Conflictos legítimos e inventados

Uno de los problemas con que tropieza la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones es que, así como hay una opinión formada sobre las desigualdades de clase o de género, es más difícil encontrar criterios de justicia en materia de equidad intergeneracional que sean de fácil aplicación. Es fácil rechazar una situación de desigualdad económica si nos dicen que los ingresos de los ejecutivos multiplican por doscientos lo que ganan los obreros, pero es más difícil pronunciarse cuando la comparación se hace entre pensiones y salarios. ¿Sería equitativo, por poner un ejemplo, igualar ambas cosas? Lo digo porque en 2010 la relación entre salarios y pensiones era de 2 a 1, en tanto que 10 años más tarde es de 1,6 a 1, así que estamos en camino de conseguirlo. El problema de esta tendencia es que, si nos comparamos con Europa, nuestra tasa de sustitución (que mide la relación entre pensiones y salarios) está 14 puntos porcentuales por encima de la media europea (en España, la pensión media representa un 58% del salario medio, en tanto que en Europa solo un 44%), con lo que nos estamos apartando de la pauta europea.

Conflictos legítimos e inventadosEn consecuencia, podemos preguntarnos: ¿sería más equitativo que pensiones y salarios se terminaran igualando o, por el contrario, deberíamos revertir la tendencia, introduciendo un factor de sostenibilidad, en lugar de aumentar las cotizaciones? Ya sé que sobre esto es difícil pronunciarse, debido a la complejidad del asunto, pero es que, además, nos encontramos un problema añadido: los mismos que condenan las desigualdades de clase o de género por considerarlas un conflicto legítimo se revuelven contra cualquier mención a las desigualdades derivadas de la edad por considerarlas un conflicto inventado. O peor aún: un intento de enfrentar a jóvenes y viejos en el seno mismo de las familias.

¿Cómo podemos distinguir entonces entre un conflicto legítimo y un conflicto artificial? El primer paso es ponernos de acuerdo sobre la idea de explotación. En este punto, muchos siguen pensando en los términos que lo hacía el viejo marxismo (explotación capitalista y plusvalía), pero el marxismo analítico ha dejado bien claro que la explotación es mucho más que eso: es sacar ventaja de otros de tal suerte que se vean obligados a actuar en beneficio de los que juegan con ventaja. Veamos un ejemplo. Si dividimos la población del censo electoral en tres grupos de edad, como son los jóvenes (18-34), los adultos (35-54) y los mayores (>54), podemos observar que los tres grupos de edad tenían un peso similar en el año 2000. A partir de entonces, los jóvenes inician un descenso muy pronunciado, en tanto que los otros dos grupos de edad siguieron creciendo. En consecuencia, la proporción entre mayores y jóvenes, que en el año 2000 era de 1 a 1, pasó a ser de 2 a 1 en 2020. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la participación electoral de los mayores y los jóvenes es muy diferente (los mayores votan en mayor proporción), de tal manera que el efecto combinado del diferente peso demográfico de mayores y jóvenes, por un lado, y de las diferencias en las tasas de participación, por otro, hace que, en la práctica, nos encontremos con que por cada voto efectivo de los jóvenes se registren 2,6 votos de los mayores. Esto coloca a los jóvenes en una situación de desventaja a la hora de defender sus intereses en las urnas.

El segundo paso para distinguir un conflicto legítimo de uno artificial recomienda, en cambio, recuperar una vieja idea de Marx, cuando distinguía entre clase en sí y clase para sí, verdadero germen de todo el proyecto socialista. Pues bien, ¿cómo podemos aplicar esta idea al caso que nos ocupa? A estas alturas, todos sabemos de la preferencia de los jóvenes por la nueva política (ya fuera Podemos o Cs), por contraste con la preferencia de los mayores por los partidos tradicionales (PP y PSOE). Esta preferencia de los mayores se puede explicar de dos maneras: podemos hacerlo en términos de cultura política, pues se trata de generaciones socializadas políticamente en los años de la Transición que conservan, por tanto, una fuerte identificación con los partidos de gobierno (socialistas y populares), lo que explicaría su rechazo de la nueva política. Pero podemos hacerlo también recurriendo a la distinta manera que tienen jóvenes y mayores de relacionarse con las políticas sociales y, en concreto, de entender el gasto social: una que entiende el gasto social en términos de pensiones y subsidios (gasto consuntivo) frente a una concepción alternativa que otorga una importancia creciente a la inversión social (educación, ayudas a la formación de nuevos hogares, etcétera). Mientras los mayores están identificados con la primera opción, los jóvenes están más bien interesados en la segunda.

¿Cuál es el problema? El problema es que el modelo mediterráneo de Estado de bienestar que tenemos en España está pensado para responder a la primera opción, lo que ha llegado a conformar un modelo distributivo que favorece a los mayores en perjuicio de los jóvenes, tal como hemos podido observar en las últimas crisis, cuando las tasas de pobreza de los primeros disminuyeron al tiempo que las de los segundos aumentaban. Puesto que los mayores representan una parte cada vez mayor del electorado, dicho modelo distributivo se ha hecho políticamente incuestionable, tal como demuestra el respaldo sin fisuras a cualquier reivindicación de los pensionistas, pese a las dudas manifestadas por los técnicos sobre la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo. En tanto que, por otro lado, los sectores demandantes de inversión social tienen cada vez más dificultades para hacerse oír y encontrar quien los represente políticamente, toda vez que el margen de reforma del Estado de bienestar en España se ha ido reduciendo con el tiempo, como consecuencia, primero, de las políticas de austeridad y, a continuación, de la pandemia. Esto es particularmente evidente en el caso de los jóvenes.

Por su parte, los mayores se benefician del sesgo redistributivo del sistema vigente, pero se benefician también de que, a diferencia de los jóvenes (cuyos intereses están dispersos en múltiples reivindicaciones), pueden identificar fácilmente sus intereses, tal como se ha puesto de manifiesto en las movilizaciones de pensionistas, donde podemos encontrar dos expresiones particularmente reveladoras. Por un lado, la idea de que son una mayoría incontestable («si montásemos un partido, ganaríamos las elecciones»), lo que les convierte en árbitros indiscutibles de la contienda electoral. Por otro, la idea de que constituyen la nueva clase universal capaz de representar en una misma reivindicación los intereses de todos los sectores sociales: «Nosotros no nos movilizamos por nosotros, sino por nuestros hijos y nuestros nietos» –como si en ello no hubiera contradicción alguna–.

En estas condiciones, es poco probable que las invocaciones a un nuevo pacto intergeneracional prosperen más allá de la retórica, pero si lo hacen conviene tener claro el diagnóstico del problema. Tal como argumenté en otro artículo (Errores que arruinaron la ‘nueva política’, EM, 1/06/2021), los nuevos partidos han tenido una responsabilidad ineludible en el fracaso de la nueva política, pero esto no agota el reparto de responsabilidad. Hay otra parte que podemos atribuir a la demografía, pues si la sociedad española tuviera la estructura demográfica del año 2000 los nuevos partidos hubieran tenido más posibilidades de desplazar a los partidos tradicionales. Desde este punto de vista, el fracaso de la nueva política no solo significa el retorno a la vieja, tal como hemos podido observar en el reciente reparto de cargos en las instituciones que estaban pendientes de renovación. Significa, también, el triunfo de la gerontocracia.

Juan Jesús González es catedrático de Sociología de la UNED.

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