Con ninguno

Por Ramón Jáuregui Atondo (EL CORREO DIGITAL, 04/02/07):

Ni con el lehendakari, ni con los jueces. Ésa es mi posición. No estoy de acuerdo con la sala del Tribunal Superior que ha imputado al lehendakari, pero tampoco con la forma con que su partido ha decidido apoyarle y reprochar la actuación judicial.

Empecemos juzgando los hechos: una reunión del lehendakari con unos ciudadanos, sujetos de plenos derechos individuales, difícilmente puede ser un delito. ¿Que Batasuna es ilegal? De acuerdo, pero Otegi y sus amigos son ciudadanos que ejercen derechos inviolables, salvo que ejerzan la representación de una organización ilegalizada. ¿Que es ése el caso? Es imposible probarlo, porque bastaría que negaran tal representación y porque podrían alegar que de representar a alguien lo hacían a la izquierda abertzale. El propio juez Garzón acaba de dictar un auto, muy clarificador, aceptando el ejercicio de esa representación en los actos públicos de los dirigentes de la ex Batasuna, siempre que no lo hagan en nombre de la organización ilegalizada. Garzón ha rizado el rizo, pero lo cierto es que también es juez, de la Audiencia Nacional para más señas y encargado además de establecer doctrina a este respecto porque es el juez que lleva todo el proceso de la ilegalización de Batasuna, de lo que se desprende una jerarquía jurisdiccional incuestionable.

Pero, incluso, voy más allá. Suponiendo que los jueces no hubieran tenido en cuenta estas consideraciones, ¿qué responsabilidad penal puede tener el lehendakari por reunirse con ellos? Los dirigentes de Batasuna serán ilegales pero no delincuentes. El lehendakari, por reunirse con ellos, no viola ninguna ley, ni es cómplice de ningún delito. Pero es más. Supongamos que, con todo, los jueces estiman la necesidad de tramitar la querella presentada -conviene no olvidarlo- por algunas personas y organizaciones más que sospechosas de animadversión y ensañamiento con el querellado y claramente posicionadas con la estrategia partidaria de un partido político concreto. Lo que ya no se entiende es que la mantengan después del auto del Tribunal Supremo, para un caso idéntico. La doctrina del Tribunal Supremo es impecable y de aplicación inmediata al caso, no sólo porque se trata del mismo e idéntico supuesto, sino porque es doctrina superior, jerárquicamente inapelable.

El Tribunal Supremo, como se sabe, ha dicho que no corresponde a los tribunales controlar la acción del Ejecutivo, que dicho control corresponde prioritariamente al Parlamento (artículo 66.2 de la Constitución Española), de manera que «vendría a ser un fraude constitucional que alguien pretendiese, mediante el ejercicio de la acción penal ( ) corregir la dirección de la política ( ) que el art. 97 de la CE encomienda al Gobierno democráticamente elegido».

De manera que hay razones más que sobradas para discrepar abiertamente de esa actuación judicial y no es suficiente la argumentación de los presidentes de las audiencias provinciales señalando las generales de la ley, en el sentido de que no hay nadie inmune y que hay que esperar al pronunciamiento judicial en el momento procesal oportuno. En mi opinión, ha habido muchos momentos procesales oportunos para archivar la querella y no lo han hecho por razones que no comprendo y sobre las que no quiero ni debo especular.

Se trata de una actuación judicial muy delicada. Imputar al presidente del Gobierno por una actuación estrictamente política, guste más o menos, requiere un análisis más cuidadoso y menos instrumental. No se trata de aplicar la ley con criterios más favorables a un responsable político que a un ciudadano, sino de lo contrario, de exigir a los jueces una actuación para con el lehendakari más coherente y por tanto menos agresiva para con un acto estrictamente político del más alto representante en Eukadi de los ciudadanos. Se trata de aplicar justicia teniendo en cuenta la jurisprudencia procedente del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y hacerlo sin olvidar la legitimidad política que presiden sus actos.

Respecto a la respuesta dada por los partidos del Gobierno, me parece sencillamente una sobreactuación victimista, al límite de la injusticia. Los jueces del País Vasco no merecen ese trato. Ya sé que las críticas se han dirigido a una sala, pero son inevitables las generalizaciones contra un conjunto de hombres y mujeres que bastante han sufrido y sufren como para que se les coloque en tan peligroso punto de mira. No es correcto, ni política ni institucionalmente, que un consejero de Justicia lea un comunicado tan abiertamente contrario a las actuaciones judiciales de prácticamente todo el entramado judicial del Estado. Por otra parte, todos sabemos, los partidos del Gobierno también, que esas diligencias judiciales se van a archivar más pronto que tarde y admitiendo que la pena de banquillo (en este caso, la pena es una declaración ante el juez) es injusta e innecesaria, como ya he explicado, lo cierto es que no merece semejante ruido institucional y movilizador.

Tampoco comparto la descalificación jurídica y política que el Gobierno vasco ha hecho, con este motivo, de todo el entramado legal del que se desprenden estas actuaciones. En mi opinión, la Ley de Partidos nada tiene que ver con este asunto, salvo que se censure la ilegalización misma de Batasuna. Entonces sí, la discrepancia es política y punto. Pero de aquella ley no se desprende, como ya he razonado, argumento alguno para ir contra el lehendakari.

Respecto a otras actuaciones judiciales, merece la pena hacer dos puntualizaciones. Los sumarios abiertos buscan ilegalizar o penar organizaciones y actividades relacionadas con ETA, en una orientación que comparto: la violencia no puede encontrar soporte, enaltecimiento y apoyo en la legalidad. Durante más de veinte años hemos aceptado y soportado ese entramado con la esperanza de que sirviera para transitar desde la violencia a la política. Pero hace tiempo que sabemos que ha sido al revés, y que han sido los terroristas quienes han utilizado y controlado la política y la democracia para fortalecerse. Desde 2002 la democracia española dijo basta y dijo bien. Acertamos de pleno. Pero dicho esto, también debo reconocer que algunos sumarios abiertos en ese contexto parecen construidos con más informes policiales que pruebas. El ‘caso Egunkaria’ es uno de ellos. Cerrar un periódico y encarcelar a sus dirigentes, para que dos años después el propio fiscal nos indique que no hay causa de acusación, no es de recibo para el Estado de Derecho que defendemos. En este sentido y en algún otro, es en los que echo en falta al Consejo General del Poder Judicial para devolver confianza y objetividad a sus actuaciones. Me gustaría, por ejemplo, que una nota tan rotunda y tan unitaria como la que emitieron esta semana para amparar a la sala del Tribunal Superior del País Vasco se acordara para amparar al juez del Olmo en el caso del 11-M de las presiones mediáticas que sufre todos los días en las primeras páginas de algún periódico y en las tertulias matutinas de alguna radio.

En fin, una semana para olvidar. Espero que seamos capaces de emitir señales más positivas a una ciudadanía desesperanzada, además, por el atentado de Barajas y sus más que probables graves consecuencias. A la penosa imagen de ruptura partidaria que siguió al atentado se acompaña ahora esta grave tensión institucional entre poderes del Estado que pretende aprovechar un lehendakari en busca protagonismo y con él la ilegal Batasuna, abanderados y unidos ambos, por esta torpe jugada, en una nueva y equívoca defensa del diálogo como panacea de todos nuestros males. Honradamente, parece que seguimos el camino que nos marca el enemigo.