Los datos de la última EPA confirman la buena marcha de la economía española. El empleo está creciendo a una tasa anual de 3.2% y en dos años España ha creado aproximadamente un millón de puestos de trabajo, recuperando así el 29% del empleo perdido durante la crisis. Desafortunadamente, estamos ante una recuperación a dos velocidades. Los buenos datos reflejan una mejora en las perspectivas laborales para los parados de corta duración, mientras que el paro de larga duración sigue batiendo records. La pregunta clave es cómo se puede evitar la marginalización de este colectivo ya que los actuales niveles de paro de larga duración ponen en riesgo la cohesión social y la plena recuperación del empleo.
La persistencia de altos niveles de paro de larga duración es algo común en los países castigados por la crisis, pero el caso de España es particularmente alarmante. El 14% de nuestra población activa lleva más de un año en situación de desempleo, de los que el 70% está buscando empleo desde hace al menos dos años, con el consecuente deterioro de sus perspectivas laborales. Sólo Grecia presenta cifras peores. Otra complicación es la alta concentración de colectivos vulnerables, como los trabajadores de la construcción, las personas poco cualificadas y los mayores de cincuenta, entre aquellos que llevan más tiempo sin trabajar. Según datos de la EPA, sus tasas de salida al empleo llevan estancadas en niveles excepcionalmente bajos desde el inicio de la crisis y menos del 10% de estas personas se está formando en la actualidad.
La reinserción de los colectivos vulnerables es el principal reto para el próximo gobierno porque para ellos el riesgo de exclusión social es innegable. Pero la reinserción del resto de los parados de larga duración también requiere medidas nuevas porque el colectivo al completo ha sufrido un enorme deterioro de sus perspectivas laborales. Sin ir más lejos, los datos para España indican que un episodio de desempleo superior a dos años conlleva una caída media en las tasas trimestrales de salida al empleo de unos 13 puntos porcentuales. En términos absolutos esta caída es dos veces superior a la diferencia entre las tasas de salida de parados con un título universitario y los que sólo tienen el título de la ESO. Además, a este deterioro causado por la duración del desempleo hay que añadir la caída generalizada en las tasas de salida de todos los parados muy por debajo de los niveles existentes antes de la crisis.
El deterioro progresivo de las tasas de salida tiene varias causas relacionadas con la falta de demanda de trabajo. Con el tiempo los parados pierden habilidades y la falta de ofertas de empleo puede provocar la pérdida de motivación y la disminución en la intensidad de búsqueda. Además, la desconfianza de las empresas hacia personas que llevan mucho tiempo sin trabajar suele genera un efecto estigma que empeora aún más su situación laboral.
En algunos países la falta de demanda es la principal explicación para la persistencia del desempleo de larga duración. En el caso de España, aparte de los problemas de demanda, se añaden también problemas por el lado de la oferta de trabajo, que en general son más difíciles de solucionar. Un ejemplo es el alto número de parados poco cualificados procedentes del sector de construcción que están encontrando muchos problemas para reorientar su carrera laboral hacia otros sectores. El diseño de nuestras políticas activas se debe ajustar a esta tozuda realidad. En concreto, las medidas que abaraten el coste de la contratación de parados de larga duración pueden ayudar a combatir los efectos de largos períodos de inactividad, pero no van a ser suficientes. La reinserción de los colectivos más vulnerables sólo va a ser posible con la asistencia personalizada por parte de expertos en inserción laboral y con una considerable inversión en formación.
La evidencia disponible indica que las políticas activas pueden ayudar tanto a reducir como a prevenir el paro de larga duración, pero el diseño de las intervenciones resulta ser muy importante. No todas las acciones de empleo y formación tienen el mismo impacto en distintas personas, lugares y momentos Durante la última legislatura las políticas activas han sido una de las principales victimas del ajuste fiscal, pero también fueron objeto de reformas que persiguen mejorar el modelo. Por ejemplo, se han establecido las bases para que la distribución regional de los recursos esté vinculada a los resultados de las políticas activas. Además, la formación subvencionable ya no está monopolizada por los agentes sociales. Estas mejoras deberían servir de base para consensuar un plan integral para tratar el problema del paro de larga duración en el plazo más breve posible. Existen varias prioridades. La primera es recuperar todo el retraso acumulado en materia de orientación laboral. Supone contratar y formar orientadores, pero también disponer de herramientas avanzadas para realizar el perfilado de los parados de larga duración. La segunda consiste en modernizar la gestión de las políticas activas. Para ello parece más que razonable la propuesta de varios partidos de crear una agencia o instituto que coordine las medidas y que realice evaluaciones rigurosas de su impacto, logrando por fin la integración y cooperación eficaz entre los servicios públicos de empleo, las agencias privadas y el tercer sector. Por último, cualquier acuerdo debería incluir un aumento en los fondos disponibles para las políticas activas, recuperando como mínimo los niveles existentes antes de la crisis.
Florentino Felgueroso y Marcel Jansen son investigadores de Fedea. Este artículo se basa en sus investigaciones para el proyecto New Skills at Work.