Concurso de arbitristas

¿Economistas o visionarios? ¿Sociólogos o lunáticos? ¿Juristas o falsarios? Los arbitristas proliferan en la España decadente del siglo XVII, sin perjuicio de precursores y epígonos. Tal vez no merezcan la mala fama que arrastran. Historiadores eminentes como José Antonio Maravall, Joseph Pérez o John Elliot ofrecen una imagen benevolente de aquellos prolíficos autores de memoriales y proyectos varios. Nadie discute las buenas intenciones: hay que luchar contra esta «república de hombres encantados», decía Martín González de Cellorigo. La lectura de los textos es muy ilustrativa: casi todos proponen trabajar menos y ganar más. Entre las recetas hay de todo, pero el ingenio hispánico no suele decepcionar. Como siempre, la anécdota se impone a la categoría. Quedan en la memoria algunas propuestas insensatas o pueriles: suprimir la cena una noche a la semana, pongamos por caso. O sea, material propicio para la sátira y el esperpento. Quevedo y Cervantes se mofan del gremio. Las Cortes castellanas votan a favor de su expulsión. Quizá no supieron vender el producto. Podrían haber constituido un «comité de sabios», encargar un «libro blanco» o apelar a la «democracia deliberativa»… Pero ya era tarde para ejercer el oficio. Mucho más exigente con el método, la ciencia moderna desprecia las ocurrencias. Pero la vida sigue su curso, llegan las falacias posmodernas y regresan los viejos trucos: fragmentos, deconstrucción, performances, modas efímeras… Premio para el más ingenioso. Veremos quién gana.

La tierra tiembla en Japón. La historia pisa el acelerador en el mundo islámico. Geología y Geopolítica compiten a la hora de contarnos —mal que bien— por qué desaparecen las certezas eternas. ¿Qué hacemos en España? Como buenos posmodernos, Rodríguez Zapatero y los suyos desprecian la duda, «nuestra moderna corona de espinas», como decía Lawrence de Arabia. Por cierto que algunos comentaristas apresurados podrían sacar provecho de una lectura selectiva de «Los siete pilares de la sabiduría»: viajando con los beduinos por el camino de Aqaba se aprende mucho sobre ciertos tópicos al uso… Volvamos al asunto. Aquí y ahora, el Gobierno afronta a base de ocurrencias para salir del paso una crisis de dimensión universal. Si no fuera dramático, podría ser divertido. La opinión pública lo tiene muy claro. El viernes, Consejo de Ministros. Pocas horas antes, una legión de arbitristas se afana en aportar recetas novedosas. Casi siempre ganan el concurso las propuestas que cumplen estos dos requisitos: imponer nuevas prohibiciones y recaudar más dinero por vía de tributos o sanciones. La gente se enfada cuando le presentan como bálsamo de Fierabrás esas medidas que surgen del fondo de la chistera. Últimamente, el discutible ahorro energético a base de límites de velocidad o las bombillas de efecto milagroso. Polémica en los medios, indignación general y normas de todo rango para llenar las páginas (ahora virtuales) del Boletín Oficial. Hasta la próxima semana.

Casi nadie ha reparado a estas alturas sobre la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible, producto de un interminable trámite parlamentario. Los juristas estamos curados de espanto en materia de técnica normativa. Recuerdo con nostalgia a los pioneros Montesquieu o Bentham en sus escritos sobre la «calidad» de las leyes. Esta vez ya no sabe uno para dónde mirar. No quiero aburrir al lector con tecnicismos, pero no me resisto a denunciar la más flagrante contradicción que ha conocido el ordenamiento jurídico español desde el Fuero Juzgo —por decir algo— a nuestros días. Veamos por qué. La Ley referida proclama con toda naturalidad que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Buenos propósitos, sin duda. Por cierto, dos de ellos aparecen en la Constitución y convendría tratarlos con un mínimo respeto. Nos enteramos poco después de cuál es el gran objetivo: crear un «marco normativo estable y predecible», esto es, un «entorno de certidumbre» que facilite la actuación de ciudadanos y empresas. Más adelante, el legislador promete que será «sencillo, claro y poco disperso(sic)». Sabia disposición, parece, expresada con profunda humildad…

Ahora, los resultados. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, ocupa nada más que doscientas páginas del BOE (ahora, impreso). Sencillez ejemplar. ¿Coherencia? Pues miren ustedes: se regulan, entre otras cosas, los organismos reguladores, los mercados financieros, los contratos del sector público, la ciencia y innovación o —faltaría más— el modelo energético. Tampoco se libran las universidades, la formación profesional, los transportes y las viviendas. En Derecho Fiscal, cambian casi todas las leyes tributarias. En Derecho Mercantil, no se libra de los retoques ningún capítulo de los manuales. En Derecho Administrativo, más vale que los expertos se olviden de identificar todas las modificaciones. Como pasaba por allí la «ley Sinde», también aparecen por algún sitio las reformas sobre propiedad intelectual y sociedad de la información, con su correspondiente secuela procesal. Prefiero no seguir, pero resulta imposible eludir este último dato: la Ley termina con ¡sesenta! disposiciones finales. Si no he contado mal, afectan como mínimo a un centenar de leyes vigentes. Muchas de ellas, añado, han sido objeto hace poco de diversas modificaciones. Ya saben: «Sencillo, claro y poco disperso…».

No son minucias propias del prurito profesional de los juristas. En efecto, la seguridad jurídica exige «saber a qué atenerse», es fuente de confianza social y económica y es garantía de certeza en la aplicación del Derecho. Confianza, precisamente, es la necesidad más urgente de la economía española para crear condiciones objetivas que permitan atisbar la luz al final del túnel, esa que siempre nos anuncian y no llega nunca. Si le añadimos la pluralidad de normas autonómicas que complican seriamente la unidad de mercado, la conclusión es muy preocupante: a día de hoy, el ordenamiento jurídico es un obstáculo adicional para la inversión productiva y la creación de empleo. El concurso de arbitristas en busca de un titular en los medios supone una dificultad objetiva para cambiar el rumbo de la economía española. Al mismo tiempo, contribuye al malestar patente de una sociedad que contempla, entre perpleja e indignada, la incapacidad de los gobernantes para ofrecer un proyecto razonable.

«Otra vuelta de tuerca». El famoso título de Henry James se ajusta plenamente al contenido de la rueda de prensa semanal que proclama las últimas ocurrencias del Ejecutivo. Mientras tanto, el único objetivo político es controlar la magnitud psicológica de la próxima derrota electoral. El truco es muy viejo: «Si el PP no gana por goleada, salimos vivos una vez más…». Cuidado con los argumentos espurios. Lógica limpia y clara: en las urnas, como en la vida, uno gana y otro pierde. Por si acaso, guardemos a la democracia de las ocurrencias interesadas de nuestros arbitristas electorales.

Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política, Universidad CEU San Pablo.

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