Cómo una estudiante de Yale entregó sin querer a su papá a migración

La autora con su padre en su graduación de bachillerato en 2014 Credit Cortesía de Viviana Andazola Marquez
La autora con su padre en su graduación de bachillerato en 2014 Credit Cortesía de Viviana Andazola Marquez

Este mes mi papá y yo fuimos a la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Centennial, Colorado, para una visita de rutina. Me ofrecí a conducir porque mi papá estaba demasiado nervioso y emocionado como para tomar el volante. “¿Cuánto hemos esperado este día?”, me preguntó. Le habían dicho que viniera a una entrevista final antes de que aprobaran su residencia legal permanente.

Sin embargo, la cita se convirtió en una pesadilla. Varias horas después de que llegamos, me quedé sola y me invadió la incredulidad. Mi papá había sido detenido y enfrentaba trámites de deportación.

Mi papá es un inmigrante indocumentado, pero ha vivido en Estados Unidos desde 1998. Ha criado a cuatro hijos, todos ciudadanos estadounidenses, con sus ingresos como trabajador de construcción. Paga impuestos y cumple las leyes. Ha sido un ciudadano ejemplar aunque, por supuesto, no pueda llamársele así.

A pesar de su estatus, se ha ganado el derecho a trabajar duro sin la angustia constante de ser detenido. Sus hijos, de quienes soy la mayor, también merecemos esa paz.

La mayoría de las personas jóvenes en Estados Unidos están ansiosas por cumplir 21 años para poder tomar alcohol legalmente. Para mí ese cumpleaños significaba el día en que por fin podría solicitar al gobierno cambiar el estatus migratorio de mi padre. Llené el papeleo en febrero y creí que eso sería el comienzo de una época en la que podríamos dormir tranquilos, sin preocuparnos sobre “la migra” cada vez que el teléfono sonara.

Ocho meses después, mi padre y yo nos presentamos en la oficina de servicios migratorios con nuestro abogado y carpetas llenas de los documentos correspondientes. La funcionaria nos dijo que nuestra solicitud debería ser aprobada, pero no ese día. Tomamos eso como una indicación de un periodo más de espera, pero seguíamos optimistas: la funcionaria le dijo a mi padre cómo enterarse de sus derechos como residente permanente legal y reconoció que mi papá había pagado las cuotas adecuadas.

Después de que la funcionaria salió de la sala varias veces, algo cambió en su rostro, y el aire en la sala se puso pesado. Me pidió que saliera. No quise. Entonces volteó hacia mi padre y le pidió que me dijera que me fuera. Me dije que solo estaba siendo paranoica y caminé afuera de la sala. Mientras esperaba, tres agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) entraron y pusieron a mi papá bajo su custodia.

nuestro abogado llegó de nuevo, su cara me dijo todo lo que necesitaba saber.

Mi papá quería seguir las reglas. Había estado tratando de modificar su estatus con ayuda de familiares desde 2001. Presentamos el papeleo correcto, pagamos las cuotas y proporcionamos todas sus referencias, solo para que lo arrastraran fuera de la pequeña oficina y lo encerraran.

ICE puede elegir otorgar la residencia a mi papá, de acuerdo con lo que sugirió nuestra funcionaria de inmigración. En lugar de eso, a mi padre, un hombre que ha pagado sus impuestos todos los años, no tiene antecedentes penales y es el único proveedor de cuatro hijos, no lo pusieron ni siquiera bajo vigilancia o fianza. Aún se encuentra en el centro de detención en Aurora, Colorado, y está esperando los trámites de deportación a menos que ICE decida cancelarla.

Ahora me parece un chiste de mal gusto que en la Universidad de Yale, donde estoy estudiando el último año, esté especializándome en etnicidad, raza y migración. He pasado horas discutiendo, analizando y reimaginando políticas migratorias más justas. Sin embargo nada de eso, nada de mi trabajo académico, es suficiente. No liberará a mi papá.

Lo que le sucedió no es una aplicación apropiada de la ley: es crueldad. No se trata solo de la historia de mi papá. En el gobierno de Trump todas las personas sin papeles que viven en Estados Unidos son un objetivo para la deportación. Es un grave error de seguridad nacional.

Conforme este gobierno crea más desconfianza y miedo en las comunidades, está alentando a las personas a no ser sinceras con los agentes de seguridad. Los inmigrantes no autorizados quieren cooperar con las leyes, pero no hay forma de que lo hagan sin arriesgarse a que los detengan o deporten.

Muchas familias como la mía están amenazadas por el sistema de migración de Estados Unidos, que tiene muchos errores y que básicamente no se cumple de manera uniforme. Si seguir la ley es importante, separar a las familias no es la manera de hacerlo.

Viviana Andazola Marquez es estudiante de último año en Yale.

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