Cómo mejorar la universidad

Vivimos en tiempos de rankings,a los que no escapan las Universidades españolas. Se están publicando las clasificaciones internacionales más relevantes, seguidas por todo tipo de comentarios y opiniones. Junto a análisis serios y rigurosos, aunque puedan ser polémicos (¿por qué no?), encontramos también tópicos manidos, ocurrencias y lugares comunes que vuelven a insistir en diagnósticos equivocados: nos sobran Universidades y universitarios, estamos a la cola de las naciones desarrolladas, descuidamos la excelencia y otras perlas semejantes. No entraré ahora en la tarea de desmontarlas nuevamente y me limitaré a aconsejar la lectura de los numerosos informes que ponen las cosas en su lugar justo.

¿Cabe entonces inferir que no debemos preocuparnos por mejorar nuestras Universidades? Afirmar tal cosa sería una simpleza de calibre grueso, en la que nadie sensato caerá. Tenemos problemas, áreas de ineficiencia, prácticas discutibles; en suma, se abre ante nosotros un amplio espacio para la mejora. Sin duda, este último enfoque tiene mucho más interés que el catastrofista o el conformista. Y es en el que me quiero situar.

Nuestras Universidades han progresado notablemente en las últimas décadas, pero aún resulta necesario impulsar su mejora. Y desde mi punto de vista, hay tres elementos clave para posibilitarla.

El primero consiste en hacer posible un mejor uso de la autonomía universitaria. El principio constitucional de autonomía supone la concesión a las Universidades de un margen amplio de libertad para organizarse por sí mismas y desarrollar su actividad. No se trata de una libertad absoluta, sino que debe estar limitada por la responsabilidad que tienen los poderes públicos de dirigir y coordinar el sistema universitario nacional. De esa tensión deriva su carácter problemático y la aparición de diversos conflictos.

Los análisis que se han hecho acerca de los factores que explican el éxito de las Universidades ponen de relieve la conexión existente entre autonomía y excelencia. Y no cabe duda de que las Universidades españolas disponen de una autonomía inferior a la necesaria. Si les permitiésemos una actuación más autónoma, sin duda mejorarían, pues saben cómo hacerlo. Esta demanda de mayor autonomía implica limitar la rigidez normativa y aumentar la flexibilidad para permitir la autoorganización. Ahora bien, algunas de las propuestas y normas que se han planteado en los últimos tiempos, como la libertad absoluta de decisión acerca de la duración de los grados, constituyen intentos, no de flexibilización, sino de una cuestionable desregulación, que puede tener consecuencias negativas por la renuncia que implica a armonizar (no uniformizar) el sistema universitario. Necesitamos una regulación más flexible, pero manteniendo un marco compartido.

El segundo elemento consiste en fomentar una más estrecha conexión con el entorno social. Las Universidades están al servicio de una sociedad que demanda una expansión del conocimiento y de una ciudadanía que plantea necesidades formativas. Las Universidades tienen, pues, metas que van más allá de ellas mismas, por lo que no pueden considerarse islas autorreferentes e irresponsables (esto es, sin ninguna responsabilidad social). Por eso deben articular esas vías de conexión, lo que implica también aceptar la necesidad de rendir cuentas de su actuación y sus resultados, que actuará a la vez como freno eficaz frente a las tentaciones de endogamia y corporativismo. Y no se crea que nuestras Universidades rechazan ese planteamiento, al contrario, echan de menos la existencia de vías no meramente formales que lo fomenten.

El tercer elemento consiste en asegurar un mecanismo de financiación que permita planificar razonablemente y elaborar y desarrollar planes estratégicos realistas y creíbles. En ausencia de los contratos-programa, las Universidades deben limitarse a administrar la escasez de recursos con una visión de corto alcance, lo que no favorece precisamente la mejora. No debe interpretarse que deban limitarse a esperar que les den los recursos necesarios a cambio de nada, pero tampoco que sean las únicas responsables de su financiación, cuando es evidente que cumplen una impagable función social.

Las Universidades españolas son conscientes de que necesitan continuar mejorando y tienen capacidad para hacerlo. Pero no pueden sentirse solas en ese impulso de mejora. Sin un contexto favorecedor, unos incentivos y un apoyo razonable de los poderes públicos, cualquier intento puede malograrse o verse abocado al fracaso.

Alejandro Tiana es rector de la UNED.

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