Cómo poner fin al despropósito

Es sabido que el «doctor cum fraude» que desgobierna el país lo hace con el apoyo de un abanico de partidos o partiditos de tres al cuarto que tienen aspiraciones diversas, aunque con el denominador común de su rechazo al ordenamiento constitucional y a la unidad de España. Tal anomalía es posible gracias a un sistema electoral absurdo que permite que formaciones que en la República Federal Alemana no obtendrían escaños en el Bundestag, por no superar la barrera del 5 por ciento del censo, aquí son capaces de condicionar el rumbo de la Nación. En otros países, los partidos que no tengan implantación en cada una de las divisiones administrativas que lo componen (länder, estados federados, regiones etc.) no pueden, como es lógico, aspirar a estar representados en el órgano supremo legislativo de su Nación. Aquí, sin embargo, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), con menos de la mitad de ese 5 por ciento y concretamente con un 2,01, obtuvo 8 escaños en las últimas elecciones generales; el PNV, 5, con un 1,20 por ciento; ERC, 9, con un 2,63, y por último Bildu, 2, con un 0,77 por 100. De manera que, de un censo de 36.500.000 de electores, 700.000 habilitan a CDC, 438.000 al PNV, algo menos de un millón a ERC y 281.000 a Bildu. En otras palabras, que poco más de un millón doscientas mil personas condicionan el presente y el futuro de más de 34 millones. Creo que convendría plantearse la posibilidad de poner fin a esta anomalía.

Si algún partido constitucionalista de ámbito nacional quisiera poner fin a semejante despropósito, debería proponer a los de su cuerda una reforma a fondo de nuestro sistema electoral. Bastaría con introducir una barrera del 3 por ciento (incluso dos tercios inferior a la exigida por la legislación federal alemana, nada sospechosa de déficit democrático), para que desaparecieran del Congreso los diputados de los cuatro partidos mencionados en el párrafo anterior, un total de 24, lo que haría posible la gobernabilidad del país, liberado de ese permanente chantaje nacionalista que ha llevado, lenta pero inexorablemente, a poner en riesgo la pervivencia de la Nación.

Las mayorías resultantes de esa reforma legislativa deberían abordar también, sine ira et studio, la corrección de las disfunciones que ha provocado un Estado Autonómico que, erróneamente, ha concedido capacidad normativa a las Comunidades Autónomas en lugar de limitarla a la de mera gestión, siquiera para preservar ese principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución («Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»).

Entiendo que se trata de proyectos perfectamente factibles, siempre que el PSOE decidiera de una vez por todas dejar de ser rehén de los señoritos del PSC e hiciera honor a la última vocal de su sigla y el PP aclarara sus ideas y decidiera aplicar los principios teóricos que propugna y no siempre practica. En nuestro ordenamiento, la reforma constitucional exige ser aprobada por tres quintos de cada una de las Cámaras (art. 167.1 de la Constitución) o sea 228 diputados en el Congreso y 124 en el Senado aunque, de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del ese apartado 1, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios (232), podría aprobar la reforma, tras ser sometida a referéndum siempre que lo solicitase una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (art. 167.3 de la Constitución).

Siquiera por librarse de la camisa de fuerza de las fuerzas nacionalistas y antiespañolas y de las veleidades comunistoides de Podemos, PSOE, PP, Ciudadanos y Vox deberían ponerse a la tarea de corregir un despropósito anómalo que lastra el funcionamiento normal de nuestro país desde hace ya demasiado tiempo.

Melitón Cardona es embajador de España.

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