino riesgos empresariales como el fracaso de una compañía o el derrumbe de un sistema político. Si las condiciones son favorables a las empresas y hay un fuerte consenso a favor del capitalismo liberal como principio económico fundamental del organismo político, los mercados financieros pueden desarrollarse y absorber, aunque sea de mala gana, los riesgos que surjan de la organización del sistema legal. Las mejoras institucionales pueden venir después.
Mark Roe, a professor at Harvard Law School and a renowned expert on securities law and financial markets, focuses on corporate bankruptcy and finance. He is the author of pioneering studies of the impact of politics on corporate organization and corporate governance around the world. João Paulo Vasconcellos is a lawyer and a partner at Leoni Siqueira Advogados in Rio de Janeiro, Brazil. Traducción: Esteban Flamini