En todo el mundo hay cada vez más consenso en que la seguridad sanitaria es el fundamento del crecimiento económico. Los pueblos sanos están en mejores condiciones para producir, comerciar e innovar; las enfermedades conllevan cargas para el presupuesto público y riesgos que desalientan el intercambio económico. Este razonamiento aparece en incontables informes de la Unión Europea, e incluso se abre paso en Estados Unidos, pese a la estrategia internacional aislacionista del gobierno del presidente Donald Trump.
En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo su nuevo director general, Tedros Ghebreyesus, tiene una oportunidad única para encarar reformas que se necesitan con urgencia. La respuesta de la OMS al brote de ébola que se produjo en África occidental entre 2014 y 2016 es considerada un fracaso. Y con la aparición de nuevas enfermedades como el zika (sumada al regreso de antiguos enemigos, como la peste bubónica) es indudable que buena parte de la humanidad sigue a merced de la biología. Además, la globalización agravó el riesgo, al facilitar la difusión de enfermedades transmisibles. Hoy un brote de gripe como el de 1918 a 1920, que mató a entre 50 y 100 millones de personas, sería incluso más devastador.
Para prevenir una catástrofe de esa naturaleza, necesitamos una estrategia integral para el fortalecimiento del suministro de atención médica en países de ingresos bajos y medios. En particular, estos países necesitan ayuda para la mejora del suministro de fármacos y del manejo de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes, que imponen una carga enorme a sus economías.
Por desgracia, la dirigencia de la OMS, como la de buena parte de Occidente, no siguió este curso de acción, porque la distrajo una obsesión ideológica relativa al precio de los medicamentos. Sin embargo, este es una parte insignificante del problema para los países que luchan por construir sociedades sanas y productivas. De todos los fármacos incluidos en el “listado de medicamentos esenciales” de la OMS, el 95% ya está en el dominio público, es decir que hay disponibilidad mundial de versiones genéricas más baratas.
Allí donde los fármacos no llegan a las personas que los necesitan, no es porque sean caros, sino porque los sistemas sanitarios son disfuncionales. Felizmente, los analistas de salud pública identificaron un puñado de reformas estructurales que eliminarían la mayor parte de los obstáculos a la distribución de medicamentos esenciales.
El primero es la infraestructura. Más de la mitad de la población rural del mundo (contra un quinto de la urbana) carece de acceso a atención médica básica. Redes de transporte inadecuadas e imprevisibles aumentan el costo, en dinero y en tiempo, de acceder a los servicios de salud, y obstaculizan el envío de fármacos desde los centros de suministro. Con mejores rutas y sistemas de transporte más desarrollados, las economías emergentes no sólo podrían mejorar su situación sanitaria, sino también las oportunidades económicas y educativas para su población.
Un segundo problema, incluso en áreas donde la infraestructura es adecuada, es la persistencia de barreras burocráticas y económicas que limitan el acceso a medicamentos esenciales. Según un estudio de 2008 sobre 36 países en desarrollo, la complejidad de los procesos de registro y aprobación provoca escasez frecuente de quince de los medicamentos genéricos más usados. Por ejemplo, en Sudáfrica, las normas de registro y rotulado de fármacos pueden demorar hasta cinco años la llegada de medicamentos nuevos al mercado. La agilización de los procesos de aprobación, la eliminación de aranceles y la simplificación de procedimientos aduaneros permitiría a muchos países aumentar de inmediato la disponibilidad de numerosos medicamentos esenciales.
Un tercer problema es la escasez de trabajadores sanitarios. En muchos países de ingresos bajos y medios, los pacientes no consiguen los fármacos que necesitan porque no hay médicos o enfermeros que se los receten, ni farmacéuticos que se los dispensen. Según la OMS, en el mundo faltan unos siete millones de profesionales de atención médica, y se prevé que en 2035 esa cifra llegue a 13 millones. Para colmo de males, hay incluso más escasez de especialistas preparados para tratar enfermedades crónicas como la diabetes, que se está extendiendo velozmente en los países en desarrollo debido a cambios dietarios y de hábitos.
La cuarta, y tal vez más seria, barrera contra el suministro de fármacos en muchos países son las deficiencias (o inexistencia) de esquemas de financiación de la salud. Incluso cuando se dispone de medicamentos esenciales genéricos, suelen estar fuera del alcance de los pacientes de bajos ingresos en países con escasos subsidios estatales y sin mecanismos de seguro que permitan compensar los riesgos. Según un cálculo, casi el 90% de las personas en países de ingresos bajos y medios tendrían grandes dificultades financieras para pagar de su bolsillo un solo fármaco genérico de uso habitual.
Algunos de los países más propensos a eliminar patentes son también famosos por su tendencia a evadir gastos sanitarios. Por ejemplo, el gobierno de la India invierte apenas un 1% del PIB en atención médica, mucho menos del 5% que se necesita para avanzar hacia la cobertura universal de salud. Pero expropiar la propiedad intelectual de los fabricantes de fármacos no servirá para mejorar la salud de la población si las redes de protección fundamentales están ausentes.
Aumentar la disponibilidad de medicamentos esenciales es imperioso para mejorar la situación sanitaria de cientos de millones de personas en todo el mundo. Las sociedades que están libres del lastre de las enfermedades pueden concentrarse en mejorar la productividad, el consumo y el comercio. Al mismo tiempo, descuidar la amenaza que suponen las enfermedades transmisibles en el mundo en desarrollo es tentar a la catástrofe, no sólo en esos países, sino también en los desarrollados. Hay mucho que puede hacerse para eliminar la disparidad sanitaria internacional, pero debilitar la protección de la propiedad intelectual de los fármacos nuevos va precisamente en la dirección contraria.
Justus Haucap is a professor of economics at Heinrich-Heine University. Traducción: Esteban Flamini.