El planteamiento del flamante Fondo de Recuperación europeo (Next Generation EU) ha sido mucho más inteligente que la desastrosa decisión de la Unión en mayo de 2010. Entonces, ante la crisis, se acordó por la UE suprimir los incentivos fiscales y apostar prematuramente por la austeridad, ahogando la economía de los países deudores. Diez años después, ante una nueva crisis, el Consejo Europeo ha lanzado 750.000 millones a los presupuestos de gastos de los 27, especialmente a los países más endeudados (España entre ellos, como se sabe).
Hay algo en común que encontramos en las dos decisiones. Se trata de la condicionalidad, o sea, de los deberes de los Estados receptores de financiación europea. Pero la naturaleza de esos deberes es muy diferente. La respuesta a la crisis financiera de 2010 fue la austeridad suicida (para los países más afectados y para la propia Unión, desacreditada ante la opinión pública). La respuesta a la crisis del coronavirus de 2020 es, sin embargo, la recepción de importantísimos fondos por los Gobiernos. Son finalistas; esto es, para proyectos inversores que hagan crecer la economía de una forma sólida y creadora de empleo y bienestar social. Proyectos que han de promoverse con la filosofía de las dos básicas líneas marcadas inicialmente por la Comisión: transición ecológica justa y digitalización de la economía, del conocimiento y de los oficios. La Comisión ha añadido una tercera: la resiliencia, es decir, la autonomía estratégica en sanidad y en producción.
Los proyectos han de estar orientados a transformaciones estructurales concretas, en ámbitos esenciales: sistema sanitario; investigación, educación y aprendizaje digital; industrias culturales; políticas sociales; gestión del agua y los residuos; cuidado de la biodiversidad; infraestructuras de energías renovables; fortalecimiento industrial o la llamada Agenda urbana, que incluye una movilidad sostenible. Este es uno de los principales deberes de España para poder invertir 140.000 millones. Su Gobierno, que ha salido reforzado, ha de liderar los proyectos que aspiren a ser financiados por el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Se incluye en tal Fondo algunos más: Fondo de Cohesión, Fondo de Desarrollo Rural y Fondo de Transición Justa.
Salvo que el Consejo y el Parlamento Europeo tendrán que aprobar con seguridad los reglamentos de gestión del Fondo de Recuperación y Resiliencia, no hay, por el momento, detalles sobre el procedimiento para enviar los proyectos de inversión a la Comisión. Se sabe que en octubre el Gobierno español tiene previsto enviar a Bruselas un programa previo de reformas y financiación del mismo. En él se establecerán los capítulos esenciales de las inversiones que quiere hacer España hasta 2023 con cargo al Fondo. En marzo se enviará el programa definitivo, que en un 70 % habrá de invertirse en 2021 y 2022. Algo que, desde el punto de vista burocrático, supondrá un desafío para la Administración española (central y autonómica) y la de las instituciones de la Unión. Un desafío para la determinación de las inversiones, primero; para la ejecución de las mismas, después. Tanto en lo primero como en lo segundo será necesaria la colaboración público-privada, porque se supone que las inversiones no se nutrirán únicamente del dinero europeo, sino de la aportación empresarial.
En todo caso, este complejo proceso tiene, junto a la dimensión inversora, la reformadora. No serán inversiones meramente gastadoras, sino con un designio de transformación de largo alcance de la economía y de la empresa, hacia una función socialmente responsable, y, en última instancia, del propio modelo económico español. Es decir, una mayor competitividad y productividad, que active y remunere mejor el empleo, que fortalezca una arquitectura empresarial no suficientemente abierta, desconectada de la Universidad, fragmentada, poco industrializada y con carencias en los propósitos centrales de Bruselas.
La propuesta de reformas deberá poseer una estrategia clara y reconocible. De ahí se desprenderán los proyectos concretos en las materias antes enumeradas. Proyectos que se repartirán por objetivos económicos, sin perjuicio de la intervención de CC AA, Ayuntamientos o Diputaciones en su ejecución. Habrán de tener protagonismo, además, las organizaciones y agentes sociales, las Universidades y los think tanks, entre otras entidades de la sociedad civil organizada. De aquí tendrán que salir propuestas a la Comisión, gestionadas por el Ejecutivo español, del que esperamos una actitud abierta a tales iniciativas, muchas de ellas no institucionales. Habría que estar ya preparando esta estrategia, desde la aprobación el 21 de julio del Fondo de Recuperación por el Consejo Europeo, que no dudamos saldrá adelante tras su examen y deliberación por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales.
Todo lo anterior deberá proyectarse en el mayor reto que el Parlamento español tiene en lo que resta de legislatura: la aprobación del Presupuesto para 2021. Y esto no depende de la Unión Europea, que ha realizado ya su labor al aprobar un importante fondo para los próximos tres años. Depende del acuerdo político de Estado, que España se merece, para lograr un objetivo sencillamente imprescindible: invertir con lucidez 140.000 millones.
Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Fue secretario de Estado para la Unión Europea.