La esperanza de la vacuna, que será la mejor solución para la doble crisis que vivimos, no debe ocultar la realidad. Millones de españoles están en el paro, en el limbo del ERTE o en la incertidumbre. Según el Banco de España, una de cada 10 empresas tendrá que cerrar por la pandemia; se estima que entre el 20% y el 30% de los negocios de hostelería serán insolventes. De los 37 países miembros de la OCDE, España es el que sufre la peor recesión, después de Argentina.
La muerte de las empresas desemboca en la destrucción de empleo. Es obvio, sí. Pero no se lo parece a parte del Gobierno, incapaz de entender, por ejemplo, que la propaganda no soluciona el problema estructural del 40% de desempleo juvenil: casi la mitad de los menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran un empleo. La economía no se resuelve con consignas; el marketing no repara los planes destrozados. Los jóvenes que ya sufrieron la crisis hace 10 años, la gente que no llega a fin de mes, las familias castigadas por el desempleo, los autónomos y las pequeñas empresas que ven negadas sus oportunidades lo están pasando muy mal. Sienten que el Gobierno no les hace caso, que nadie se pone en su lugar
Por suerte, no estamos solos. Europa nos ha lanzado un salvavidas de más de 140.000 millones para reactivar la economía durante los próximos siete años. Las condiciones –sí, hay condiciones– las estamos terminando de cerrar esta semana en Bruselas, una vez desbloqueado el problema con Polonia y Hungría. Los dos eurodiputados liberales del equipo del Parlamento europeo que ha negociado con los Gobiernos de los Veintisiete hemos luchado para que esas condiciones sean nítidas, con controles que eviten que los fondos se malgasten o se destinen a ayudar a amiguetes.
La legislación negociada exige a los países que utilicen el dinero en reformas e inversiones que aseguren el crecimiento para salir de la recesión. España debe usarlo para reformas estructurales –temporalidad del mercado laboral, sostenibilidad del modelo de pensiones, alta tasa de abandono escolar temprano…– y para invertir en la creación de empleos.
Desgraciadamente, pese a los esfuerzos, corremos el peligro de desaprovechar el dinero, porque tenemos el Gobierno equivocado para hacer frente a una situación como esta. España ya ha enviado a Bruselas su borrador del Plan de Recuperación. Lo que se conoce no puede ser más preocupante, empezando por el mecanismo de gestión. En varios países hay comisiones de técnicos y expertos para establecer prioridades y organizar los planes, como en Grecia (la Comisión Christopher Pissarides, dirigida por este Nobel de Economía) o en Francia (presidida por Jean Tirole, otro Nobel, y Oliver Blanchard, ex economista jefe del FMI).
Con el atrevimiento y el politiqueo habituales, el Gobierno ha explicado que los proyectos que recibirán financiación se elegirán desde La Moncloa. No digo que el Ejecutivo no deba decidir las prioridades de gasto; ese es su trabajo. Lo que me preocupa es que quiera seleccionar entre quién se lleva el dinero y quién no.
Incluso el propósito inicial, encargarlo a una comisión interministerial, se frustró por las protestas del vicepresidente Pablo Iglesias. Solución: el Consejo de Ministros es la comisión de control y diseño de los proyectos y de la gestión de los fondos. Cuando salga mal, oiremos el habitual «¿quién lo hubiera podido saber?» al que nos han acostumbrado durante la pandemia.
Además, y derivado de este error, las prioridades en las que el Gobierno ha decidido gastar los fondos no pueden ser más equivocadas. En vez de hacer planes, ha pedido a los ministerios que desempolven los proyectos que estaban en el cajón para poder gastar y, al tiempo, que abran un buzón de correo electrónico –así, sin más indicaciones– para que las autonomías envíen ahí lo que se les ocurra
Ignorar los problemas no hace que desaparezcan. El Gobierno se ha negado a poner en marcha un programa de ayudas directas para evitar que pymes y autónomos naufraguen durante la pandemia. Parece como si el salvavidas europeo estuviera reservado solo para algunos. Los mecanismos aprobados hasta ahora para ayudar a autónomos y pymes son insuficientes, porque se limitan a ofrecerles que se endeuden con créditos garantizados por el ICO y que recurran a los ERTEs para no despedir. Esto vale para una crisis temporal, corta, pero la situación que atravesamos dura ya demasiado y los autónomos y empresarios se están arruinando, porque siguen teniendo que pagar alquiler, seguros, tasas y demás costes fijos.
Los autónomos y pequeños empresarios son gente dura, increíblemente trabajadora, y por eso muchos saldrán adelante, aunque arrastrarán sus deudas durante años. Muchos otros se arruinarán, cerrarán sus negocios y tendrán que despedir a los empleados, porque no entraban en las prioridades del Gobierno.
Al hundirse parte del tejido empresarial, al ir a la quiebra autónomos y pequeños empresarios, se dejará de generar riqueza, habrá que cubrir más prestaciones por desempleo y se ingresarán menos impuestos para pagar las pensiones y los salarios públicos. Si este escenario se materializa, dentro de unos años tendremos que volver a Bruselas a pedir que nos echen una mano, porque nos cuesta mucho pagar esas pensiones y salarios, por ejemplo. El problema es que en ese momento ya no se escuchará el mensaje dominante de 2020 –esto no es culpa de nadie–, sino que muchos dirán: esto es vuestro problema. Estamos avisados.
Usar mal el dinero europeo implicará ignorar la ruina de millones de españoles y nos complicará el futuro en Bruselas. Es un deber de todos los que queremos a España luchar para impedir esta catástrofe en el horizonte. Por mi parte, he puesto el máximo empeño para que la UE acordase las medidas que eviten que el dinero se malgaste, y seguiré trabajando para que esta oportunidad no se pierda.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados de forma sensata pueden contribuir enormemente a ello. Por eso, en las últimas semanas me he reunido con personas como Alberto Núñez Feijóo en Galicia, Guillermo Fernández Vara en Extremadura, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea en Castilla y León, Juan Marín y Rogelio Velasco en Andalucía y Begoña Villacís en Madrid. Porque en estos momentos tan difíciles tenemos que trabajar juntos para salir de la crisis. Trabajar juntos para garantizar el mejor futuro posible a los españoles.
Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo y portavoz económico de Renew Europe. Es también miembro del equipo parlamentario que ha negociado con los Gobiernos el reglamento para el uso de los fondos europeos.