Desde diciembre de 2017, la moneda iraní (el rial) perdió un tercio de su valor. Y el 10 de abril, en respuesta a la veloz devaluación, el gobierno frenó las transacciones en el mercado cambiario interno y prohibió la tenencia de más de 10 000 euros (12 000 dólares) en moneda extranjera.
Esta jugada oficial supone un cambio radical de rumbo, después de tres décadas de política económica relativamente liberal, en las que las autoridades permitieron la compraventa privada de divisa extranjera e incluso la fuga de capitales. No es sólo que en Irán haya temor a la reanudación de las sanciones estadounidenses después del 12 de mayo, cuando se prevé que el presidente Donald Trump cumpla su promesa de campaña de retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Más bien, el país ya se está adaptando a un nuevo mundo en el que la perspectiva de un reacercamiento a Occidente se desvanece.
Con el rial ya en crisis por las amenazas de nuevas sanciones estadounidenses, la administración Trump está usando el acuerdo (cuyo nombre formal es Plan de Acción Integral Conjunto) como un medio para obligar a Irán a aceptar más restricciones a su programa nuclear (y al de misiles balísticos). Irán se sentó en la mesa de negociaciones del PAIC menos de un año después de una gran devaluación anterior del rial (que llegó a 200% en octubre de 2012), así que suponer que el gobierno se inclinará ante las demandas de Trump no es descabellado.
Pero 2018 no es 2012. Los iraníes hoy son mucho menos optimistas respecto de reparar las relaciones con Occidente, y en particular con Estados Unidos. Así que si Washington reniega de sus compromisos conforme al PAIC, al gobierno iraní le será difícil, incluso imposible, justificar más concesiones.
Los iraníes también han perdido fe en la capacidad del presidente Hassan Rouhani para mejorar la situación económica, como demostraron las grandes protestas de diciembre y enero. Anuladas las esperanzas de Rouhani de implementar reformas del mercado y aumentar la integración con Occidente, es posible que tenga que cambiar de rumbo y adoptar la “preferencia de Oriente a Occidente” del Líder Supremo, ayatolá Ali Khamenei.
Eso complacería sin duda a los halcones iraníes, que se oponen hace mucho a las reformas promercado y proglobalización de Rouhani, y promueven una estrategia (que tiene cada vez más partidarios) de adoptar una “economía de resistencia”. Esta estrategia, propuesta por Khamenei en 2012, se basa en la sustitución de importaciones y en priorizar la inversión interna a la extranjera, en un intento de reducir la dependencia iraní respecto de las economías occidentales y aumentar su capacidad de resistir las sanciones internacionales.
Con el PAIC, parecía que una economía de resistencia se había vuelto innecesaria. Tras dos años de crecimiento negativo, la economía iraní tuvo una fuerte recuperación en 2016, cuando se levantaron las sanciones internacionales. Se llegó entonces a un crecimiento del 12,5%, debido en gran parte a que se duplicaron las exportaciones de petróleo. Pero después hubo una desaceleración considerable. En 2017, la tasa de crecimiento volvió a ser cercana al 4%, y se prevé que se mantendrá reducida por varios años más.
Además, si bien la economía iraní creó 600 000 empleos nuevos por año desde la entrada en vigencia del PAIC, esto no bastó para absorber el incremento de la población joven de Irán. De hecho, el desempleo se encuentra en un nivel récord, especialmente entre los iraníes jóvenes con título universitario. Según el censo de 2016, de las personas de entre 20 y 29 años con educación universitaria, están desempleados el 36% de los hombres y el 50% de las mujeres.
Una razón de la insuficiente oferta de empleo es que la dirigencia iraní no mejoró el entorno que ofrece el país a la inversión privada. En 2018 Irán quedó en el 124.º lugar del índice de “facilidad para hacer negocios” del Banco Mundial (mismo lugar que el año anterior). Poderosos intereses creados se oponen a las reformas liberalizadoras, y la economía iraní sigue siendo tan anticompetitiva como siempre.
Pero el deslucido desempeño iraní es culpa en gran medida del equipo económico de Rouhani, que no estuvo a la altura de los crecientes problemas de la economía. Si alguna vez Rouhani tuvo la llave de la puerta de la prosperidad (como le gustaba repetir en la campaña presidencial de 2013), entonces no encontró la cerradura a tiempo.
Casi cinco años después de la elección de Rouhani, el sistema bancario iraní sigue insolvente. Los bancos están agobiados por préstamos morosos que se acumularon durante el auge inmobiliario de la primera década de este siglo, y no han podido financiar inversiones desde 2012 por las sanciones. Para atraer depósitos, están ofreciendo tipos de interés que superan por diez puntos porcentuales o más la inflación, y usan los depósitos nuevos para pagar a los depositantes viejos. El gobierno identificó y clausuró algunos de estos esquemas de Ponzi. Pero para el resto de los bancos insolventes del país, la única opción ha sido esperar que se produzca otro auge inmobiliario.
Para colmo de males, la persistencia de tipos de interés elevados contrajo la inversión en capital fijo a cerca del 20% del PIB, que es al menos diez puntos porcentuales menos que lo necesario para reducir el desempleo. En tanto, la inversión pública, inferior al 3% del PIB, apenas alcanza para mantener y reparar las infraestructuras existentes. Y al desvanecerse la perspectiva de un ingreso sustancial de capitales extranjeros, es poco probable que la inversión se recupere.
Incluso antes de la elección de Trump, los inversores extranjeros se mostraban cautos con Irán; aprobaban proyectos, pero demoraban el compromiso real de fondos. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2016 había 12 000 millones de dólares de financiación extranjera prometidos para diversos proyectos, pero sólo se habían invertido 2100 millones. Y ahora que el gobierno puso nuevas restricciones al flujo de capitales, el atractivo del país para los inversores extranjeros se reducirá todavía más.
Los controles de capitales van en la línea de la “economía de resistencia” que promueven los conservadores, uno de los cuales hace poco avivó el temor a la fuga de capitales, al declarar que en pocos meses se habían ido del país 30 000 millones de dólares (en realidad, una cifra más probable es 10 000 millones).
En cualquier caso, de que el PAIC se venga o no abajo (y con qué rapidez) en los próximos meses depende que los controles de capitales sólo sean el inicio de un gran retroceso. El desplazamiento de la toma de decisiones económicas de los mercados al gobierno pondrá fin al intento de Rouhani de crear una economía iraní competitiva y globalizada.
Djavad Salehi-Isfahani is Professor of Economics at Virginia Tech, Senior Fellow for Global Economy and Development at the Brookings Institution, and a research fellow at the Economic Research Forum (ERF) in Cairo. Traducción: Esteban Flamini.