Desde que ETA declaró formalmente rota la última tregua -meses después del atentado que costó la vida a los ciudadanos Estacio y Palate-, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a hacer gestos en sentido contrario a los realizados a lo largo de toda la legislatura en política terrorista. Aquellos que, desde el mismo momento en que el PSOE ganó las elecciones, se convirtieron en sus «interlocutores imprescindibles» (palabras de Patxi López cuando justificó su reunión con Otegi y el resto de líderes de ETA hoy encarcelados) empezaron a ser sometidos a escrutinio. Se acabaron las fotos de los dirigentes socialistas con los líderes de ETA en amable francachela; y comenzaron a desempolvarse los informes elaborados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los documentos que habían elaborado los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y que venían a demostrar que las listas municipales y forales de ANV estaban trufadas de terroristas, empezaron a utilizarse como pruebas de cargo contra esos mismos otrora proclamados por el Gobierno como personas y partidos que «cumplen escrupulosamente la ley» (recuérdese las palabras de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, cuando respondía a las interpelaciones sobre ANV).
El miércoles, como dando una vuelta de tuerca más en esa nueva táctica antiterrorista, la Fiscalía solicitó auto de prisión sin fianza contra la alcaldesa de Mondragón; y el juez Baltasar Garzón lo dictó. E Inocencia Galparsoro pasó de presidir una institución democrática a estar entre rejas, donde les corresponde estar a los terroristas. No tengo espacio aquí para analizar una vez más el bochornoso e indisimulado sometimiento de la Justicia a la estrategia política. Tiempo habrá para insistir en la necesidad de cambiar las leyes para garantizar la independencia del sistema judicial; tiempo habrá -dentro de muy poco- para que cada cual se retrate en el Congreso cuando planteemos las reformas precisas para que el sistema de elección del fiscal general garantice que éste lo sea del Estado y no del Gobierno, como ahora.
Creo que ya es hora de que vayamos a por todas. No encuentro motivo alguno para que el Gobierno, con el auxilio de jueces y fiscales, esté devolviéndonos, píldora a píldora, nuestra libertad. Porque esa es la cuestión que hemos de denunciar: que mientras el Gobierno no utilice todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone en su mano para protegernos, cientos de terroristas, militantes de ANV, estarán usurpando los espacios que les corresponden a los demócratas en las instituciones. No se puede consentir que en una estrategia de diseño propagandístico, según «aconseje la jugada», que diría el confirmado ministro de Justicia, el Gobierno apriete o afloje la presión sobre el entramado del terror. A día de hoy, ANV mantiene en el País Vasco y Navarra 437 concejales y 33 alcaldías. Todos ellos están ahí porque la estrategia del Gobierno de Zapatero pasaba cuando se celebraron las elecciones locales y forales de mayo de 2007 por dejarles entrar. Por eso, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado impugnaron una serie de candidaturas presentadas por ANV; no es que se les pasaron: es que habían decidido dejarles volver al lugar reservado a los demócratas. Esos centenares de cargos públicos -junto con los parlamentarios vascos del PCTV-, además de ocupar el espacio democrático que no les corresponde a los terroristas, reciben al año unos seis millones de euros, dinero utilizado para mantener su infraestructura del terror y para tener más a tiro a los demócratas.
No nos conformaremos con esta ceremonia en la que el Gobierno pretende lavar su cara a plazos, como si no quisiera romper todos los puentes con ese mundo del terror. No nos conformaremos con «mociones éticas», única coartada en la que parecen ponerse de acuerdo quienes tienen la responsabilidad del Gobierno de España y del País Vasco. Por eso, anuncio que Unión Progreso presentará inmediatamente en el Congreso de los Diputados una iniciativa instando al Gobierno a que proceda a la disolución de los órganos de las corporaciones locales gobernadas por esa franquicia de ETA llamada Acción Nacionalista Vasca. Los ciudadanos deben saber que el Gobierno tiene en su mano la competencia para evitarnos esta situación de indignidad y de riesgo continuado. Exigiremos que se aplique el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice expresamente, que «el Consejo de Ministros, previo acuerdo del Senado, podrá proceder mediante Real Decreto a la disolución de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares».
Este es un país con muy poca memoria. La demoscopia ha sustituido a la política; y la propaganda suplanta en demasiadas ocasiones a la realidad. Los ciudadanos, en general, prefieren que se les dé buenas noticias y que les dejen tranquilos. Por eso hay quien -incluso compartiendo la reflexión crítica- reacciona negativamente contra quienes no nos conformamos con esta política de cálculo mediático que el Gobierno parece querer alargar hasta las próximas elecciones en el País Vasco. Pues asumiremos el riesgo de resultar molestos. Porque aquí, lo que está en juego, no es que los socialistas quieran lavar su cara y todos debamos ayudarles; lo que está en juego -y lo único que a mí me importa-, es la credibilidad de las instituciones democráticas. Y la vida de muchos ciudadanos que, merced a la presencia de los terroristas en las instituciones, está mucho más al descubierto. El Estado tiene el deber de proteger la democracia y de garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. No hay disculpa alguna para que el Gobierno no utilice todos los instrumentos que tiene en su mano para expulsar de las instituciones democráticas a los terroristas. El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local está ahí para que se pueda usar en defensa del interés general. Dejémonos de mociones éticas o de declaraciones grandilocuentes. Utilicemos la Ley que nosotros mismos nos hemos dado. Sólo así contribuiremos a que los ciudadanos recuperen la confianza en la política y en las instituciones democráticas. Veamos si conseguimos que el Gobierno actúe de una vez con todas las de la ley. Por nosotros no va a quedar.
Rosa Díez