El Gobierno de España ha aprobado recientemente el indulto a tres mossos d'Esquadra condenados por, entre otros, un delito de torturas, y a un cuarto mosso condenado por un delito contra la integridad moral y otro de detención ilegal, conmutando sus penas de prisión por una multa de 7.200 euros. Los mossos d'Esquadra indultados habían sido previamente condenados por su brutal agresión a una persona absolutamente indefensa a la que detuvieron por error.
Entre la relación de hechos probados contenidos en la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se aceptan y permanecen inalterados por la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en casación, puede citarse que los mossos d'Esquadra condenados se abalanzaron sobre su víctima «por la espalda, le pusieron la zancadilla, lo arrojaron de cara al suelo colocándolo boca abajo y esposándolo con las manos atrás, imposibilitando cualquier reacción defensiva suya, tanto por el uso del factor sorpresa como por la desproporción física y numérica, le propinaron los cuatro acusados mencionados indistintamente reiterados golpes y puñetazos por todo el cuerpo, pisándole la cabeza contra el asfalto y agarrándole por el cuello para impedir que gritase; todo ello sin identificación alguna».
La víctima fue introducida a continuación en un vehículo policial, considerándose probado que durante el trayecto a dependencias policiales se le golpeó reiteradamente y se le introdujo en la boca una pistola con la exigencia de que reconociera todo lo que supuestamente había hecho y que si no lo tirarían por un barranco. También consta como hecho probado que se le manifestó «si la jueza te suelta, te podemos matar, no serías el primero», obligándosele a viajar con la cabeza hacia abajo y metida entre los asientos, al tiempo que se le agarraba por el cuello y se le golpeaba con la pistola en la espalda.
Asimismo, consta probado que los golpes continuaron a la llegada al aparcamiento de la comisaría a pesar de que la víctima «seguía sollozando y rogando que pararan, repitiendo que era hemofílico y podía morir, a lo que el agente le contestó: 'más valía', saliendo, en ese momento, uno de los agentes -no identificado- que estaba aquella noche de servicio en comisaría y quien dijo a sus compañeros acusados que pararan, que había cámaras grabadoras».
Por otra parte, consta también probado que uno de los mossos ahora indultados, junto con otro compañero, se dirigieron hacia la novia de la víctima, embarazada de tres meses, y a quien «apretaron del cuello, para que dejara de gritar (…), la sujetaron de ambos brazos y la agarraron fuertemente de sus cabellos, siendo arrastrada por ambos acusados hasta otro vehículo policial donde la introdujeron a la fuerza y la trasladaron a comisaría», donde al parecer le hicieron múltiples preguntas en relación a su novio y donde «la engañaron a fin de que respondiera lo que ellos querían (…)» sin que «en ningún momento le manifestaron que estuviera detenida, pese a encontrarse privada de libertad de forma forzada».
Los policías condenados debían de contar con una sensación de impunidad tal que no tuvieron inconveniente alguno en dar rienda suelta a su barbarie aun a pesar de la presencia de diferentes testigos que pudieron declarar en su contra.
En este caso hubo suerte (o más bien, los policías condenados cometieron la torpeza de no preocuparse por ocultar su actuación frente a posibles testigos) y fue posible probar la comisión de tan aberrantes e injustificables abusos policiales.
Sin embargo, existen muchos casos de denuncias por posibles abusos policiales que no llegan a resolverse nunca, por falta de pruebas. No es que en esos casos se cierre la investigación tras demostrarse que los hechos denunciados eran falsos (ni tampoco ciertos), sino que simplemente no se puede demostrar la veracidad de los mismos.
Los abusos policiales y las torturas sólo pueden proliferar en ámbitos donde exista un elevado grado de impunidad hacia ese tipo de crímenes. Por ese motivo resulta tan necesario luchar contra todos aquellos factores que contribuyan a generar esa peligrosa sensación de impunidad a partir de la cual pueden proliferar los abusos policiales y las torturas. Y por ese mismo motivo resultan tan preocupantes todas aquellas circunstancias que vienen a favorecer la impunidad ante posibles abusos policiales.
Hasta ahora sabíamos que los funcionarios de Policía uniformados incumplen, con demasiada frecuencia, su obligación de ir identificados, portando el número de placa que posibilite su identificación. Ese incumplimiento impide en numerosas ocasiones identificar debidamente a los funcionarios denunciados, archivándose los correspondientes procesos penales por la supuestamente imposible identificación de los denunciados.
Sin embargo, no parece que nadie, con competencia en la materia, adopte las medidas necesarias que vengan a corregir esa situación a pesar de las reiteradas quejas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de los informes del Defensor del Pueblo que hacen mención a esa cuestión y de las innumerables denuncias y vídeos que circulan por internet demostrando que realmente es cierto que, en muchos casos, los policías no portan de forma visible su número de placa.
Resulta preocupante que, por añadidura, desde la Administración se esté pensando en restringir, en determinadas circunstancias, la grabación y difusión de actuaciones policiales, ya que un mal uso de esas restricciones podría servir para blindar aún más a aquellos policías que se exceden en el uso de la fuerza.
Hasta ahora también sabíamos que, en determinadas instalaciones policiales donde existen frecuentes denuncias por supuestos malos tratos de las personas allí retenidas, no existen mecanismos de videovigilancia (o los que existen son del todo insuficientes) que permitan dejar constancia de las circunstancias en que transcurre su detención.
Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el Defensor del Pueblo, además de organizaciones de defensa de derechos humanos, sin que tampoco se haya corregido esa situación. Este dato resulta sumamente llamativo ya que si las denuncias de malos tratos y abusos policiales carecieran de fundamento sería la propia Administración la primera interesada en demostrar que esas denuncias son falsas y sería, por tanto, la primera interesada en establecer sistemas de videograbación eficaces y suficientes que permitieran acallar las mencionadas denunciadas (si es que, insistimos, realmente dichas denuncias fuesen falsas).
También sabíamos -aunque esto no sea de dominio tan público- que en determinados casos de denuncias por presuntos malos tratos policiales la Fiscalía no realizaba ninguna gestión de impulso de la instrucción o de las investigaciones, ni acudía a las declaraciones de las víctimas, ni a la de los denunciantes, ni a la de los denunciados. Y no sólo eso, sino que por añadidura llegaba a apoyar el archivo de las actuaciones cuando ese archivo era del todo prematuro por no realizarse la diligencias de investigación oportunas.
Sabíamos también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado contra el Estado español en diferentes ocasiones por no proporcionar una investigación efectiva ante diferentes denuncias de torturas.
Hasta ahora sabíamos todo eso. Ahora sabemos algo más. Sabemos que aunque llegaran a investigarse de forma efectiva las denuncias por posibles abusos policiales y aunque llegaran a acreditarse, en su caso, la veracidad de las mismas, tenemos un Gobierno dispuesto a indultar a los funcionarios de Policía que resultan condenados por tan execrables delitos que repugnan (o deberían repugnar) a la conciencia humana.
Que pese por siempre sobre sus espaldas y sobre su conciencia la vergüenza de haber dado tan lamentable, inexplicable e ignominiosa muestra pública de generosidad hacia quienes un día fueron capaces de tomarse la justicia por su propia mano e incurrir en excesos y abusos policiales tan aberrantes como los que ahora son objeto de indulto.
Javier García Espinar es presidente de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos.