Todos parecen coincidir en que uno de los grandes retos de nuestra economía es ganar competitividad. Para ello, las empresas no solamente tienen que ser rentables, que eso se da por supuesto, sino que tienen que adaptar sus sistemas operativos y sus costes a la realidad de los mercados. Cuando la demanda se contrae, como está ocurriendo en estos momentos, en prácticamente todos los sectores económicos, las fórmulas antiguas se quedan obsol etas y todas las empresas deben reinventarse, con flexibilidad y dando respuestas ágiles.
El Gobierno del Partido Popular ha elevado a categoría de ley, en materia laboral y en otras materias, ideas que –según ellos– van encaminadas a lograr que nuestras empresas sean más competitivas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La oposición, al menos Convergencia y el Partido Socialista, no se sitúa en contra de esa tendencia, de hecho el último Gobierno de Zapatero ya había promulgado, aunque tímidamente, leyes que iban en ese mismo camino de recuperar la competitividad perdida. Mantener la competitividad es una exigencia obvia y nadie puede estar en contra de manera racional.
Pero para competir las empresas deben buscar costes óptimos, y sistemas de producción y distribución más modernos. Y en esa búsqueda constante de mejores costes muchas de ellas se ven obligadas a acometer ajustes de plantilla y de otros tipos, que comportan momentos de dolor y de crisis no deseados, estoy seguro, por ningún empresario.
Me ha llamado especialmente la atención, y confieso que no soy un experto en el caso concreto, la enorme polvareda que está levantando el plan de los embotelladores de Coca-Cola, que supone el cierre de cuatro plantas y el ERE de mil trabajadores, de los cuales 300 son despidos, y el resto, traslados y bajas incentivadas. Son muchas personas, aunque no parecen demasiados si lo comparamos con el ajuste realizado por la banca, la administración pública o los propios sindicatos. El planteamiento, el que ha trascendido, de los embotelladores de Coca-Cola tiene toda su lógica empresarial y es acorde con la máxima no solo difundida, sino promovida, desde el propio Gobierno: España tiene que tener empresas fuertes y grandes, con capacidad de competir no solo en su mercado, sino en el ámbito europeo e internacional. La consolidación y posterior fusión de las siete embotelladoras de tan emblemática marca ha dado lugar a la creación de una nueva empresa, más grande, con posibilidades de medirse en un futuro con sus homólogas europeas y también, por qué no decirlo, como fórmula de blindarse ante una posible tentativa de estas últimas a hincarle el diente al mercado español.
No me ha llamado menos la atención el que, por una vez, el poner «las barbas a remojar» haya funcionado y aun no estando en posición crítica se haya acometido una reforma del sector de gran calado. Las reformas consiguen mejor sus objetivos actuando en los momentos adecuados sin esperar a las urgencias de última hora.
Las fusiones a medio plazo suelen ser buenas, aunque también es cierto que a corto plazo se producen duplicidades que de no solventarse pueden dar al traste con los objetivos de crecimiento y competitividad que suelen llevar aparejados.
Que el mundo ha cambiado, ya nadie lo duda. Que nuestras empresas tienen que adaptarse, tampoco. Que los sindicatos deberían cambiar su perspectiva, o al menos su discurso, es algo que tendrían que plantearse. Porque, ante determinadas situaciones, lo realmente positivo y responsable sería poner en la balanza el número de puestos de trabajo que se intenta mantener frente al número afectado por medidas de reestructuración. Y en el camino negociar, aminorar el daño y mirar al futuro.
La competitividad no puede ser solo una idea política o un titular de campaña electoral. No vale predicar y luego no querer dar trigo. La competitividad necesita normativas que la faciliten como la reforma laboral. Pero luego hay que aplicarla y ser consecuente. Por eso, no deja de sorprender que los que defienden la teoría levanten su voz ante planes como el de Coca-Cola. ¡Seamos consecuentes! Porque si no será muy difícil que España recupere la competitividad perdida; desde luego, no la vamos a alcanzar con demagogia.
Blas Calzada Terrados, expresidente de la CNMV y actualmente es presidente del Comité Técnico Asesor de Índices IBEX.