Cómo prevenir la próxima crisis del euro

Actualmente se le asigna mucha dedicación y energía a la institucionalización de un mecanismo de gestión de crisis para la zona del euro. Es un objetivo bueno e importante. Pero un desafío mucho más significativo –que surge profusamente en el debate que lo acompaña- es la necesidad de una prevención de la crisis.

En la cumbre previa a la Navidad de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno de Europa acordaron en principio reemplazar el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera (EFSF, por su sigla en inglés), que se estableció prácticamente de la noche a la mañana en mayo de 2010, por un mecanismo de estabilidad europea nuevo y permanente en 2013. Esa decisión –y la velocidad con la que se tomó- refleja la idea de que el marco institucional de la zona del euro seguirá siendo incompleto hasta que existan reglas claras para manejar las crisis financieras.

Sin embargo, si bien resulta claro que la zona del euro tendrá unidades de cuarentena sólidas y bien equipadas en caso de que alguna vez volviera a resultar afectada por el contagio financiero, una vacuna para prevenir la infección sería mucho más efectiva. Desafortunadamente, el desarrollo de una vacuna de este tipo está recibiendo escasa atención en el terreno político.

El punto de partida debería ser la debilidad de las reglas y regulaciones de la eurozona. La característica distintiva de la unión monetaria es la ausencia de un estado común, a pesar de la moneda única. Los arquitectos del euro eran bien conscientes de que el mantenimiento de finanzas públicas sólidas por parte de los estados participantes era una condición previa vital para la estabiidad de la nueva moneda. Se logró un acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y sus estipulaciones para adherir a los criterios de Maastricht, que intentaban cuantificar la solidez fiscal de los estados soberanos sin interferir, en realidad, en sus presupuestos y políticas tributarias.

Hoy sabemos que fue un acuerdo pobre. Hubo una falta de voluntad política para llevar a cabo un compromiso claro con una política fiscal orientada a la estabilidad, lo que quedó ilustrado en el debilitamiento del PEC a instancias de Alemania y Francia en 2005. Y los miembros individuales de la eurozona desde entonces no observaron ni siquiera la disciplina requerida bajo la versión debilitada del pacto. De hecho, hubo prácticamente cien violaciones del techo de déficit impuesto por el PEC (3% del PBI) desde que se introdujo el euro –y ninguna de ellas recibió castigo.

En vista de estos repetidos incumplimientos de los requerimientos de déficit del PEC, junto con una falta similar de compromiso con el límite de deuda del pacto (6% del PBI), no sorprende que el castigo para algunos estados haya provenido de los mercados. La crisis de deuda en la zona del euro puso de manifiesto la falta de voluntad o la incapacidad de los políticos para mantener una política fiscal coherente con los requerimientos de estabilidad. De hecho, tanto los objetivos a largo plazo como las finanzas públicas sostenibles se sacrificaron a favor de la promesa a corto plazo del éxito electoral.

Esto implica la necesidad de separar la gestión de deuda nacional en la zona del euro de las limitaciones electorales de corto plazo. Lo que se necesita es un mayor énfasis en las sanciones automáticas por el desenfreno fiscal y la deuda excesiva del que existe en la actual propuesta de reforma de la Comisión de la Unión Europea.

Está muy bien contrarrestar los desenlaces económicos indeseables en una etapa temprana, como promete el plan de la Comisión, pero el momento de comenzar no es cuando las distorsiones fiscales ya son una verdadera amenaza. Esas distorsiones normalmente están precedidas por un aumento de los desequilibrios macroeconómicos. Por un momento, los mercados inmobiliarios que están en auge o se sobrecalientan y un sector bancario floreciente pero sobredimensionado pueden disfrazar una pérdida gradual de competitividad y riesgos para la sustentabilidad fiscal, como ocurrió en la zona del euro. Recién cuando era demasiado tarde los presupuestos nacionales aparentemente sólidos fueron sometidos a una presión sustancial.

La prevención efectiva debe empezar cuando surgen las tendencias económicas indeseables. Un organismo independiente de expertos que inste públicamente a los estados miembro a corregir su curso macroeconómico –en base a indicadores objetivos y comprensibles, como los costos laborales por unidad de producción- podría hacer un aporte importante en este sentido.

Por supuesto, a la clase política de Europa no le gustan las sugerencias de este tipo, porque implican renunciar a cierto grado de soberanía nacional. Después de todo, las finanzas públicas son una competencia importante de la política.

Sin embargo, ¿esa pérdida no sería compensada por una mayor solidaridad en caso de una crisis? Vale la pena observar que los defensores de la soberanía nunca se quejaron cuando el euro trajo a sus países la baja inflación y las tasas de interés de las monedas más estables que precdieron al euro a cambio de poner en manos del Banco Central Europeo sus competencias de política monetaria. Una moneda estable y finanzas públicas sólidas son dos lados de la misma moneda –así es la cosa.

La experiencia reciente nos ofrece la oportunidad de ampliar las instituciones de la UE de una manera que reduzca considerablemente la posibilidad de una nueva crisis. Eso implica mejores reglas y regulaciones que adjudiquen  mayor énfasis a la prevención de la crisis que a la gestión de la crisis.

Aquellos que no están dispuestos a pagar el precio de entregar la soberanía nacional en algunas áreas tácitamente aceptan que la erupción de una nueva crisis es sólo una cuestión de tiempo. Cuado esto suceda, las unidades de cuarentena mejor equipadas serán un mal consuelo.

Yves Mersch, gobernador del Banco Central de Luxemburgo y miembro del Consejo Gobernante del Banco Central Europeo.

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