La pandemia de la covid-19 representa una emergencia sanitaria, económica y social de una magnitud sin precedentes, y que implicará una desaceleración dramática del nivel de actividad económica y de los ingresos de las familias en América Latina y el Caribe. Es la hora de los Estados: sin mediar acciones oportunas y suficientes, esta emergencia afectará la capacidad de las familias de velar por sus hijos y, por tanto, incrementará significativamente la vulnerabilidad de las niñas y niños con consecuencias drásticas para su bienestar, y el propio desarrollo de los países.
Ya antes de esta crisis, las niñas, niños y adolescentes eran una población de particular vulnerabilidad: en la región más desigual del mundo, la pobreza en niños y adolescentes es el doble que la de las personas adultas y tres veces la de adultos mayores. Hoy, ante la actual emergencia, las familias enfrentan no solo la pérdida de sus medios de vida y menores ingresos, sino también el aumento de las barreras de acceso a los servicios de salud, educación, nutrición y protección. Las niñas y niños tienen un mayor riesgo de enfermar, de rezagar su educación, de padecer inseguridad alimentaria y de sufrir violencia o castigo físico.
La Cepal estima que, con una contracción conservadora de 1.8% del PIB regional, el número de pobres se elevaría en 35 millones para llegar a los 220. Los pobres extremos, es decir, aquellos que no llegan a cubrir una canasta alimentaria esencial, llegarían a ser 90 millones, una cifra 22.6 millones mayor que la actual. La OIT estima que desaparecerán 14 millones de empleos en América Latina y el Caribe, en donde la mitad del empleo ya es informal y carece de seguridad social para los trabajadores y sus familias. El cierre de las escuelas representa además una amenaza para la seguridad alimentaria de 85 millones de niños ante el cese de los programas de alimentación escolar, sin mencionar los impactos sobre el aprendizaje para aquellos sin conectividad o material pedagógico adecuado. Los sistemas de salud tensionados tienen dificultades en proveer atención preventiva esencial a la infancia vulnerable, que además vive en contextos en que el hacinamiento y la falta de agua y saneamiento amenazan su salud.
En este contexto, la protección social de las familias tiene un papel trascendental que jugar y así lo ha entendido la mayoría de los gobiernos de la región. Las respuestas han sido variadas y complementarias, sea a través de instrumentos de protección del empleo, como legislación para el teletrabajo; de la seguridad social, con adelantos de pagos de jubilaciones o posibilidad de retirar parte de estos fondos; o mediante la asistencia social, vía los programas de transferencias monetarias y alimentación. La adaptación y utilización al máximo de estos instrumentos ya existentes es esencial para una respuesta rápida y eficaz. En esta coyuntura, los programas de transferencias son imprescindibles para proteger tanto el nivel de consumo como la inversión en el capital humano de los niños y sus familias, contribuyendo a su resiliencia durante este periodo.
Sin embargo, la emergencia actual también ha expuesto, como nunca, las carencias existentes en algunos sistemas de protección social, fragmentados, y que no estaban listos para responder a emergencias. Países con sistemas de protección social en los que solo los trabajadores formales o los pobres extremos contaban con alguna forma de protección, o países que cuentan solo con programas diseñados para llegar a grupos específicos (como la población pobre rural) tienen ahora el reto de atender a una población que no conocen, y que vive sin protección social, como los trabajadores informales, los de áreas urbanas, y los independientes con celeridad y suficiencia. Son destacables los esfuerzos de países como Argentina, Brasil y Colombia por crear instrumentos de ingreso solidario o renta básica, que tienden precisamente a reducir la fragmentación y a la atención oportuna y universal de todos los afectados.
De grandes crisis surgen grandes oportunidades, y una cosa es cierta: como nunca, hoy la noción de la protección social como un derecho universal se reconoce inapelable. La región no puede tolerar más pactos sociales que dejen sin protección a las niñas, niños o adolescentes, y menos en contextos en los que cada día cuenta. En el mediano plazo, este momento de adaptación para la respuesta no solo habrá construido capacidades e innovaciones sociales de modo acelerado, sino que llevará a la consideración de instrumentos distintos y de amplio alcance, como las transferencias universales a familias con niños, un tema que Unicef ha puesto en la mesa, o el ingreso universal básico. Al superar esta pandemia, habrá cambiado nuestro paradigma de política social y es esencial no perder la oportunidad de repensar un futuro distinto, con sistemas de protección universales, solidarios y sensibles a la infancia.
Mónica Rubio es asesora Regional de Política Social en Unicef para América Latina y el Caribe; Gerardo Escaroz es Especialista Regional de Política Social en Unicef para América Latina y el Caribe.