Por Ignacio del Río, registrador de la Propiedad; ex teniente alcalde del PP en el Ayuntamiento de Madrid (EL MUNDO, 17/01/06):
El amparo que Zapatero y su Gobierno dan al congreso en descubierto de Batasuna y que sustentan en el derecho de reunión proclamado por el articulo 21 de la Constitución es un auténtico fraude de ley. La tesis de que la ilegalización de Batasuna por el Tribunal Supremo no implica la negación del derecho de reunión constituye un sarcasmo (la RAE lo define, nunca más a propósito, como burla sangrienta) del Estado de Derecho.
La Constitución proclama que «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales» (articulo 118), lógica consecuencia del principio de legalidad del articulo 9 que establece que «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico».
La declaración de Zapatero, que se ha puesto la toga de abogado defensor de Batasuna, en la que debe ser su primera actuación profesional y sin sustentar su criterio en base a informe de la Abogacía General del Estado o de la Fiscalía General del Estado, es un ejercicio más de la relatividad que el presidente otorga a la Ley, subordinada a su hoja de ruta política.
La Ley de Partidos Políticos, resultado del consenso perdido entre el PP y el PSOE, tenia un claro objetivo: impedir la utilización de las instituciones y su financiación por un partido político constituido para la cobertura de ETA. Y desde una perspectiva más amplia, el Pacto Antiterrorista era la defensa de la democracia y los demócratas, a fin de que la organización terrorista no pudiera utilizar las instituciones para su eliminación.
El nihilismo relativista de Zapatero, el «no pasa nada» por ignorar y saltarse la Ley, conduce a la anomia, la falta de norma, que esta en la base de los totalitarismos. Dahrendorf, en su libro Ley y orden, cuenta la anécdota de un amigo suyo que fue detenido por obstrucción durante una manifestación junto a una base americana con motivo de las protestas por el despliegue de los misiles Pershing. En el juicio su amigo, académico, argumentó que él tenia moralmente razón y que el Gobierno estaba equivocado por lo que si se le multaba o condenaba se cometía un abuso de derecho.El juez le multó y aprovechó la ocasión para expresar una idea simple. El académico y escritor estaba en su absoluto derecho de expresar sus puntos de vista acerca de la amenaza nuclear y también acerca de la moralidad del Gobierno, «pero invocar una legitimidad superior contra la ley puede allanar el camino a tendencias autoritarias que ambos rechazamos» dijo el juez.
La autoatribución de una superioridad moral por Zapatero, bajo la apariencia de un talante asentado en el diálogo y el respeto a la minoría, implica la preterición y exclusión inmediata de diálogo con la representación política de 10 millones de ciudadanos.Las declaraciones de José Blanco en Telemadrid, «ya nos gustaría dialogar con el PP, pero con su actitud de negación a todo no es posible», pretenden trasladar a la oposición la causa eficiente de la ruptura del consenso constitucional, que ha sido el primer renglón de la hoja de ruta de Zapatero. Una ruptura del consenso dirigida a la presentación del PP como un partido de extrema derecha, incapaz de entender la nuevas tendencias y las demandas de la sociedad española, ahora representada en la doctrina nacionalista, el Estado residual y la imposición por las minorías de su modelo constitucional plurinacional.
Como señala Norberto Bobbio en Las ideologías y el poder en crisis, «No hay Estado sin un principio unificador» y «concebido en la teoría moderna como un sistema político, funciona cuando se respeta la división del trabajo o de los papeles entre las diferentes partes del todo, en especial cuando está clara la distinción entre los que tienen la tarea de plantear las preguntas y aquéllos a quienes corresponde la tarea de dar las respuestas, y en el ámbito de los que contestan, entre los que deciden, entre los que aplican las decisiones y los que juzgan cuándo y cómo debe observarse y no observarse».
En la situación actual, Zapatero ha formulado la pregunta y la respuesta y además, con la decisión de practicar el autismo ante la convocatoria de Batasuna, asume también el papel de juzgador.
La situación aboca a una irreversibilidad electoral. Alcanzados los puentes de la hoja de ruta, plurinacionalidad, pacto con Batasuna, alineación en la política exterior en el frente antiamericano, la posible alternancia electoral, con una mayoría del PP, estaría automáticamente deslegitimada, por incompatibilidad radical con el nuevo estatus político. ¿Que sucederá entonces? Bajo la tesis nacionalista del derecho histórico como fuente de su carácter nacional, la reforma constitucional en curso no es más que una acreditación de un estatus con efectos jurídicos y políticos preconstitucionales.
Por tanto, Zapatero esta, simplemente, reponiendo la configuración del Estado que el pacto constitucional de 1978 dejo en suspenso.Y lo mismo sucede con la Ley de Partidos que el PSOE ya no reconoce como suya. En definitiva, el uso alternativo del Derecho que formulo Ihering. Como recuerda Dahrendorf, Franz Neumann sostiene en su libro sobre el nacionalsocialismo, bajo el titulo Behemoth, -que representa la anomia- que la Alemania nacionalsocialista «no sólo no tenía una teoría política, sino tampoco en realidad un Estado».
El proceso político de la hoja de ruta de Zapatero, con la deslegitimación de 10 millones de ciudadanos, a los que no se les consulta sobre el nuevo modelo de Estado ni sobre las contrapartidas en el pacto con ETA, implica un retroceso en las libertades y los derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la igualdad ante la ley, pues el sometimiento a la norma radica para los nacionalistas en un acto de adhesión mientras que para los no nacionalistas tiene su razón de ser en una Constitución, en una manifestación de la soberanía.
Cada vez seremos menos iguales. Distintos fundamentos en la estructura de nuestra convivencia en el Estado, fielatos fiscales entre territorios y desguace del ordenamiento jurídico estatal, convertido en una norma subsidiaria del reenvío general a la legislación autonómica. Y como final, la convalidación de la violencia de ETA, presentada como un prius para recuperar el estatuto histórico del Movimiento Nacional Vasco. Violencia que se califica de inevitable y excusable, solamente un paso más, aun cuando en ese camino se ignoran y se desprecian las mil víctimas, asesinadas, secuestradas, heridas o torturadas.