Con claridad

Todo ha estado a punto de naufragar, hasta Pilar Rahola proclamaba que el independentismo estaba haciendo el ridículo. Sin embargo, como siempre, en el último minuto, se han salvado los muebles: la lista conjunta con Esquerra Republicana que Artur Mas quería presentar a las elecciones del próximo 27 de septiembre parece que es un hecho. CDC ha ganado el pulso a ERC, Mas ha doblegado a Junqueras al salirse con la suya. Pero creo que el conjunto del movimiento independentista ha salido ganando. Las llamadas “plebiscitarias”, en la medida que pueden serlo, serán plebiscitarias. Objetivo cumplido.

Efectivamente, elecciones y plebiscito son dos conceptos distintos e, incluso, antagónicos: o elecciones o plebiscito, pero no las dos cosas a la vez. En las elecciones, los ciudadanos eligen a unos diputados para que les representen en una cámara, en los plebiscitos (o referéndums) el pueblo se pronuncia sobre una determinada cuestión relevante. Se pueden establecer distinciones entre plebiscitos y referéndums pero deberíamos entrar en sutiles distinciones porque la doctrina no es unánime y el ordenamiento jurídico vigente no soluciona este problema porque no contempla el término plebiscito.

En todo caso, existe unanimidad en que las elecciones son un instrumento básico de la democracia representativa y los plebiscitos o los referéndums son formas típicas de ejercer la democracia directa. Así pues, elecciones y plebiscitos o referéndums pertenecen a procesos democráticos de naturaleza distinta.

Ahora bien, puestos a ser creativos, ¿cabe hablar de elecciones plebiscitarias? Está claro que las elecciones que convocará el presidente de la Generalitat —si mantiene la decisión y la fecha anunciada— son elecciones, y sólo elecciones autonómicas, reguladas en la legislación vigente. Jurídicamente no se distinguen de ninguna de las convocadas desde 1980: los ciudadanos de Cataluña sólo elegirán diputados y no se pronunciarán, ni de forma vinculante ni de forma consultiva, sobre ninguna otra cuestión que no sea esta.

Pero no deja de ser cierto que si varias listas electorales explicitan de forma clara e inequívoca en su programa que su opción preferente, en caso de tener mayoría, es proclamar la independencia, de facto están introduciendo un matíz a estas elecciones que políticamente las convierte, en cierta manera, en un plebiscito sobre si los catalanes quieren o no la independencia de Cataluña, si desean o no su separación del resto de España y si aspiran a que se constituya inmediatamente como un Estado soberano.

Para que ello sea así, para que este matíz se introduzca con una cierta seriedad, los partidos independentistas deben ser claros en sus planteamientos, deben explicar en sus programas no sólo cuál es su finalidad sino también cuál es su plan para llevar a cabo la independencia. De ahí la ventaja del acuerdo de anteayer entre Convergència y Esquerra. Sería conveniente, además, que la CUP, también independentista, partido con el que ambos mantienen abismales diferencias en aspectos económicos y sociales, se sumara al mismo plan en idénticos términos.

Pero, en todo caso, CDC y ERC, que patrocinarán una sola lista, deben concretar su proyecto cuando menos en dos aspectos esenciales: determinar cuál es la mayoría (¿de votos? ¿de escaños?) que juzgan necesaria para dar los pasos siguientes para alcanzar la independencia y aclarar si sigue vigente el acuerdo que suscribieron ambos partidos hace unos meses (que incluía la proclamación inmediata de la soberanía de Cataluña y la desvinculación del ordenamiento jurídico actual) o bien si quieren alcanzar otro distinto.

Esto es lo que deben saber los ciudadanos en el momento de ir a votar, con toda exactitud y sin ambigüedad alguna. Naturalmente, todo ello desborda absolutamente la legalidad y el Estado, en su momento, deberá tomar las medidas necesarias para restablecerla, para garantizar los derechos de los catalanes y de todos los españoles.

Si se dieran estas condiciones, unos ciudadanos informados podrían acudir a las urnas para elegir diputados sabiendo lo que votan.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.

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