Por Juan Gabriel Tokatlian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina (LA VANGUARDIA, 15/05/06):
La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de nacionalizar los hidrocarburos en su país se puede inscribir en el marco de un último intento por reconstruir un Estado nacional profundamente postrado y en vías de desfallecer. La enorme debilidad del Estado boliviano ha llevado a un gran número de especialistas y observadores a indicar que aquél oscilaba entre el colapso -esto es, la implosión de las estructuras de autoridad y legitimidad- y el fracaso -esto es, la incapacidad de proteger a los ciudadanos de las fuerzas que amenazan su seguridad existencial-.
Bolivia no es un ejemplo de Estado anárquico -ausencia completa de gobierno central-, pero sí de un Estado frágil -crecientemente imposibilitado de brindar funciones básicas, en especial para los pobres-. En ese contexto, la decisión del mandatario boliviano puede comprenderse mejor -y asimilarse igualmente- como el mayor y más incierto esfuerzo para evitar una degradación estatal plena.
El categórico triunfo electoral de Evo Morales expresó la intención de los bolivianos de ampliar su democracia, fortalecer el Estado y propiciar la convivencia interna, al tiempo que acalló las voces que venían alentando propuestas secesionistas en el país. Sin embargo, los desafíos que afronta su Gobierno son monumentales. En el corto plazo, los asuntos institucionales principales son la realización de la Asamblea Constituyente y del referéndum autonómico. Resulta esencial, en ese sentido, que estos trascendentales acontecimientos culminen exitosamente. Es imperativo prevenir que, como producto de posturas polarizadas, expresiones desafortunadas o acciones desacertadas, el resultado final sea la partición de Bolivia. Ello tendría, a no dudarlo, efectos simbólicos y secuelas reales en toda América del Sur.
Para contribuir al éxito político y económico del nuevo presidente y, además, ayudar a eludir un escenario negativo e incontrolable, Sudamérica y España podrían desplegar una política exterior convergente, dinámica y prudente hacia Bolivia. Podrían ejecutar, en consecuencia, una diplomacia preventiva con varios componentes básicos y simultáneos.
En primer lugar, es imprescindible el compromiso de Mercosur como un todo, porque en el caso boliviano está en juego, en cierta medida, el futuro de la paz, la seguridad y la democracia en el Cono Sur. Lo anterior implica precisar una estrategia que conjugue elementos políticos y económicos. Si Mercosur desea ser un protagonista en los asuntos regionales y hemisféricos, entonces es importante contar con su disposición diplomática y su capacidad material.
En segundo lugar, resulta fundamental persuadir al nuevo Gobierno de Bachelet en Chile de que es hora de hallar una solución seria al justo reclamo boliviano de una salida al mar. Es crucial desactivar cuestiones externas pendientes como ésta, que, de no resolverse, sólo profundizarán internamente las enormes dificultades que hoy vive Bolivia. Santiago debe ser consciente de que los problemas irresueltos que se prolongan no se olvidan; sólo empeoran.
En tercer lugar, es indispensable inducir a Estados Unidos a que se involucre en esta política concertada y cooperativa hacia Bolivia. Esto puede, incluso, reparar el pobre estado de las relaciones entre Washington y Latinoamérica y mejorar las relaciones triangulares Estados Unidos-España-Sudamérica.
En cuarto lugar, es relevante poner a disposición de todos los sectores bolivianos información, experiencias y conocimientos comparativos en materia de cambio constitucional y autonomía regional. La Cumbre Iberoamericana cuenta ahora con una secretaría ejecutiva a cargo del ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias, quien podría coordinar esfuerzos y recursos en el caso boliviano como una cuestión urgente y emblemática. Se buscaría que los actores sociales y políticos en Bolivia conozcan, por ejemplo, cómo España ha venido manejando el complejo tema de las autonomías y cómo Colombia alcanzó una consensual reforma de la Constitución (1991) con avances significativos para los grupos indígenas.
En quinto lugar, es clave llevar a Bolivia a los expertos e instituciones involucrados en negociaciones internas e internacionales. Las Naciones Unidas y muchas ONG españolas y sudamericanas tienen experimentados especialistas en resolución de conflictos. Se pretendería así conseguir que las conversaciones y acuerdos en torno a la nacionalización de los hidrocarburos y en cuanto a la Asamblea y al referéndum sean juegos de suma variable -todos ganan y pierden algo- y no juegos de suma cero -una parte gana todo y otra pierde irremediablemente-.
En sexto lugar, es urgente que empresas como Repsol YPF y Petrobras lideren, con el respaldo de los gobiernos de España, Argentina y Brasil, salidas viables y sustentables al tema de los recursos energéticos. Una solución positiva para Bolivia exige entender que los estados y las empresas necesitan coincidir en el objetivo estratégico de que un mejor Estado en Bolivia es funcional y vital para todos los actores involucrados y comprometidos con el futuro del país.
El presidente Evo Morales busca acelerar el proceso de reformas en su país. América del Sur -en especial, los países del Cono Sur- y España pueden aportar para que los cambios económicos y políticos anunciados conduzcan a una democratización efectiva, a una estatalidad vigorosa y a una convivencia pacífica. Una desafortunada confluencia de razones internas y externas puede conducir a que Bolivia termine partida. Ese destino no es inexorable; sólo lo será si los países con intereses en la nación andina olvidan sus responsabilidades internacionales.