La Reunión Anual del Foro Económico Mundial de este año en Davos se produjo en un momento de perplejidad para las elites económicas y financieras del mundo. Si bien, últimamente, la economía mundial ha estada marchando bastante bien, los votantes se han rebelado contra dichas élites.
A pesar de los muy publicitados desafíos y puntos débiles, en los últimos años ha habido abundancia de noticias económicas buenas. La globalización y el progreso tecnológico han respaldado el crecimiento anual del 2,5% del PIB per cápita mundial desde el año 2009 – un crecimiento inferior al que se tenía antes de la Gran Recesión, pero aún muy alto si se lo compara con estándares históricos. En los últimos 35 años, la proporción de la población mundial que vive en la pobreza ha caído del 40% a sólo el 10%.
Quizás la mayor queja durante el año pasado fue la desigualdad. Sin embargo, a nivel mundial, la desigualdad está disminuyendo. Y, a pesar de que la desigualdad sí ha aumentado en algunas economías avanzadas, el aumento no ha sido particularmente dramático y permanece en niveles razonables.
Pero, eso no es lo que percibe el ciudadano promedio. Según el nuevo Informe de Transición del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que se basa en la Encuesta sobre la vida en transición 2015-2016 realizada por el Banco Mundial y el BERD (donde soy economista en jefe), el aumento de la desigualdad que se percibe supera ampliamente la realidad descrita por los datos oficiales, datos que generalmente se basan en encuestas de hogares.
En todos los 34 países donde se encuestó a los hogares, excepto en uno, la mayoría de los encuestados señaló que la desigualdad ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, los datos oficiales muestran cambios muy pequeños en el coeficiente de Gini (una medida estándar de desigualdad) durante dicho período, habiendo la mayoría de los países experimentando una disminución de la desigualdad.
Uno podría asumir que, cuando ocurre un enfrentamiento entre datos y percepción, los datos siempre ganan. Pero, en este caso, puede ser que los datos estén mal – o, más exactamente, podemos estar utilizando datos equivocados. A diferencia de los ciudadanos ordinarios, que ven a las personas sin hogar en las calles y a los multimillonarios en las noticias, las encuestas de hogares que sustentan las mediciones de la desigualdad pueden estar realizando muestreos insuficientes de aquellos en el nivel más alto y de quienes se encuentran en el nivel más bajo de la distribución del ingreso.
Otro tipo de datos, recogidos por el economista francés Thomas Piketty, pueden proporcionar una imagen más exacta de la desigualdad de hoy en día: los registros fiscales. Esos datos indican que el crecimiento del ingreso entre los súper ricos ha superado con creces al de los ingresos del resto de la población. Philippe Aghion de Harvard y el Colegio de Francia y sus coautores han reforzado este hallazgo, mostrando que, si bien la desigualdad en las poblaciones de los países ricos no ha aumentado entre el 99% de las personas en la parte inferior de la distribución de ingresos, el 1% en la parte superior de dicha distribución se ha alejado mucho del resto por el aumento de sus ingresos.
La concentración de la riqueza en la parte superior, señalan tanto Piketty como los otros, puede ser peligrosa. Si las instituciones políticas son débiles, los magnates ricos pueden utilizar su dinero para “capturar” a funcionarios del gobierno e inclinar las regulaciones económicas a su propio favor. Con sus recién adquiridas ventajas competitivas, pueden acumular réditos indebidos, reinvirtiendo parte de su botín en la adquisición de réditos aún más injustos. La concentración de la riqueza sería difícil de limitar y, con el pasar del tiempo, los pequeños empresarios se verían desplazados hacia afuera del mercado.
Por supuesto, si las instituciones políticas de un país son lo suficientemente fuertes, ni siquiera los súper ricos pueden distorsionar las reglas del juego. En ese caso, los que acumulan la mayor riqueza son los empresarios más talentosos y más afortunados, que cosechan sus beneficios por la conducción de la innovación y el crecimiento que, a su vez, benefician a toda la economía.
Desafortunadamente, en muchos de los 36 países miembros del BERD, las instituciones políticas no son tan fuertes. Esto se refleja en el hecho de que las materias primas y los recursos naturales dan cuenta de la mayor parte de la riqueza de los multimillonarios en los países BERD, lo que sugiere que no sólo se tiene a disposición los réditos de los recursos, sino que también dichos réditos están siendo gravados inadecuadamente.
Existe una clara necesidad de hacer frente a la injusta influencia política de los súper ricos. Más directamente, esto significa lograr que el financiamiento político sea más transparente, con normas más estrictas y más eficaces. Pero también significa abordar el uso de los medios de comunicación por parte de los oligarcas con el propósito de manipular la política e inclinarla en su propio beneficio.
Como señaló Luigi Zingales en el año 2012, los oligarcas pueden utilizar la propiedad de los medios para solidificar sus posiciones políticas, mismas que ellos posteriormente pueden explotar para garantizar réditos con los cuales pueden financiar los medios de comunicación. Sostiene Zingales que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue un maestro en este tema. No obstante, también muchos otros oligarcas en los países post-comunistas han hecho lo mismo.
Algunos oligarcas dirían que es mejor que ellos sean los dueños de los medios de comunicación en vez que lo sea el gobierno; al menos ellos pueden competir con otros oligarcas. Esas aseveraciones son una cortina de humo. Sí bien es verdad que la propiedad de los medios por parte de un gobierno cleptocrático o autoritario es peligrosa, también existe peligro cuando la propiedad de dichos medios está en manos de oligarcas que pueden entrar en acuerdos de colusión entre ellos con el propósito de proteger sus intereses colectivos – mismos que pueden diferir considerablemente de aquellos del resto de la sociedad.
Los medios de comunicación se encuentran en los cimientos de las sociedades democráticas modernas. Esta es la razón por la que la propiedad de dichos medios debe ser transparente e, idealmente, se debe prohibir a los propietarios de los medios poseer otros activos. En resumen, los medios de comunicación deben estar sujetos al mismo tipo de política antimonopolio que, por ejemplo, lo están las industrias de construcción de infraestructuras.
Por supuesto, tal política antimonopolista se enfrentaría a una férrea resistencia política. E, incluso, si se la llegase a aplicar, los magnates seguirían trabajando a favor de influir en los medios de comunicación mediante, digamos, contratos de publicidad con precios erróneos. Y, en cierta medida, algunos medios de comunicación podrían recibir con agrado subsidios oligárquicos como una forma de gestionar nuevos desafíos a los modelos de negocios tradicionales.
Para abordar estos problemas se requiere, ante todo, un regulador independiente fuerte. Al mismo tiempo, los subsidios públicos transparentes y no politizados pueden ayudar a apoyar el objetivo de bien social de los medios de comunicación honestos.
No será fácil implementar un marco eficaz antimonopólico para los medios de comunicación. Sin embargo, llevar a cabo ese cometido continuará siendo más fácil que enfrentar a un público cada vez más insatisfecho y que está perdiendo la fe en la democracia y los mercados abiertos.
Sergei Guriev is Chief Economist at the European Bank for Reconstruction and Development. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.