«ETA desapareció, no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay son franquistas, unas derechas de vocación golpista». La arenga de Odón Elorza en la tribuna del Congreso, aplaudida por los diputados del PSOE, rebela la utilidad del terrorismo. En 2019, Joseba Arregi escribía en EL MUNDO: «El proyecto por el que ETA mató sigue vivo y animando propuestas políticas para la definición del futuro político de la sociedad vasca». El análisis de Arregi cobra vigencia al exponer la pose moral de Elorza y su partido: «Porque aunque ETA haya desaparecido como organización terrorista, sigue viva en sus antes compañeros necesarios y hoy herederos que hacen política gracias a lo conseguido por la historia de terror de ETA, como lo afirman ellos mismos». Como Arregi temió, los socialistas asumen las premisas de quienes legitiman el asesinato y que ahora exigen olvido para que los medios terroristas no contaminen sus fines nacionalistas: «No sólo es preciso hacer política como si ETA no existiera, sino como si ETA no hubiera existido».
Elorza niega las implicaciones políticas del terrorismo nacionalista con una ceguera moral, parafraseando a Zygmunt Bauman, basada en la pérdida de sensibilidad y la indiferencia ante las atrocidades de ETA. Arregi sigue siendo esclarecedor: «Mientras no exista una condena clara de la historia de terror de ETA, mientras no exista una actuación política coherente con el significado político de las víctimas que exige renunciar a los proyectos políticos nacionalistas radicales, la presencia de ETA en la sociedad y en la política vasca seguirá viva porque no se habrá hecho justicia a la memoria debida a las víctimas asesinadas». Elorza intentó ocultar su ceguera moral con su propio victimismo. Giglioli desenmascara en Crítica de la víctima esa táctica del «líder victimista»: «Yo soy irrebatible, estoy por encima de toda crítica». Concluyó Elorza con otra inversión moral: la comparación ventajosa con el franquismo para blanquear a los testaferros de ETA estigmatizando injustamente a partidos democráticos víctimas del terror nacionalista.
Rushworth Kidder recuerda que el «coraje moral» implica valor para mantenerse fiel a unos principios éticos a pesar de las consecuencias. Cobijado en la primera persona del plural, Elorza reconocía en 2016 su «falta de valor» ante ETA: «No fuimos lo suficientemente rotundos a la hora de condenar los asesinatos y las amenazas. Imperó el miedo. Y la deriva de ello fue el silencio. Malo sería que ahora se instalara el olvido sobre lo que pasó». Su discurso hoy confirma que sigue faltándole valor para evitar aquello de lo que, supuestamente, se arrepentía. Las palabras de Arregi en 2015 al homenajear a José Luis López de Lacalle, colaborador de EL MUNDO, resuenan hoy desnudando el tacticismo de Elorza y el PSOE: «Ya sólo hablamos de víctimas y de lo que les debemos, siempre que ese débito no incluya el recuerdo de los verdugos. Parece que la historia de terror de ETA es algo así como una tormenta que ya ha pasado».
¿Cómo hemos llegado aquí? La fraudulenta legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional en mayo de 2011 es una causa, pero no la única, de la minimización del significado antidemocrático de los crímenes etarras. Bildu fue legalizado tras negociar el Gobierno socialista con ETA la vuelta a la legalidad de su brazo político a cambio de cesar la violencia. El Constitucional incumplió su propia jurisprudencia, pues Bildu, parte de la estrategia de ETA, como demostró el Supremo, jamás condenó el terrorismo. Un connivente Mariano Rajoy ignoró tan grave erosión del Estado de derecho y celebró el cese de ETA en octubre de 2011 afirmando que se produjo «sin ningún tipo de concesión política». Como denunció Mikel Azurmendi, el PP «no tuvo arrestos morales ni políticos para taponar esta vergonzosa relajación democrática cuando tuvo la mayoría absoluta». Renunció a diseñar una estrategia frente a Bildu, definido por sus dirigentes como «legal, pero no demócrata». Contra la injusticia e ilegitimidad del proyecto político de Bildu, sustentado en la sistemática violación de los derechos humanos, todo lo que los partidos oponen es indignación y aspavientos.
Neutralizado por intereses partidistas un mecanismo de defensa del Estado como la prohibición de partidos, ¿acaso no puede y debe la democracia defenderse de formaciones antidemocráticas y desleales con el sistema constitucional? Nunca han explorado los partidos democráticos una respuesta coherente con su aparente ira por la presencia institucional de Bildu, eximiendo así de sus responsabilidades políticas a quienes aún justifican los crímenes de ETA. El parlamento alemán votó en 2017 reformar la constitución para negar la financiación pública al Partido Nacionaldemócrata de Alemania (NDP), definido por el Tribunal Constitucional Federal como «constitucional pero antidemócrata». En 2013, PNV, PSE y PP aprobaron un «suelo ético» de genéricos principios que Bildu rechazó, pero sin consecuencias, evidenciando de nuevo la ausencia de rendición de cuentas. Las constantes reclamaciones de autocrítica a Bildu son estériles al evitarse medidas que impidan la amnistía política y social de la que se beneficia. Al conmemorarse la Constitución, cada año el PNV escenifica con su ausencia su deslealtad al proyecto constitucional que, sin embargo, parasita. Los partidos democráticos obvian la ineludible relación entre la deslegitimación de la Constitución por parte del PNV y Bildu y la legitimación del terrorismo etarra: al deslegitimar la democracia española, se legitima la violencia justificada como respuesta a los déficits democráticos alegados por el nacionalismo.
No sólo los partidos democráticos contribuyen por acción y por omisión a amortizar los crímenes de ETA mediante la normalización de Bildu que el PSOE lleva a una nueva dimensión. La falta de escrúpulos de Pedro Sánchez para pactar con Bildu, con el que llegó a firmar un manifiesto por los derechos humanos, se sitúa en un contexto en el que algunos medios también cancelan la trayectoria criminal de los representantes políticos de ETA. «¿Votar a la izquierda abertzale supone acelerar el final de ETA?», le preguntó en 2012 el principal diario vasco a Rufino Etxeberria, presentado como «líder independentista», su pertenencia a ETA convenientemente maquillada. Tres páginas de entrevista dominical y portada, sonriente posado, propaganda y chantaje terrorista: «Votar a la izquierda abertzale ayuda a que este país camine hacia la paz y la normalización definitiva, y supone una inversión para una nueva sociedad. Que este país viva sin la sombra de ninguna violencia». El Correo y El Diario Vasco describen habitualmente a políticos que ensalzan a ETA como «históricos dirigentes abertzales». Oculto su sangriento pasado, como si éste no determinara el presente, desaparecen las consecuencias políticas del terror y la culpa de Bildu. No se borrarían los antecedentes de un pederasta, pero sí los de criminales políticos nacionalistas.
Ángel Altuna, hijo de Basilio, asesinado por ETA, advirtió años atrás: «Sigue siendo fundamental que moralmente y, por lo tanto, políticamente no puedan triunfar los terroristas. No se debe posibilitar nunca ningún proyecto que haya precisado para su consecución la ejecución de asesinatos. No se debe posibilitar ningún proyecto político de los terroristas ya que el mismo queda invalidado desde el momento en que se empezó a asesinar. Éste debe ser el fundamento de la batalla moral, porque lo contrario sería admitir que el asesinato mereció la pena o fue un paso necesario para poder finalmente conseguir lo buscado». El éxito de la democracia al integrar a Bildu que algunos reivindican oculta la exculpación de los cómplices del terror que aún legitiman el asesinato de cientos de españoles. Hoy se hace política como si ETA no hubiera existido gracias a la tolerancia y la impotencia de quienes deberían defender la democracia activamente. Honrar a las víctimas exige mucho más que autocomplacencia e indignación por espasmos.
Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la URJC, autor de La derrota del vencedor, (Alianza).