Confianza y desconfianza

Por Joaquín Leguina, diputado socialista y estadístico (EL PAÍS, 10/11/06):

El proceso de designación desde las alturas para ocupar el puesto de aspirante a la alcaldía de la capital ha hecho que algunas tímidas voces se hayan preguntado acerca del brillante papel (brillante por ausencia) de los afiliados o militantes del Partido Socialista de Madrid a la hora de elegir a sus dirigentes y representantes.

Funcionamiento interno el de los partidos que en lo referente a la selección y promoción de su personal descansa cada vez más en la confianza que pueda cada cual suscitar en el aparato dirigente y cada vez menos en el mérito y la capacidad ordenados por la Constitución (artículo 103). Pero el sistema también choca de frente con el mandato del artículo 6. Vayamos a él: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley». Como se ve, la Constitución deposita en los partidos un cuasi-monopolio para la actuación en el campo político, pero a cambio les exige que «su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos». Pero ¿lo son realmente?

Las palabras democracia y democrático pueden entenderse de muy diversas maneras, mas cuando esas palabras se refieren al funcionamiento, cualquier persona entiende que dentro de ese funcionamiento deberán darse, al menos, dos actividades: 1) un debate libre de ideas y propuestas y 2) elecciones.

En otras palabras, la democracia exige competición (de propuestas y de personas) ante un cuerpo electoral que es quien decide y elige. Lo demás puede ser motejado de tranquilo o, con más propiedad, de sumiso, pero no es democrático. Y desde luego, la cooptación, ya sea de tipo papal como lo es el colegio cardenalicio, ya sea corporativa como es práctica en las Reales Academias, no es una elección. Dado que, precisamente, la cooptación (más papal que corporativa, todo hay que decirlo) es la norma general en el PSOE (y también en el PP) se puede concluir que los partidos españoles no cumplen con la primera condición, pues detestan las elecciones.

¿Cumplen la condición del debate? En los órganos deliberantes, por ejemplo, del PSOE, en su Comité Federal, no existe debate -entendido como confrontación de ideas y propuestas-. Éste ha sido sustituido por el comentario. Allí se comenta, generalmente de forma elogiosa, lo que ha hecho o dicho previamente el mando y, por supuesto, jamás se vota otra propuesta que la presentada por la Ejecutiva.

Estos defectos no son nuevos, aunque en la actualidad se hayan llevado hasta la exageración. La demostración de que la cosa es vieja la tenemos en los reglamentos de las Cámaras (Congreso y Senado) pergeñados por los aparatos partidarios, aprobados durante la etapa constituyente y luego copiados por los parlamentos autonómicos. Estos reglamentos niegan la existencia del parlamentario como individuo, pues absolutamente todo: hablar, preguntar, escribir… se ha de hacer con el visto bueno de la jefatura del Grupo y nada le está permitido en tanto que persona elegida por sus conciudadanos. Este ninguneo llega hasta el paroxismo (dudosamente legal) cuando, a la hora de cobrar el sueldo, el parlamentario español no lo recibe de la institución a la que sirve (Congreso o Senado), sino que a él le paga su partido (previos descuentos para financiar la organización partidaria, multas y demás cargas).

Tanto en lo tocante al funcionamiento parlamentario como en lo que respecta a los mecanismos internos ya descritos, no puede argumentarse a su favor con la existencia de prácticas parecidas en los partidos europeos, porque los grupos parlamentarios británicos, por ejemplo, gozan de una vitalidad e independencia de criterio en verdad envidiables. Y en cuanto al sistema para elegir candidatos, basta con acercarse a Francia para ver cómo va la elección ahora en curso en la que el Partido Socialista Francés elegirá su candidato a la Presidencia de la República.

La cosa no tiene vuelta de hoja: los partidos en España no funcionan democráticamente. «¿Y qué?», dirán sus dirigentes en actitud lógica. Lógica porque nadie les reclama por su desprecio hacia el mandato constitucional. Y, puestos a argumentar, afirman que cualquier veleidad democrática es un riesgo, pues la imagen que se transmitiría hacia el exterior sería la de la división interna. Y, ya se sabe, pues así lo aseguran los comentaristas mediáticos, un partido dividido es un partido perdedor.

El panorama sólo puede enmendarse mediante una ley que obligue a los partidos a unas prácticas democráticas mínimas (elecciones, derechos y deberes de los afiliados, la obligación de hacer públicas las cuentas, etcétera), cuya ausencia sería denunciable ante la Justicia. Pero no se hará a no ser que el clamor mediático-popular lo reclame.

De las prácticas descritas se deriva un sistema de «selección de personal» en el cual «el mérito y la capacidad» se han convertido dentro de los partidos en palabras malditas, sustituyéndolas por un mecanismo de vieja raigambre romana: el nepotismo. Un sistema de promoción endogámico cuyos efectos perversos saltan a la vista. La abundancia de cuadros y representantes sin ninguna experiencia profesional fuera de la política así lo acredita.

Quizá nadie le ponga el cascabel al gato, pero lo que sí parece claro es que la salud del gato no es buena. Se percibe con sólo mirar a los muchos diputados y diputadas aupados a las listas sin otro pedigrí que el endogámico. Verlos, digo, subirse a la tribuna para leer allí unos folios, incapaces de expresarse con soltura en un lugar que se llama Parlamento, resulta, a todas luces, demoledor. Pero en el caso del PSOE estos lodos vienen de aquellos polvos, de los cuales no son responsables quienes dirigen actualmente el partido, sino que lo son (lo somos) quienes tuvieron (tuvimos) en su día esas responsabilidades y no quisimos o no pudimos crear una cultura, unas prácticas políticas que sirvieran en el futuro -hoy ya presente- como muro de contención contra las perversiones derivadas de una burocratización arrolladora.