Coincidiendo con la clausura de las jornadas del cincuentenario, la nueva junta directiva ha asumido sus responsabilidades al frente del Cercle d'Economia, en la que es la décimosexta junta de la institución desde su fundación, en 1958. Desde entonces, ha transcurrido medio siglo, que hemos recordado intensamente durante estos días, celebrando la intuición y el acierto de sus fundadores, aquel grupo de jóvenes empresarios y académicos que, bajo la orientación intelectual de Jaume Vicens Vives, supieron conducir sus inquietudes y colaborar activamente en la modernización de nuestra economía y sociedad.
Los actos del cincuentenario han otorgado al Cercle una mayor proyección y presencia pública, pero la gran prioridad de la institución en estos tres últimos años ha sido, como siempre a lo largo de su historia, fomentar el debate abierto, crítico y constructivo entre personas que incorporan sus matices, dejando de lado sus estrictos intereses personales, para alcanzar un posicionamiento común que, de este modo, adquiere consistencia y goza de una especial influencia. Asumiendo que, evidentemente, nuestros posicionamientos pueden no ser los más acertados pero pretendiendo, en cualquier caso, fomentar el debate abierto al conjunto de la sociedad.
Y este es el gran activo del Cercle, que toda las directivas han procurado mantener y reforzar. Una dinámica que resultaba especialmente meritoria bajo el régimen autoritario de las dos primeras décadas, pero nada sencilla en nuestro contexto democrático, pues estamos demasiado acostumbrados a ceder todo el espacio público a los partidos políticos. Es lógico, y deseable, que los partidos se constituyan en el eje vertebrador de nuestra vida pública, pero no en sus únicos actores. Esta es una seria debilidad cuya responsabilidad es injusto hacer recaer exclusivamente en la clase política.
Resulta evidente que los partidos, al ocupar todo el espacio público, apartan a otras instituciones y colectivos que, con sus aportaciones complementarias, enriquecerían y reforzarían la vida colectiva. Pero no es menos cierto que cedemos nuestro espacio voluntariamente. Muchas veces, al limitarnos a manifestar y defender en privado lo que obviamos en un ámbito más público. Esta debilidad es la que debemos superar si, de veras, apostamos por una sociedad abierta. Porque solo una sociedad abierta, en la que cada colectivo sea capaz de asumir sus responsabilidades, podrá afrontar los retos que se nos presentan. Unos retos que van mucho más allá de las actuales turbulencias económicas: algo tan complejo como seguir mejorando la competitividad de nuestro tejido productivo sin dañar la cohesión social.
Porque en una economía globalizada, se hace indispensable acompasar las políticas públicas con el dinamismo y compromiso del sector empresarial. Y a ello nos referimos expresamente en nuestra última Opinión de Actualidad: Una nueva forma de entender y ejercer la política. En el documento hacíamos referencia a la necesidad ineludible de modificar algunos hábitos, demasiado enraizados en la vida política española, que impiden garantizar la consistencia y estabilidad que demandan determinadas actuaciones públicas. Nos referíamos en concreto a ámbitos como el agua y la energía, la educación, la forma de Estado, la inmigración, la justicia, la política exterior y el terrorismo. Las políticas relacionadas con estos campos son de las más determinantes para nuestro bienestar colectivo, y requieren, si no de un acuerdo total entre los principales partidos, por lo menos de un mínimo acuerdo estable.
Hace pocos meses, en la Opinión titulada La responsabilidad del empresariado catalán, procuramos hacer un ejercicio de autocrítica sobre algunos aspectos en los que, en general, se debería incidir más y mejor desde el gobierno de las empresas. Y, especialmente, pretendimos abrir un amplio debate desde el convencimiento de que no puede resultar positivo achacar todos los males solo a la política. La sociedad civil, el empresariado catalán en concreto en este caso, tiene sus responsabilidades, y empezar a asumirlas no puede más que facilitar el remedio de los males.
Y si existe una prioridad que debe sobresalir por encima de las demás en los próximos años no puede ser otra que la enseñanza. La universitaria, evidentemente, pero no menos la obligatoria, la formación profesional y la formación continua. La enseñanza es la cuestión que resultará más determinante en el futuro de una economía como la española, que desea preservar y consolidar su Estado del bienestar en un mundo que vive un proceso acelerado de globalización. Los desafíos de la educación en el mundo presente exigen un equilibrio muy preciso entre estabilidad y cambio. Es necesaria una continuidad en las leyes básicas. No tiene ningún sentido que cada vez que se produce una alternancia en el gobierno se modifique la legislación.
Precisamente, la última actuación de José Manuel Lara como presidente del Cercle durante las jornadas del cincuentenario ha sido solicitar a los presidentes de los gobiernos de España y Catalunya y a los respectivos líderes de la oposición el mayor de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que dote de estabilidad normativa al mundo de la enseñanza. Una voluntad política que tiene que contar ineludiblemente con el apoyo de personas y entidades representativas del mundo social y económico.
Si en cuestiones tan trascendentales no somos capaces de dar nuestra opinión y ofrecer nuestro compromiso no sirve, ni vale, quejarse posteriormente. Y menos en privado.
Jordi Alberich, Director general del Cercle d'Economia.