Concertada y pública

Meter a treinta mil personas a manifestarse en la nada de un martes no es fácil; y si la movilización viene de sectores tradicionalmente tranquilos, casi silentes, aún menos. El Gobierno de Aragón preveía desde el martes por la mañana que la movilización iba a ser un éxito. Aun así, apenas doce horas después de la mayor movilización en Aragón de los últimos años, el Ejecutivo aragonés decreta sus cierres en la concertada, con poca sensibilidad y nulo tactismo. El primer problema político serio del Gobierno de Javier Lambán ha llegado por meterse con ímpetu –por exigencias del guion podemita– en un jardín que no era suyo. Debió haber entrado con más cuidado; o al menos sin la fe del converso. Es un jardín, no la jungla. Andar a machetazos para apartar geranios puede convertirlos en lianas. Lambán tiene con la enseñanza concertada el mismo problema que Ramón Espinar con sus cocacolas de protección oficial. Un problema de credibilidad por hacer de lo innecesario la teatralización de un drama.

Ni la patronal de la educación concertada ni sus trabajadores ni los padres ni los alumnos entienden que, en una ciudad como Zaragoza, o en Huesca o en Teruel, o en Jaca o en Zuera, no puedan seguir conviviendo y complementándose dos modos de enseñanza cuya convivencia desde hace más de treinta años no ha dado problemas. Un modelo constitucional y legalmente consagrado. Estamos ante una guerra que no existía, ante un problema político de génesis artificial que afecta a muchas familias. Un conflicto que acrecienta la caricaturización –siempre exagerada– de Lambán como presidente cautivo.

Si el modelo público y el de la concertada coexisten (y, por cierto, porque así lo quisieron los primeros gobiernos de Felipe González), la primera pregunta que se le podría hacer al poder político es por qué donde la pública y la concertada se complementan los padres eligen mayoritariamente la concertada. Si podemos afirmar que la pública cuenta con los mejores profesionales (que lo son) y nuestros recursos, los políticos aragoneses deberían centrarse en contestar por qué muchos padres (muchos) prefieren la concertada a la pública. Algo pasa. Pero en este debate artificioso nadie menciona la palabra ‘calidad’ y mucho menos la palabra ‘eficiencia’. Por cierto, esta última, la eficiencia, es también un concepto legal que debe regir en la Administración pública. Más que nada por el detalle de que pagamos impuestos hasta por morir.

Desde luego, el mantra de que hay una guerra de supervivencia entre la educación concertada y la pública, provocada por la baja demografía, es falso. Los propios hechos lo desmienten: las aulas que se pretenden cerrar están todas en la provincia de Zaragoza y se cierran trece unidades en la concertada para abrir dieciséis en la pública. El argumento decae y además encierra una trampa: aceptar que la baja demografía solo va a afectar a la enseñanza concertada. Además, ¿la intención es seguir cerrando aulas en la concertada año tras año, ya que la demografía no va a cambiar a medio plazo?

Jurídicamente va a tener gran trascendencia el que la Consejería cierre las vías en la concertada antes de que los padres elijan y antes de que se sepa dónde están realmente vacantes las plazas, si en la pública o en la concertada. El Tribunal Supremo, como recuerda el Justicia de Aragón, ha considerado que si el descenso demográfico no se traduce en una reducción de las solicitudes en un centro privado concertado no es legalmente admisible que se suprima en dicho centro concertado una unidad que tiene una demanda de plazas suficiente para alcanzar la ratio profesor/alumnos exigida. Como la medida del Gobierno de Aragón llega conculcando el derecho de los padres a elegir plaza, nunca sabremos dónde estarían esas vacantes.

El equilibrio entre la pública y la concertada ha sido posible desde hace más de treinta años. Si de verdad la enseñanza pública está en peligro (un eslogan sin base real) no será por la integración de la enseñanza concertada, cuyo coste por alumno arroja una proporción mejor y cuya calidad convence a decenas de miles de padres y madres aragoneses curso tras curso.

Víctor M. Serrano Entío, abogado.

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