Con el mensaje mil veces repetido e interiorizado por todo el Ejecutivo regional de que la aprobación de estos presupuestos resulta vital para Javier Lambán, Podemos probó a tensar las costuras.
Primero fue la petición de salida del Gobierno aragonés del consejero Fernando Gimeno, inaceptable para Lambán y defendido –como no podía ser de otra forma– hasta el mismo borde de un abismo que alertaba de una posible ruptura definitiva. Tras el fracaso podemista frente a la condición inamovible de Gimeno en el Gobierno llegó, como segundo plato pero igualmente sabroso, la petición de recorte de aulas en la educación concertada; simple moneda de cambio de un propósito político cuyo fundamento era justificar el apoyo necesario para la aprobación de los presupuestos. En este caso, no se dijo que no. El logro que suponía obtener los votos de Podemos demostraba, quizá de manera sobreactuada, el espectro político donde Lambán aprovechaba para ser visto.
Las cuentas de 2017, las únicas que tienen voluntad de salir adelante –las próximas, al igual que ocurrirá en el Ayuntamiento de Zaragoza, acumulan boletos para ser prorrogadas hasta las elecciones–, fijan postura política para el presidente aragonés, mientras parecen reconciliar al PSOE con una militancia en plenas primarias. Por ello, la cesión ante Podemos de las aulas de la concertada, pese al lío desatado y pese a la ruptura de un modelo que los socialistas habían garantizado, no ha resultado tan inasumible para el presidente aragonés. Lambán, que se mueve en el difícil equilibrio de medir hasta dónde puede llegar en sus elásticas aproximaciones con Podemos, corre el riesgo de definir erróneamente la naturaleza política de las más de 30.000 personas que se manifestaron el pasado martes en Zaragoza. El apoyo del PP a la marcha no puede servir para ocultar el perfil diverso de muchos de los padres que llevan a sus hijos a la concertada. En esta escuela, como en la pública, hay votantes socialistas y hasta sindicatos dispuestos a salir a la calle para defender los puestos de trabajo de los profesores.
La manifestación de la concertada, mucho más que una piedra en el zapato del presidente Lambán, logró su importante participación al sentirse los asistentes moneda de cambio de un acuerdo político en el que el primer beneficiado es Podemos. La concertada no hubiese saltado con tanta fuerza si el cierre de las aulas se hubiera realizado mediante un acuerdo entre las partes, pactando las diferencias respecto al número de vías a suprimir y, tras valorar la demanda global, resolviendo la controversia en los tribunales.
La firma del acuerdo entre el PSOE y Podemos ha dejado en plena desnudez un proceso que siempre tuvo una formulación política. Lambán, que asume los riesgos de negociar públicamente con los podemistas, no tiene, a tenor de los movimientos desplegados, la menor intención de desandar el camino. De hecho, el cambio por sorpresa del voto de Podemos respecto a los presupuestos de Castilla-La Mancha –permitiendo junto al PP una pinza contra el socialista García-Page– ha encendido las alertas en el Pignatelli.
La polémica de la concertada, que ha abierto una división interna entre las corrientes del PSOE, también ha alimentado las tensiones con CHA. Aunque las diferencias entre los dos socios de gobierno se comprenden al pensar en los protagonismos orillados, el diputado de Chunta Gregorio Briz afeaba al PSOE el acuerdo con Podemos al calificarlo como un"error garrafal" que ha creado un"conflicto innecesario".
Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón.