La política parece desafiar muchas veces la lógica: gobernantes y gobernados pueden estar -y a menudo están -a favor de algo y a la vez en contra. A favor cuando les conviene, en contra cuando les perjudica. El desafío a la razón está llegando a máximos orwellianos durante la intentona golpista en Cataluña. Cualquiera habría dicho que tras proclamar la independencia los políticos y los partidos secesionistas se negarían a participar en unas elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy en virtud del denostado artículo 155 de la Constitución.
Como española, si a mí Angela Merkel me convocara unos comicios generales, yo me negaría a participar: me tomo la soberanía en serio. Pero no así los Puigdemont, Junqueras y demás. De hecho, explican que la cita del 21 de diciembre es una oportunidad para validar la secesión. Con este planteamiento devalúan el para ellos sagrado referéndum ilegal del 1 de octubre, que a su vez devaluó las elecciones plebiscitarias de 2015, que a su vez devaluaron la consulta de 2014. Todo es siempre definitivo y nada lo es.
Para mí es obvio que la batalla consiste en combatir esta lógica tramposa (esta anti-lógica). Se equivocan quienes temen que los golpistas puedan ganar el 21-D como si la suerte estuviera ya echada, como si ésta fuera una situación corriente. Los constitucionalistas ganaremos si conseguimos que derrotar la anti-lógica secesionista. Ellos buscan jugar siempre en campo propio, con sus reglas y designando al árbitro. Convocan unas supuestas elecciones plebiscitarias, obtienen menos de la mitad de los votos y dicen que han ganado. Convocan un referéndum ilegal sin garantías, vota menos del 50% y dicen que el pueblo catalán ha hablado. Ahora quieren que el 21-D trate sobre el artículo 155. Claro, porque si trata de lo que ha sucedido hasta ahora, de las consecuencias de sus actos, entonces pierden. Y si trata de la independencia, ahora que ya no es un camino de rosas, también pierden.
Hay algo clave para que la lógica regrese a la política catalana. Tiene que quedar claro que el artículo 155 no se ha consumido, agotado ni gastado con su aplicación por parte del gobierno. No es un kit de supervivencia, ni un extintor que se haya vaciado para sofocar un incendio. Es una herramienta legal, perfectamente válida, que permite garantizar el interés general en casos de deslealtad grave como la que estamos sufriendo. Todo el mundo tiene que saber que, igual que se ha aplicado en esta ocasión, podrá volver a aplicarse en el futuro.
El Estado de derecho nunca fue optativo y nunca lo será. El corolario es sencillo: la secesión no se va a producir y quien cometa actos ilegales pagará las consecuencias. Si esto queda sentado, su propio marco se vuelve contra ellos. ¿No quiere usted, votante catalán, que se aplique de nuevo el 155? Yo tampoco, así que le recomiendo que no vote a los que volverán a hacerlo inevitable: los secesionistas.
Si esto es así, ya sólo quedará hablar de lo que ha ocurrido hasta ahora. No volvemos al punto de partida. Una parte de la sociedad catalana, silenciada durante décadas, ha salido a la calle y ya no se va a esconder de nuevo, haciendo más difícil que se pueda hablar por todos los catalanes. Miles de empresas se han marchado de Cataluña y los efectos se empiezan a notar en las cifras del paro. La Unión Europea y sus estados miembros han dado la espalda a los golpistas: ningún país ha reconocido a la proclamada República Catalana, y el debate ya no es si el nuevo Estado seguirá en la Unión o no. ¿Cómo vas a ser miembro de un club que no te reconoce? La secesión se ha revelado como un salto al vacío, como un suicidio inducido. Pobreza, aislamiento y división: esto es lo único que los secesionistas están ya en condiciones de ofrecer.
Es cierto que ha sido mucha la intoxicación y es poco el tiempo que falta hasta las elecciones, pero debería ser suficiente. El artículo 155 y la actuación de la justicia tienen el reconfortante peso de la realidad frente a esta política laxa en la que todo es virtual salvo el daño que se inflige a la convivencia. Amparados en esta realidad, los constitucionalistas debemos proponer un regreso a la normalidad democrática, a la defensa de las ideas dentro de la legalidad, al respeto a las normas que todos nos hemos dado. Sólo unos cuantos fanáticos querrían vivir para siempre en la incertidumbre y seguir avanzando hacia el abismo. Los fanáticos no son una mayoría en ningún sitio, desde luego no en Cataluña.
Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).