Días atrás, el Swedbank, uno de los principales bancos de Suecia, decidía anticiparse a la presión pública y aceptaba un recorte general de las retribuciones de sus altos directivos. El banco reconocía haber hecho uso de las medidas excepcionales de acceso al crédito impulsadas por el banco central de su país y, en contraprestación, sus ejecutivos renunciaban a 40 millones de euros en retribución variable. En palabras de su director general, Michael Wolf: «Llegamos a esta decisión nosotros mismos, en función de lo que creemos que es la forma correcta de actuar».
En estas últimas semanas, paralelamente, el Gobierno sueco decidió introducir medidas para vincular la retribución variable de los directivos del sector financiero a la obtención de beneficios empresariales perdurables y no especulativos. En el caso de que, en tres años, no se garantice la solidez del beneficio, hasta un 60% de su retribución volverá a manos de los accionistas.
Si la medida llevada a cabo por los altos directivos del Swedbank parece remarcable, no es menos notable la actuación del Gobierno sueco para intentar alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas y, especialmente, a la vista del caso islandés, con los de la sociedad. En resumen, una medida más de las que los países autodenominados avanzados han llevado a cabo para intentar corregir la desazón financiera. Esta noticia, a pesar de muchos, llegaba el mismo día en que se daba a conocer que una de las principales cajas de ahorros de nuestro país aumentaba los salarios de sus altos directivos entre un 30% y un 70% con el razonado motivo de que estaban por debajo de la media del sector. El mecanismo habitual para justificar este tipo de actuaciones pasa por encargar a una consultora un informe comparativo que demuestre esta incuestionable verdad. Sin embargo, como demuestra el caso del banco sueco, hay una cosa que se llama ética y otra que es la estética.
La situación aparece cuando, en el caso catalán, la entidad en cuestión es una de las que van a tener acceso al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el plan de salvamento del sector financiero impulsado por el Gobierno. Todo parece indicar que la cantidad que recibirá será de entre 1.000 y 1.300 millones de euros. Un dinero que irá al ya esperado proceso de fusión y, sobre todo, a aliviar a las entidades bancarias de los graves desperfectos del periodo de desenfreno crediticio. También de los gravísimos errores de cálculo inmobiliario cometidos por las cúpulas directivas. En este estado de cosas, los poderes públicos no pueden entrar en el capital social de las cajas porque estas no son sociedades anónimas. De hecho, las cajas de ahorros pertenecen a la sociedad en su conjunto. Aunque esto no implica que no se pueda llevar a cabo alguna actuación para corregir, si no en el presente sí en el futuro, lo que parece una medida cuestionable, impropia y, sobre todo, comparativamente injusta.
Y es que con la aprobación del FROB llega el momento de la verdad de la eficiencia de nuestro sistema financiero, pero también el de demostrar la igualdad de ciudadanos y empresas ante la ley y el mercado. El principio rector aceptado es que quien arriesga el dinero de los contribuyentes debe velar por sus intereses. No me parece que este principio haya sido suficientemente asumido. De momento, a lo largo de esta crisis, lo que hemos podido ver es que, si una familia no puede pagar el piso, la hipoteca es ejecutada y el inmueble pasa a manos del prestamista. Si una empresa, por ejemplar y competitiva que sea, no puede financiar su circulante, presenta concurso de acreedores y, llevado al extremo, desaparece por falta de financiación. Pero si una entidad financiera agota sus provisiones y se queda sin recursos, el Estado interviene dada la ya conocida importancia estratégica del sector.
Lo que difícilmente puede ser aceptado es que todo lo anterior, en el momento actual, venga acompañado de un incremento retributivo que ni es ético ni, sobre todo, estético. A la luz de las ayudas del FROB, convendremos en que ese ejemplo golpea fuertemente la creencia en la eficiencia social de estas entidades. Ante la gravedad de la crisis financiera, ni hacen su función –prestar dinero-- ni nos previenen contra el odioso espectáculo de la comparación con nuestros vecinos europeos.
Si el sistema financiero es disfuncional, si las propias entidades no pueden ni quieren librarse de su carga de préstamos a promotores (cerca de 300.000 millones de euros), alguien debería invitarlas a hacerlo. Si debido a esto no pueden dar crédito a las empresas de este país, el Banco de España y los gobiernos central y autonómico, en función de sus competencias respectivas, deberán encargarse de poner la situación en su lugar. Mirar tanto a los países nórdicos debe servir para recordarnos que son países donde el Estado cumple su función. Para llegar a ser como Suecia, como dice el profesor Lozano, nos falta hacer una sociedad a imagen de la sueca. Si nuestros ciudadanos y directivos financieros, evidentemente, no son suecos, alguien, añado yo, deberá ayudarnos a serlo.
David Murillo, profesor de Ciencias Sociales de Esade.