Cómo mejorar el TLCAN

Una mujer durante una manifestación contra la violencia hacia los periodistas en México, en junio Credit Miguel Tovar/LatinContent, vía Getty Images

Algunos prefieren una solución rápida a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, que comenzaron esta semana. Sin embargo, hay bases sólidas para una estrategia diferente, que tienen que ver con el comercio y con algo más importante: los derechos humanos.

La incorporación de un capítulo firme sobre derechos humanos en el nuevo acuerdo del TLCAN tendría un impacto poderoso en México, donde las violaciones a los derechos humanos son generalizadas; en Estados Unidos, donde la cantidad de abusos contra los migrantes y otros grupos está en aumento, y en Canadá, que apenas esta semana solicitó que se incluyeran derechos de género y de las personas indígenas.

¿Por qué el presidente Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, deberían aceptar esto, si el primero se ha mostrado indiferente a los derechos humanos y el segundo se ha convertido en el violador en jefe de estos derechos en México?

La naturaleza de los tratados de libre comercio ha cambiado desde la ratificación del TLCAN a finales de 1993. México negoció un acuerdo con la Unión Europea a finales de los noventa que incluyó una cláusula en materia de derechos humanos y democracia. En 2012, Estados Unidos insistió en derechos laborales y sindicales específicos, así como disposiciones de aplicación estricta, en el Acuerdo de Promoción Comercial que firmó con Colombia. Y en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP, una serie de acuerdos complementarios con países como Vietnam y Malasia hacían un llamado al cumplimiento tanto de las reglas comerciales como de las normas laborales y ambientales.

De tal modo que existen varios precedentes para incluir un discurso firme sobre derechos humanos en un nuevo convenio del TLCAN. Hay razones poderosas para que tanto México como Estados Unidos lo hagan; la solicitud de Canadá ya dejó clara esta postura.

En primer lugar, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado seriamente en México. Desde 2007, más de 200.000 personas han sido asesinadas y hay más de 27.000 desaparecidos. Los escándalos recientes como el de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde septiembre de 2014 y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, entre las que se encuentran presuntos narcotraficantes, y de 43 más en Tanhuato el año pasado, fueron reportados en todo el mundo. Grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado en repetidas ocasiones el historial de México. Las cifras de homicidios dolosos han llegado a sus niveles más altos: más de 70 diarios.

Muchos líderes políticos, intelectuales y activistas sociales mexicanos han argumentado que acabar con esta trágica violencia no solo requiere profundas reformas en México, sino además una presión importante desde el extranjero. Qué mejor forma de lograr esto que con un capítulo de derechos humanos detallado y vinculante en el TLCAN, que tenga consecuencias: disposiciones de aplicación y sanciones relativas al comercio en caso de incumplimiento. Ya se comprobó que el argumento de que el libre comercio conduciría automáticamente a mejoras en los derechos humanos no fue cierto.

Esto es aplicable en especial a los derechos laborales y los salarios. Aunque la ley protege a los trabajadores en México, su cumplimento es laxo. Actualmente, las violaciones a los derechos laborales de sindicalización, a la posibilidad de recurrir a negociaciones laborales colectivas y de declarar huelga son más frecuentes que nunca; no hay un solo empleado sindicalizado en las filas del segundo empleador más grande de México: Walmart. Los salarios conforme al TLCAN, incluso en el competitivo sector de las exportaciones o de la industria automotriz, se han quedado estancados durante un cuarto de siglo.

Un segundo cambio importante comenzó desde 1993. Las deportaciones generalizadas, los arrestos de migrantes indocumentados, las prohibiciones de ingreso a Estados Unidos y las normas de admisión con sesgo étnico o racial han transformado a ese país: de ser un defensor de los derechos humanos —de manera interna y en el extranjero— ha pasado a ser un violador de derechos humanos. La falta del debido proceso, la separación de las familias causada por las deportaciones, los perfiles policiales con base en aspectos étnicos o raciales y la persecución directa de migrantes no autorizados sin que medie ninguna razón más allá de su carácter de “sin papeles”, están en aumento. Un capítulo de derechos humanos en el TLCAN, estrechamente vinculado a los beneficios comerciales —o la pérdida de estos para los exportadores y beneficiarios de la cadena de suministro de Estados Unidos— podría ser un freno altamente efectivo para estos problemas.

A pesar de la naturaleza contradictoria de esta estrategia, cada uno de los países firmantes del tratado obtendría beneficios. Trump quiere que los salarios aumenten en México, para que menos empleos estadounidenses se vayan al sur y el déficit comercial de Estados Unidos disminuya mediante una mayor demanda mexicana de productos estadounidenses. No hay mejor forma de lograr esto que a través de derechos laborales extendidos y obligatorios en México.

Además, Trump sabe que, a largo plazo, las violaciones a los derechos humanos en México son malas para todos: para Washington, que tiene que censurarlas por ley; para los turistas y residentes estadounidenses en México, que pueden verse afectados directamente; y para la estabilidad mexicana, que ha sido un interés estadounidense predominante en su relación con México durante más de un siglo. Los legisladores estadounidenses preocupados por las violaciones a los derechos humanos en México, como el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, pueden encabezar la defensa de estos cambios.

Dado que Trump es el único de los tres líderes de la región que insistió en renovar el TLCAN, saldría ganando con un capítulo concerniente a los derechos humanos: al enfrentar el estancamiento de los salarios, silenciaría a los críticos que creen que lo único que lo motiva son los negocios y no un interés por la gente.

En cuanto a Peña Nieto, quien va de salida, defender los intereses de los mexicanos en Estados Unidos podría ayudarlo a superar la indignación nacional que causó al invitar al candidato republicano a visitar el país e inclinarse ante él. De igual modo, todo lo que pueda hacer para corregir su historial de derechos humanos lo ayudará a restaurar su legado y evitar convertirse en un paria en su propio país.

Por último, Canadá puede ser un mediador y una fuerza impulsora. De promover estos cambios, el primer ministro Justin Trudeau sería fiel a las tradiciones de su país y una parte innovadora en las negociaciones.

¿Que una estrategia como esta prolongaría las negociaciones? ¿Que es utópica, dadas las realidades políticas? ¿Que podría ser contraproducente, generar anticuerpos contra los derechos humanos en los tres países? Tal vez, pero ante la alternativa —un nuevo TLCAN limitado al comercio que consagraría el statu quo lamentable de los derechos humanos en Estados Unidos y México—, el cambio parece preferible a pesar el riesgo.

Jorge G. Castañeda, ministro de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003, es profesor de la Universidad de New York y miembro de la junta directiva de Human Rights Watch.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *