Jesús Navarro y Víctor M. Molina son profesores ayudantes de Filosofía y Química, respectivamente, en la Universidad de Sevilla y representantes en el claustro de la misma (EL PAÍS, 18/04/06):
Hace ya más de cuatro años que la Ley de Reforma Universitaria (LRU) fue substituida por la actual Ley Orgánica de Universidades (LOU). Con la antigua LRU, un profesor no funcionario mantenía siempre una cierta inseguridad laboral, pues cada año la Universidad podía reconsiderar su contrato en función de las necesidades docentes; pero existía la posibilidad de prórroga automática de forma indefinida, en algunos casos con independencia de las capacidades, el esfuerzo y el rendimiento demostrados por el profesor en cuestión. Para solventar este problema, la LOU creó nuevas figuras de docentes universitarios (Ayudante, Ayudante doctor, Profesor Colaborador, Profesor Contratado Doctor,...) con la intención de articular una carrera donde únicamente los méritos y la capacidad debían determinar la continuidad de un profesor en su cargo, así como su posibilidad de promoción. De la misma forma, el paso de una figura a otra debía realizarse previo proceso de evaluación y acreditación de los méritos docentes e investigadores del profesor por parte de unas agencias de calidad externas a la Universidad (de ámbito nacional o autonómico), que fueron creadas a partir de la entrada en vigor de la propia LOU.
Aunque en aquel momento tal reforma era ciertamente necesaria, la no articulación de pasarelas entre las distintas figuras constituyó un defecto de base de la nueva ley: según la LOU, un Ayudante que, tras haber superado un concurso de méritos, acaba sus cuatro años improrrogables de contrato, va sin excepción al paro. En caso de haber obtenido durante ese tiempo una acreditación de calidad, y siempre que se oferte una nueva plaza de Ayudante Doctor, puede competir por ella en un nuevo concurso. Caso de ganar este segundo concurso, firmaría un nuevo contrato, una vez más improrrogable de cuatro años, tras los cuales habría de repetir el mismo proceso (paro, acreditación de calidad y concurso) para intentar conseguir un contrato indefinido. Es decir: el candidato ha de pasar por tres concursos para alcanzar un puesto estable como profesor contratado (aún no como Profesor Titular funcionario) en el que cobraría, dicho sea de paso, un salario inferior al de un profesor de Educación Secundaria.
Cuando el anterior Gobierno propuso esta reforma de ley, el profesorado universitario organizó una contundente cadena de protestas que, en lugar de conseguir una racionalización de la reforma, obtuvo como única respuesta el establecimiento de medidas transitorias relativamente favorables para el profesorado ya contratado bajo la antigua LRU, permitiéndole en un amplio plazo de tiempo adaptarse al nuevo sistema. En cambio, el profesorado en formación contratado desde la entrada en vigor de la LOU, que aún no estaba allí para protestar, ha sufrido desde entonces la aplicación de un modelo de carrera docente basado en la precariedad indiscriminada, donde el profesor sabe a ciencia cierta que el paro le espera periódicamente, con independencia de la calidad de su trabajo.
En estos momentos, y tras la presentación por parte del Ministerio de Educación de un primer borrador, nos encontramos en pleno proceso de reforma de la LOU. Ante el asombro de toda la comunidad universitaria, las figuras de contratación estables (Contratado Doctor y Colaborador) desaparecen en dicho borrador, quedando al arbitrio de las comunidades autónomas mantenerlas o crear otras nuevas que podrían no tener carácter indefinido. De llevarse a cabo la reforma en estos términos, las perspectivas laborales de toda una generación de docentes quedarían, por lo tanto, a la espera de la regulación de nuevas figuras a nivel autonómico.
Cabe esperar del Gobierno que, en lugar de tirar la toalla, asuma el reto de reformar la carrera docente de un modo coherente y justo. En primer lugar, manteniendo las figuras estables a nivel nacional, evitando una desvertebración del sistema universitario nacional que parece difícilmente compatible con la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. En segundo lugar, unificando las figuras de Ayudante y Ayudante doctor en una sola, de ocho años de duración, que evite la ruptura del periodo de formación con la interposición de un concurso. Y, en tercer lugar, estableciendo pasarelas entre las distintas figuras docentes, de modo que el profesorado vea recompensados sus logros, convenientemente acreditados por las Agencias externas de evaluación de la calidad, con estabilidad y promoción laboral.
En definitiva, se impone la necesidad de redefinir una carrera docente que ha extendido la inestabilidad laboral más allá de los cuarenta años, y que está teniendo como palpables consecuencias el desgaste del profesorado en formación y la pérdida de interés de los jóvenes licenciados por semejante carrera de obstáculos.