La exclusión, por seis votos contra cinco, del catedrático Perez Tremps de las deliberaciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, por ser autor de un trabajo para la Generalitat, ha levantado un temporal. Primero, porque hace un año --cuando se pretendía la no admisión a trámite en el Congreso del proyecto catalán-- una recusación similar fue denegada. Segundo, porque parece que, sin Pérez Tremps, se imponen las tesis contrarias al Estatut. Tercero, porque a la recusación le ha seguido una campaña mediática deslegitimando su posible dimisión y sustitución. Cuarto, porque se ha abierto un debate en el que se quiere confundir el TC con un tribunal sólo judicial.
Vayamos al fondo del asunto. El temporal sigue a la tormenta montada por la derecha española (política, mediática, jurídica, y en parte económica) cuando el Parlament aprobó el proyecto de Estatut. La campaña en contra fue brutal. Y como caló en un sector de la opinión pública --en parte por los excesos verbales y la carrera competitiva de algunos políticos catalanes-- la derecha vislumbró la gran ocasión para hacer una foto de Zapatero, y del PSOE, vestidos de malos españoles. Retocado el Estatut en las Cortes, y aprobado en referendo, la guerra sigue.
Un rechazo del TC sería un jarro de agua fría para Catalunya, una bofetada para el catalanismo moderado que lo defendió y un paso más en el desapego. Al PP eso no le inmuta. Persigue la inconstitucionalidad del Estatut para que los socialistas tengan que sonrojarse y encajar que la España plural es o un disparate o algo cercano a la traición; en todo caso, mortal para sus resultados electorales.
No estamos pues solo ante distintas formas --legítimas-- de interpretar la Constitución, sino ante una guerra política trascendente. Y la cuestión se plantea ante un tribunal que es jurídico pero también político. El TC es político porque sus miembros no tienen que pertenecer a la judicatura sino que son seleccionados libremente (entre jueces, juristas y catedráticos) por órganos políticos como el Congreso de Diputados (cuatro), el Senado (cuatro), el Consejo General del Poder Judicial (dos) y el Gobierno (dos). Y una batalla política en un tribunal político no se gana sólo con la Constitución la ley en la mano.
Veamos la realidad sin hipocresía. El presidente Roosevelt tuvo que esperar la muerte de miembros del Supremo americano (sus nueve magistrados son vitalicios) para ver aprobadas algunas reformas del New Deal. En Estados Unidos nadie se rasga las vestiduras cuando se analiza la tendencia de un nuevo miembro del Supremo y cómo afectará a futuras mayorías. En el caso Rumasa, Alfonso Guerra debió recurrir a armas políticas --además de la ley-- para que el TC aprobara, por seis a seis y con el voto de calidad de su presidente, García Pelayo, la expropiación decidida por Miguel Boyer; un peligroso bolchevique como se ha visto después.
Todo TC es un tribunal en parte político. Y politizado. Y América y España han avanzado desacralizando tesis jurídicas conservadoras. Ahora el PP ha recurrido a todo, incluso a romper la doctrina del TC sobre recusaciones y a dejar mal parados a tres magistrados que han cambiado de docto criterio en pocos meses. Pero el PSOE y los progresistas del TC no han vigilado. Pueden señalar el "juego sucio" del PP pero --al minusvalorar el carácter político de la batalla-- han actuado como un equipo que ante un peligroso ataque contrario, en el área, rozando el penalti, y con un estadio enfebrecido, permitiera que su portero se ausentara para tomar un bocata.
Veamos. En noviembre, el PP planteó por segunda vez la recusación de Pérez Tremps. Y también la de la presidenta, María Emilia Casas, porque su marido también había realizado trabajos similares. El TC rechazó por unanimidad la admisión a trámite de la recusación de su presidenta. Pero también decidió, con el voto de calidad de la presidenta, admitir la de Tremps. Alguien debió pensar que, a la hora de la verdad, en la votación sustantiva, esta recusación volvería a denegarse. Pero sin el voto de calidad de la progresista Casas no habría existido caso Pérez Tremps, no se habría alterado la composición del TC, la discusión del Estatut se desarrollaría en otro clima y la Generalitat no hubiera tenido que subir a primera línea para recusar a otro magistrado.
En el fragor de una gran guerra política lo sucedido muestra un candor excesivo de los magistrados progresistas del TC y de los políticos que deben tutelar el asunto. La votación el martes en el Congreso para blindar la presidencia de Casas hasta diciembre (se deben renovar entonces cuatro magistrados, tres conservadores) intenta evitar sorpresas que agravarían el despiste anterior. Pero haber olvidado que el PP ha hecho de la derrota del Estatut un eje central de su política es incomprensible. Actuar como si el rechazo del Estatut por el TC no fuera a tener graves consecuencias para Catalunya y para España es irresponsable. E ignorar que la inconstitucionalidad del Estatut sería un obús en la credibilidad de Zapatero ante la ciudadanía raya lo suicida.
La vida política es siempre dura. Lejana ya la transición, en España es todavía más dura. Por ello jugar al rugby vestido de primera comunión no es conveniente.
Joan Tapia, periodista.