Condenar el terrorismo

ETA ya no mata, pero no se ha disuelto. Los herederos políticos de ese mundo fueron legalizados pero no han condenado la historia del terror y acoso a los que no piensan como ellos. Gobiernan muchos ayuntamientos, incluido el de Donostia-San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es fundamental para ETA y su entorno no condenar la historia del terror y, a ser posible, conseguir impunidad para los presos de ETA, pero les interesa hacer esto con palabras llenas de almíbar que confundan los planos de sus responsabilidades y las difuminen. El ejercicio de trile lingüístico y sentimentalismo básico se despliega con todo su esplendor ante nosotros: esta semana se hace en el Parlamento Europeo, donde ha hecho su aparición el colectivo de familiares de presos etarras, Etxerat.

Podemos y debemos preguntarnos si esa opción es la más adecuada para el futuro de la convivencia en el País Vasco y en Navarra. En mi opinión resulta fundamental para la democracia española respetar y hacer respetar la ley y no caer en la trampa de pactar un relato merengoso sobre nuestra historia reciente.

Condenar el terrorismo

La necesidad de ley y verdad histórica, frente a un relato y una política penitenciaria amañada tiene que ver con la posibilidad de la regeneración de un tejido social y político muy dañado que no puede producirse sobre nuevas mentiras que se escriban y digan sobre el miedo antiguo.

Repasemos los antecedentes. La estrategia de acoso y estigmatización en el País Vasco y buena parte de Navarra contra los no nacionalistas y los policías y guardia civiles y sus familias amedrentó a buena parte de la población. Florencio Domínguez asegura en uno de sus libros fundamentales que la historia de los últimos 25 años del País Vasco no podrá entenderse en toda su complejidad si no se tiene en cuenta un factor que la atraviesa a lo largo de este periodo: «El miedo, oculto y negado las más de las veces» y «distorsionador de la vida pública» al «alterar valores sociales básicos y el comportamiento de los ciudadanos». Florencio Domínguez hablaba hace 12 años en Las Raíces del Miedo de «una sobrerrepresentación de las opiniones y actitudes del nacionalismo». No ha cambiado.

En 37 años, sobre esos mimbres ha avanzado la deslegitimación del Estado y de la nación española en el País Vasco y Navarra. Durante la mayor parte de este tiempo el nacionalismo gobernante mantuvo una actitud ambivalente hacia los perseguidos porque especialmente en los años 80 y 90 le repugnaban mucho los no nacionalistas y porque los asesinos de ETA pertenecían, en muchos casos, a familias socialmente más cercanas a ellos.

Debe resultar muy doloroso descubrir un día que aquellos a los que estamos unidos por la sangre son asesinos fanáticos, como debe serlo descubrir que son violadores o pederastas. Pero con la inversión de valores del País Vasco los familiares de los asesinos están más integrados que las víctimas que han provocado y pueden considerarlos héroes.

Nunca se creó una asociación de familiares que abogase por que sus seres queridos condenasen el terror y ayudaran a reparar el daño causado. Al contrario, Gestoras Pro Amnistía fue ilegalizada en 2001, como Askatasuna, en 2002, por ser parte integrante de ETA. Etxerat eludió la ilegalización pero algunos de sus actos han sido prohibidos por «encubrir actos de homenaje a diversos presos de ETA».

Etxerat proclama que en España hay presos políticos. Eso supone la deslegitimación de la democracia e implica que el asesinato de las víctimas fue válido y su vida no significa nada. Esa profunda mentira lo contamina todo, contamina el falso humanitarismo que puede por los presos de ETA que cumplen condena. Y no hay empatía en ellos sino un profundo sarcasmo al decir que están dispuestos a hablar de sufrimiento. Sin condena del terror es un gran timo.

Maite Pagazaurtundúa es portavoz de UPyD en el Parlameto Europeo.

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