El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha determinado que Batasuna es parte integrante de ETA. En realidad, no sólo ha rubricado esa realidad tan íntimamente sentida por los vascos. Lo que ha juzgado el Tribunal europeo es que ETA es un cancerígeno para los derechos humanos. Aceptando que la ilegalización de Batasuna en España estaba impulsada por su pertenencia a una organización criminal que practica el terrorismo, los jueces de Estrasburgo han concluido por unanimidad que a la política democrática debe serle extirpado cualquier tumor venenoso que, desde el interior de sus células, pretenda minarla, corromperla, mutarla o destruirla. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado que la extirpación del tumor etarra del tejido político vasco se realizó de acuerdo a los principios de salud democrática.
La robusta sentencia de Estrasburgo es significativa en cuatro direcciones complementarias. La primera es que no es un dictamen español. Es decir, el Tribunal Europeo reconoce que España está sufriendo un fenómeno terrorista que se expresa en diversas dimensiones y que una de ellas es el intento de infiltrar las instituciones democráticas. Y lo reconoce un tribunal ante el que el propio -ya sí etiquetado oficialmente como- grupo terrorista, a través de su filial de infiltración institucional Batasuna, había planteado un recurso basado en que las acciones judiciales españolas de ilegalización habían vulnerado los derechos humanos. La respuesta en forma de sentencia es que la ilegalización de Batasuna es una medida en defensa de los derechos humanos, de todos los ciudadanos, no sólo españoles, vascos o extremeños, sino universalmente, también de daneses, eslovacos o malteses. Lo que rotundamente ha subrayado el Tribunal es que Batasuna es un cancerígeno universal para la democracia.
La segunda significación a destacar de la sentencia es que deja en evidencia los argumentos cuestionadores de la calidad democrática española, esgrimidos en la doctrina oficial de ETA pero también aprovechados oscilatoriamente por el PNV. Hasta el momento, en su andamiaje conceptual de sustentación de la violencia, los etarras venían manteniendo que España era algo así como un reducto posfranquista aislado en el marco de una Europa libre, en donde el MLNV sería algo así como los resistentes galos de Astérix rodeados por la dictadura romana, que tarde o temprano Europa se encargaría de diluir favoreciendo un gobierno etarra libertador. Por increíble que parezca muchos etarras razonan más o menos así, aunque es más creíble cuando constatamos que la deformación mental de realidad es absolutamente necesaria para asesinar a una persona en el supuesto nombre de Euskal Herria.
Pues bien, la sentencia deja patente la insipidez de este razonamiento criminógeno, aunque por supuesto contribuya menos a anularlo en la práctica. Tanto ETA-Batasuna como cualquiera que en su órbita obtenga un beneficio por mantener la farsa conceptual argumentarán ahora que las instituciones europeas han sido infiltradas a su vez por el Gobierno español, que a través de oscuras presiones y manipulaciones ha logrado llevar a la unanimidad a siete jueces internacionales, puestos en contra torticeramente de la ETA libertadora y bla, bla, bla... Es decir, el argumento al servicio de la violencia, con el terrorismo como profesión. Por tanto, no depositemos muchas expectativas en que la sentencia fragmente la realidad paralela construida por ETA para gestionar su empresa criminal.
El tercer significante de relevancia en la sentencia judicial internacional contra ETA es el valor que concede a la condena, o la no condena, del terrorismo. A veces, numerosas, la condena del terrorismo se ha planteado por algunos como algo testimonial, como una expresión simbólica, una 'performance' verbal para el posicionamiento ante la opinión pública sin más trascendencia. El dictamen jurídico de Estrasburgo nos sugiere ahora que la condena explícita del terrorismo tiene valor legal. Y es perfectamente lógico, teniendo en cuenta que el terrorismo es, ante todo, un instrumento psicológico de aplicación de violencia asesina para manipular percepciones públicas. Las democracias tienen que adaptarse al tipo de amenazas que sufren y a la clase de vulnerabilidades que ante ellas exponen. No condenar un tipo de terrorismo que calcula su grado de implantación social por el respaldo explícito o implícito que tiene en un territorio y que, sobre todo, ha articulado una facción política para inocularse en las instituciones y hacer más insidiosos los efectos multiplicados de su violencia supone de partida contribuir a la legitimación tácita de ese terrorismo.
Aralar pronto aprendió esa ecuación y, sin renunciar a más o menos idénticos planteamientos independentistas que Batasuna, condena el terrorismo para que ETA no pueda apuntarse sus votos como propios. Iniciativa Internacionalista no ha condenado el terrorismo de ETA y todavía no sabemos, o no queremos saber, por qué el Tribunal Constitucional rectificó la sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo. En cualquier otro país de democracias sin complejos las asociaciones que defienden principios antidemocráticos ni siquiera se ilegalizan, simplemente se cancelan de oficio por vía administrativa. Ya veremos qué cara se le queda a nuestro Tribunal Constitucional cuando Iniciativa Internacionalista presente plataformas de electores en media España en las próxima convocatoria a comicios locales.
La cuarta pata de la matriz de significados de la cruz fulgente que ha iluminado la sentencia de Estrasburgo viene representada por la validación jurídica internacional de la Ley española de Partidos y, por tanto, por un refrendo a la estrategia iniciada por Aznar, secundada por Zapatero pero, sobre todo, hábilmente aplicada por Rubalcaba, de que eliminar el terrorismo etarra pasa por encarecer su denominado frente institucional y social. El terremoto que en ETA ha producido la extirpación de su metástasis política en los parlamentos y consistorios de Euskadi es sólo comparable al descubrimiento de que la banda terrorista también tiene infraestructura económica y que, minándola sin descanso, se la hace retroceder como a un insecto ante el fuego.
Ahora hay que perseguirla políticamente en Francia, aprovechando Estrasburgo y, remando a favor de la convicción estratégica de Patxi López, diseñar un plan para hacer un legrado del útero etarra en la sociedad de Euskadi.
Andrés Montero Gómez